Con su estrategia de ataques directos a funcionarios y ex funcionarios priístas, el PAN-Gobierno de Sonora trata de revertir su imagen de corrupción, pero solo logrará una mayor confrontación e intranquilidad social en el Estado, en estos momentos en que urge buscar la unidad de todos para salir de la crisis social, económica y política.

 A poco más de un año de que Guillermo Padrés termine su mandato constitucional sigue la misma dinámica del inicio sexenal con ataques y contra ataques políticos, mismos que en lugar de generarle simpatías solo han aumentado el hartazgo ciudadano a su gobierno.

En un ambiente de caos social e incertidumbre por los daños ocasionados por las intensas lluvias y por la contaminación por el derrame de ácido sulfúrico al Río Sonora y Bacanuchi que pone en peligro a los habitantes de los pueblos serranos, lo conveniente sería que el gobernador y sus diputados y funcionarios se pusieran a trabajar de la mano con ciudadanos, partidos y autoridades de oposición porque estos momentos no son de enfrentamiento ni de restas ni divisiones sino de sumar a todos para salir adelante.

Una vez más, en el gobierno estatal equivocan la estrategia al iniciar un ataque sistemático contra personajes de anteriores gobiernos estatales priístas y contra actuales funcionarios federales tricolores, con lo cual solo logrará aumentar el encono y la división cuando lo que necesita Padrés es buscar aliados y no más enemigos.

Durante la comparecencia de la directora del Isssteson Teresa Lizárraga ante la Comisión de Vigilancia del ISAF, el diputado Javier Neblina trató de justificar el quebranto financiero de esa institución buscando culpables en personajes del PRI que recibieron pensiones, que el mismo pastor panista reconoce que fueron obtenidas de manera legal, considera que son inmorales.

“Hay ex funcionarios estatales y funcionarios actuales de la administración pública federal con esos actos inmorales que están causándole un perjuicio al Fondo de Pensiones y Jubilaciones”, dijo Neblina.

El coordinador de la bancada panista en el Congreso, mencionó que las personas que recibieron pensiones que consideró inmorales son el delegado federal del Trabajo Wenceslao Cota Montoya, Francisco Aaron Celaya, Humberto Ruy Sánchez, y los que demandan el pago son el ex procurador Miguel Angel Cortez Ibarra, Ignacio Pinto Avelar, el delegado de la Prodecon Arsenio Duarte Murrieta, el delegado de la Conagua César Lagarda, el delegado de la Profeco Rolando Gutiérrez Coronado.

En la lista incluye al ex director de la Policía Judicial Manuel Emilio Hoyos, y al ex subsecretario de la SEC Marco Antonio Cubillas Estrada.

No conforme con la declaración en la reunión de la Comisión de Vigilancia, el Grupo Parlamentario del PAN pagó la publicación de un desplegado donde reitera la denuncia del pago y demandas de pensiones incluyendo a los antes citados personajes, pero sumando a la lista al actual delegado de la Secretaría de Gobernación, Adolfo García Morales. Y eso ya calienta.

Someter al escarnio público a algunos de los actuales delegados federales se le va a revertir al gobernador Padrés, quien avaló la denuncia de Javier Neblina, quien no se manda solo.

Ahora habrá que esperar la respuesta de los aludidos y sobre todo de los delegados federales como el de la Conagua quien tiene en sus manos la decisión de suspender el acueducto de El Novillo echando a la basura el proyecto sexenal y transexenal del gobernador Padrés.