De cara a la polémica pública que seguramente generará la intención de los legisladores del PRI, PANAL y Verde Ecologista de condicionar la ratificación del Procurador provisional, Carlos Navarro Sugich, a la aprobación del presupuesto estatal del 2012 en una misma sesión del pleno legislativo, al nuevo funcionario estatal se le ha venido un vendaval de señalamientos y acusaciones nada cómodos para su persona, pero sobre todo, para el gobierno que encabeza Guillermo Padrés Elías.

Es que, a las horas de haber sido provisionalmente encargado del despacho como sustituto de Abel Murrieta en la Procuraduría General de Justicia en el Estado, a la renuncia de éste, a Navarro Sugich sus detractores le sacaron a relucir al menos tres demandas penales y de juicio político, por un rosario de delitos que como subprocurador, dicen sus acusadores, incurrió, en perjuicio de la sociedad, de particulares y de la institución que hoy representa como titular.

De 37 años de edad, egresado de la tristemente célebre, desaparecida ya, “institución patito” Universidad de Hermosillo, aunque presume de haber concluido una maestría en Estados Unidos, el provisional Procurador de Justicia del Estado, Carlos Alberto Navarro Sugich, pasó de ocupar diversos cargos en el PAN a diputado local y de ahí a representar a la institución que funge como abogado del pueblo: La Procuraduría General de Justicia en el Estado. Primero como subprocurador y hoy día como titular, luego de la renuncia de Abel Murrieta Gutiérrez.

Un vistazo a los bastos documentos acusatorios que obran en los archivos de la propia Procuraduría de Justicia que hoy encabeza, el Congreso del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a los que Dossier tuvo acceso, dan cuenta que Carlos Navarro Sugich ha ejercido su función en la máxima institución del Ministerio Público de Sonora de una manera nada ortodoxa, y por si fuera poco, más apegada al oprobioso principio del tráfico de influencias que el de abogado del pueblo.

Cabe destacar que la Constitución Política del Estado de Sonora remite a la Carta Magna para el requisito de ser Procurador de Justicia, concretamente al artículo 95, que establece que para ser procurador de justicia de un Estado se requiere reunir los mismos requisitos que para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia. Este artículo en su fracción IV establece:

Fracción IV.-  ….Para ser Procurador de Justicia se requiere:

“Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena”.

Si sobre el entendido de que el Procurador provisional, hasta donde se sabe, -cuando menos hasta el momento- no ha sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, no se puede afirmar lo mismo de la aplicación del precepto de gozar de buena reputación, como reza el enunciado de la fracción IV del articulo arriba citado.

Todo, porque sobre Carlos Navarro Sugich obran en agencias del Ministerio Público al menos tres demandas penales que derivan, cada una de ellas, en petición de Juicio Político ante el Poder Legislativo y sendas denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por presuntas violaciones a las garantías individuales de los quejosos.

Historias de impunidad y excesos de poder

Bajo el numeral 108/2011 quedó integrada la averiguación previa con fecha del 27 de septiembre del 2011, en contra de Carlos Alberto Navarro Sugich, entonces subprocurador de procesos de la Procuraduría de Justicia en el Estado, por la comisión de los presuntos delitos de amenazas, despojo, daño en propiedad privada, ejercicio indebido de un deber legal y lo que resulte, en contra de Guadalupe Burton Quiróz y su hijo Benjamín Lagarda Burton.

Los quejosos denuncian que fueron despojados con lujo de violencia del predio denominado El Rosario, ubicado al noroeste de Hermosillo, mediante una diligencia presuntamente ilegal ordenada por el entonces subprocurador, Navarro Sugich, en aparente confabulación con Ramón Alejandro Noriega Villaescusa, en calidad de representante de la reclamante del predio despojado, Emilia Noriega Romandía.

Los antes mencionados, aparecen como demandados, incluyendo a los dueños de las retroexcavadoras que causaron daños en la propiedad en disputa, uno de nombre Ramón Ortiz y otro de apellido Navarro, y a quien los quejosos identifican como padre del actual Procurador de Justicia, quien sospechan los demandantes, posee una empresa constructora.

Para lograr la posesión violenta del predio, los demandados se hicieron acompañar por agentes de la Policía Estatal Investigadora, municipal, y al menos 20 guardias de seguridad privada, en hechos ocurridos el pasado 14 de septiembre del 2011.

