Los jueces actúan como la Chimoltrufia

Cuando ya el PRI y el PAN se estaban dando hasta con la cubeta por la suspensión de la operación del acueducto de El Novillo, un Tribunal Colegiado de Justicia suspendió la pelea al resolver que siguiera el trasvase de agua a Hermosillo, en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve de fondo ese conflicto legal que tiene todos los tintes políticos.

Total, que los magistrados no se ponen de acuerdo en sus resoluciones, y ya se parecen a la “Chimoltrufia”, con su frase: “Pos ya saben que yo como digo una cosa digo otra, eso que ni qué, ¿Tengo o no tengo razón?”.

Y mientras los jueces no se ponen de acuerdo en sus resoluciones, el gobierno federal no se decide a agarrar al toro Padrés por los cuernos para finalizar esta guerra del agua que tal parece no tiene para cuando acabar, aunque todo indica que terminará después del 2015.

Para tratar de salir lo menos raspado con la suspensión de operaciones del acueducto ordenada por el Juez Octavo de Distrito, el PAN-Gobierno ya había empezado a echar encima a toda la caballería contra el PRI, lanzando gas sarín y toda clase de flatulencias a los tricolores utilizando a Acción Nacional, legisladores panistas, empresarios alineados, membretes de organizaciones sociales, y hasta al perrito faldero de los usuarios.

El problema legal por la cuestionada operación del acueducto, los panistas lo convirtieron en político para confundir a los sonorenses, y no cargar solos con el costo político del retorno de los tandeos de agua a los capitalinos.

En un desplegado firmado por Acción Nacional, los panistas culpaban por la falta de agua a Hermosillo a Samuel Moreno, Alfonso Elías, Claudia Pavlovich, Ernesto Gándara y hasta al Maloro Acosta. Desde luego que el PAN-Gobierno en su publicación, no se animó a incluir en la galería de sus “villanos favoritos” al presidente Enrique Peña Nieto o al Secretario de Gobernación Miguel Angel Osorio Chong.

Este mismo lunes, el alcalde de Hermosillo Alejandro López Caballero, dio la buena nueva a los hermosillenses de que un Tribunal Colegiado había resuelto echar abajo la resolución del Juez Octavo de Distrito de suspender la operación del acueducto desde este martes, por lo que los capitalinos nos salvamos por el momento de la aplicación de los nefastos tandeos. 

El que festejó en grande el fallo del Tribunal Colegiado en contra de parar el acueducto, fue el secretario de Gobierno Roberto Romero López, al suspender su comparecencia ante los legisladores integrantes de la Comisión de Vigilancia del ISAF, para anunciar que se dejaba sin efecto la orden del Juez Octavo de Distrito, a la vez que hacia la “Roqueseñal” junto con los extasiados diputados panistas Juan Manuel Armenta, José Serrato, Perla Zuzuki Aguilar, entre otros.

Y de esa reunión del secretario de Gobierno con los diputados, lo más interesante fue que se aprobó un calendario de comparecencias de funcionarios estatales de diversas dependencias durante el mes de agosto para que expliquen las múltiples irregularidades financieras en sus dependencias.

Desde luego que la explicación de Romero López sobre el gasto del crédito de 600 millones de pesos para rescatar el sistema de transporte no se lo creyeron ni los propios diputados panistas.

El secretario Romero López informó a los legisladores que parte de los 600 millones de pesos los utilizó el gobierno para pagar deudas de los concesionarios, y ante el reclamo del diputado del PVEM Vernon Pérez Rubio de que no había asiento alguno donde conste que los recursos hayan entrado a la Secretaría de Hacienda, entró como salvador del funcionario el Auditor Mayor del ISAF Eugenio Pablos Antillón para aclarar que sí estaba en letras chiquitas.

El Auditor Mayor del órgano fiscalizador respondió que en un principio no aparecían dichos asientos en los registros contables, pero en una revisión posterior se percataron de que quedaron en la cuenta pública bajo el concepto de aprovechamientos.

Orale. Esa jugarreta para exonerar al gobierno estatal del desvío de los 600 melones, confirma que en verdad existió el acuerdo verbal y hasta económico en lo oscurito entre el titular del ISAF y Roberto Romero.

Como los diputados del PRI no le creyeron a Romero López ni a su comparsa Pablos Antillón, el coordinador parlamentario del PRI Samuel Moreno Terán, declaró que como hasta hoy no se ha podido aclarar el destino de los 600 millones de pesos, propuso a la Comisión de Vigilancia del ISAF solicitar a la PGR que ejerza su derecho de atracción para que sea quien integre la averiguación previa en contra de los funcionarios estatales por el delito de peculado. Toma chango tu mecate.
 
(g_navarro_ruiz@hotmail.com)

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