En la mayoría de al menos tres averiguaciones previas que se le han integrado a Carlos Navarro a petición de los ofendidos, está de por medio el despojo de terrenos con alta plusvalía y evidente vocación comercial, al estar ubicados en zonas de Hermosillo con alto desarrollo urbano y crecimiento de complejos comerciales y residenciales para adquirientes de alto nivel económico.

Una de las denuncias penales contra el hoy Procurador de Justicia, data del 24 de octubre del 2011, cuando desempeñaba el cargo de subprocurador. Esta acción ministerial fue radicada por José Francisco Figueroa Mercado, quien acusa a Navarro Sugich por los presuntos delitos de abuso de autoridad, amenazas, despojo, usurpación de función o lo que el Agente del Ministerio Público tipifique como punible, actitudes del funcionario a todas luces atentatorias a los intereses patrimoniales y a la integridad moral y física del quejoso.

De acuerdo al texto donde se plasma la denuncia, radicada el 24 de octubre del año pasado bajo el expediente 158/2011 asignado en la oficialía de partes de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, con sede en Hermosillo, el ahora titular de esta Institución, encabezó personalmente una diligencia -presuntamente ilegal- para despojar de un predio de  más de cuatro hectáreas a quien se ostenta como legítimo posesionario en concepto y título, José Francisco Figueroa Mercado.

El terreno en discordia está ubicado en la Colonia La Manga, frente a las instalaciones de la Fuerza Aérea Militar, al poniente de esta capital; como se dijo antes, son terrenos de amplia plusvalía y desarrollo económico. Este predio es reclamado por la vía del despojo por una persona de nombre Carlos Ortiz, a quien los denunciantes identifican con el mote de “El Perico”.

Existe la sospecha por parte de la parte afectada de que esta persona, al parecer empresario de la construcción y de arrendamiento de maquinaria pesada, guarda vínculo amistoso o de negocios con el actual Procurador de Justicia  provisional, de ahí la decisión de encabezar personalmente la diligencia de desposesión, lo que hace sospechar a los denunciantes, que el acto no cumplió con los principios de ley que todo funcionario público debe seguir y garantizar

Es por ello que el agraviado ha enderezado su denuncia ante el Ministerio Público contra ambos personajes, solicitando que, en el momento procesal oportuno, se ejercite la acción penal contra ambos, por los delitos que pudieran tipificarse en la averiguación previa, así como quien resulte responsable del agravio del que ha sido objeto.

El propio Figueroa Mercado narra en su denuncia que fue el 26 de julio del año pasado, cuando elementos, al parecer de la Policía Estatal Investigadora, vestidos de civil, portando armas largas y bajo el mando del entonces subprocurador de Justicia y hoy Procurador en funciones, el denunciado, Carlos Alberto Navarro Sugich, se apersonaron a su predio para proceder a despojarlo de un sector de más de cuatro hectáreas, de un total de 65 que posee.

Este predio, según esta en posibilidad de demostrarlo el denunciante, fue adquirido desde 1976 de manera legal. Actualmente en esos terrenos está asentada su vivienda, y el resto, lo mantiene fraccionado para arrendamiento y labores diversas, propias de su actividad empresarial, principalmente destinadas al pastoreo de ganado y el cultivo de forrajes a pequeña escala.

Cabe destacar que en la sección despojada presuntamente con la venia, instrucciones directas y la presencia física del funcionario denunciado, están ubicadas cuatro canchas de futbol, las cuales, desde el año 2005 puso a disposición en calidad de préstamo a las ligas General y Veteranos de Futbol de Hermosillo. Sin embargo, una de las canchas, a la fecha, no ha podido ser utilizada por estar cercada y en posesión, a su decir, ilegal, del citado señor Carlos Ortiz.

Un Subprocurador con piel de MP                                                                    

 José Francisco Figueroa Mercado, en calidad de denunciante, narra que aquel 26 de julio fue enterado por su hijo, José Manuel Figueroa Rodríguez, que varias personas a bordo de vehículos particulares y patrullas de la PEI, se habían introducido a una sección de su predio, para lo cual, derribaron el cerco de protección y se disponían a realizar labores de cercado con malla ciclónica.

Raudo, se traslado al lugar referido por su vástago y se encontró con al menos diez personas, entre ellas, Carlos Alberto Navarro Sugich, en compañía de Carlos “El Perico” Ortiz, otro de nombre Alejandro Samaniego, identificado como elemento de la Policía Estatal Investigadora y el resto personas vestidas de civil portando armas largas.

Al encarar a quienes habían causado daños a su propiedad y pretendían introducirse sin su permiso, fue abordado por la persona que evidentemente encabezaba la diligencia y giraba instrucciones al resto del “equipo”, identificándose como Agente del Ministerio Público del sector VII, exhibiendo ante el quejoso una credencial con fotografía expedida por la Procuraduría de Justicia del Estado, que aparentemente lo acreditaba como tal.