Aquel mismo día, se presentó en la agencia investigadora del MP sector norte una denuncia por parte de la señora Guadalupe Burton Quiróz, quedando radicada la averiguación previa con el número 2938/2011, posteriormente le fue acumulada la demanda 108/2011, presentada el 29 de septiembre en la PJGE por la misma quejosa.

Posteriormente, el tres de octubre del 2011 el hijo de la demandante, Benjamín Leonardo Lagarda Burton, enderezó una demanda penal contra el entonces Subprocurador, por el presunto delito de usurpación de atribuciones, al denunciar que Navarro Sugich extendió el nombramiento como Director de Control de Procesos de la PGJE al de nombre Osvaldo Ordorica Hodgers, sin tener facultades para ello.

Este funcionario fue el responsable de las diligencias procesales para legitimar el despojo que se ha denunciado y encauzar la actuación del Ministerio Público para presuntamente beneficiar a quienes ilegítimamente se ostentan como propietarios del predio El Rosario.

Ordorica esta acusado de usurpación de funciones, ejercicio indebido de un servidor público y de enriquecimiento ilícito. Estos agravantes fueron documentados también en una demanda penal ante la PGR, retomada de la averiguación previa por el fuero común que se sigue a Navarro Sugich y el propio Director de Procesos de la PGJE.

Asimismo, Lagarda Burton acusa en esa demanda al entonces subprocurador del delito de amenazas e intimidación, las cuales profirió vía telefónica al quejoso durante los actos de despojo del predio propiedad de su señora madre y que quedaron grabados en audio en el aparato telefónico del quejoso y que fueron presentadas como documentales en la demanda.

Según narra Lagarda en el texto de la demanda, Navarro Sugich le llamó el día del despojo desde su teléfono nextel con número 62*231299*3 para intimidarlo y amenazarlo.

“El licenciado Navarro Sugich me dijo que me mantuviera al margen y que no me metiera a defender a mi mamá o a mi papá, ya que comparecía al predio en su defensa para evitar la invasión me iba a chingar y más me valía que me mantuviera al margen y que si no, me iba a chingar”, se lee en la demanda radicada por la PGJE.

Sobre el actuar del entonces subprocurador de Justicia, Carlos Navarro Sugich y documentando todos los agravantes que tipifican delitos de todo orden, Lagarda Burton entabló una demanda de juicio político contra este funcionario a la que se le dio entrada en el Congreso del Estado el tres de octubre del 2011.

En la solicitud al legislativo, el quejoso argumenta que Navarro Sugich incurrió en responsabilidad política, administrativa y penal, al tipificarse la comisión de los presuntos delitos de falsificación de documentos, ejercicio indebido de atribuciones de un servidor público y otros de tipo penal previsto en la Constitución Política de Sonora y leyes que de ella emanan.

Paralelamente, el 22 de septiembre del 2011 quedó asentada una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra Carlos Navarro Sugich, quien en calidad de Subprocurador de Justicia, violentó las garantías fundamentales de Lagarda Burton y su señora madre, al prestarse como funcionario público a un acto de despojo, daño en propiedad privada y amenazas, para beneficiar a particulares, en este caso, Ramón Noriega Villaescusa y otros familiares, bajo el supuesto de que gozan de lazos de amistad.

Así las cosas, al hoy Procurador provisional de Justicia en Sonora, se le han documentado al menos tres demandas de esta naturaleza, donde el común denominador es que ha utilizado su cargo público para beneficio de particulares allegados a él o amigos a quien ilegalmente les extendió nombramiento, como es el caso del aun Director de Procesos, Osvaldo Ordorica Hodgers.

Como se ha documentado públicamente en medios informativos, el hoy Procurador de Justicia ha sido también demandado por el empresario restaurantero Pok León Masías, quien ha radicado demandas de tipo penal y de juicio político por haber incurrido en desviaciones en la procuración de justicia, en una demanda que entabló contra dos personas por el presunto fraude donde los despojaron de tres millones de pesos.

En su solicitud de juicio político, el empresario de origen oriental señala que “con fecha 17 de agosto del año 2010 presenté querella por los delitos de abuso de confianza, fraude y falsificación de documentos en contra de Jaime Lucas Romo Pavlovich y Armando Vázquez, haciendo consistir estos delitos en la obtención de tres millones de pesos de mi propiedad, que fueron para el propio beneficio de los indiciados ya señalados”.

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