Cuál sería la sorpresa del posesionario del predio, cuando se percató de que la persona que se identificaba como Agente del MP del sector VII, era quien en ese entonces fungía como Subprocurador de Justicia, Carlos Alberto Navarro Sugich.

Según se constata en la denuncia, este funcionario había hecho acto de presencia en la zona, a bordo de un vehículo GMC línea Yukón, con placas WAM 8297 del Estado de Sonora, al que el señor Figueroa logró tomar fotografías y a la fecha exhibe como pruebas documentales en su denuncia penal por los delitos en que pudo haber incurrido el servidor público mencionado.

Durante la discusión que se generó, Figueroa Mercado exigió una explicación a quien se ostentaba como representante social y exhibió ante éste documentos que acreditan la legítima posesión del predio, obteniendo como respuesta que el único propietario era Carlos Ortiz y en ese momento hacían valer el derecho de recuperarlo.

“Carlos Alberto Navarro Sugich me dijo que era Agente del Ministerio Público del sector VII y me enseño una credencial con su fotografía y me dijo que venía a ayudar al señor Carlos Ortiz a tomar posesión del predio porque era de su propiedad. Yo le enseñe los papeles que me hacen legítimo propietario y poseedor  pero me dijo que esos papeles no servían; le pedí que me enseñaran sus documentos. Me respondió que no me enseñaría nada y que de cualquier manera se iba a meter al predio.

Y prosigue el quejoso con su narración de los hechos:

“Fue en ese momento en el que, por temor a que me privaran de mi vida y la de mi hijo no pude hacer nada. En ese momento me dijo (Navarro Sugich) que por lo pronto me iba a tener que retirar de ahí, porque ellos son autoridad y eran órdenes del Procurador de Justicia en el Estado y que esas acciones eran políticas de Estado y que no dudaría en usar su arma y dispararnos si nos oponíamos”.

El denunciante señala que para entonces se había percatado que el supuesto AMP del sector VII era el Subprocurador de Justicia, Carlos Alberto Navarro Sugich, quien giró ordenes a los agentes de la PEI, entre ellos, el de nombre Alejandro Samaniego y otros que no logró identificar, para que los sacaran a la fuerza del espacio que se dispusieron a ocupar, instalando en poco tiempo un cerco de malla ciclónica y una puerta donde colocaron una leyenda que reza: “Propiedad privada RPP 510060045, Corporativo Ortiz”.

Posteriormente, introdujeron, por ordenes del hoy Procurador de Justicia, una caja de tráiler y carros con pantallas publicitarias de la empresa Tecate, lo que de acuerdo al código penal para el estado de Sonora, se tipifica como diversos delitos contra la procuración y administración de justicia cometidos por servidores públicos.

Navarro Sugich, a juicio político 

Para el once de noviembre del 2011, el entonces Subprocurador de Justicia en el Estado y hoy titular de la Institución, Carlos Alberto Navarro Sugich, fue denunciado ante el Congreso del Estado para que se le someta a juicio político, se le destituya y se ejerza acción penal en su contra, haciendo valer, el quejoso, el derecho de petición que consagra la Constitución General y la del Estado. Con ello, se hace del conocimiento de la soberanía legislativa las múltiples conductas ilícitas desplegadas por el funcionario público, previamente demandado penalmente.

De acuerdo a lo que establece el Código Penal para el Estado de Sonora, se impondrá de uno a ocho al años de prisión, de veinte a doscientos cincuenta días de salario  mínimo de multa y destitución, en su caso, e inhabilitación por cinco años para desempeñar un empleo, cargo o comisión públicos, al servidor público que incurra en casos de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, como presumiblemente lo hizo el ahora Procurador de Justicia cuando fue Subprocurador.

El Código Penal tipifica como delito el procurar la impunidad de los delitos o faltas de que tenga conocimiento el servidor público en el ejercicio de sus funciones o quien aproveche el poder o autoridad para satisfacer indebidamente algún interés propio o de cualquier otra persona, como evidentemente sucedió en el caso anteriormente narrado, por parte de Carlos Alberto Navarro Sugich, que protegió personalmente a Carlos Ortiz en sus intenciones de despojar de un predio a un particular.

El artículo 193 del Código Penal para Sonora establece también que son delitos contra la procuración y administración de justicia cometidos por servidores públicos cuando conozcan de negocios para los cuales tengan impedimento legal o abstenerse de conocer los que les corresponde sin tener impedimento legal para ello, como sucedió con la acción de despojo en el predio de La Manga, cuando, a sabiendas que era un acto ilegal, no evito la comisión del delito que se ha denunciado.

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