El ex alcalde Javier Gándara Magaña debe dar la cara y aclarar la compra venta fraudulenta de los terrenos que fueron propiedad del ayuntamiento y que ahora son del dirigente estatal del PAN, Juan Valencia Durazo, exigió la secretaria del PRI en Sonora, Natalia Rivera Grijalva durante una conferencia de prensa que ofreció en compañía del dirigente estatal, Alfonso Elías Serrano.
Con documentación oficial y original del Registro Público de la Propiedad, Rivera Grijalva comprobó que Valencia Durazo, miente ante los medios de comunicación, al ser propietario él y su familia de 7 propiedades que representan 14 mil 640 metros cuadrados con precio valorado por 4 millones 387 mil, no los 7 mil 800 metros de un solo terreno para el cuál destinó, según dijo el líder panista, 2 millones de pesos.
“La segunda mentira, es que ese terreno nunca fue propiedad el ayuntamiento, este convenio de regularización que firmó Javier Gándara, dice que se reconoce que la propiedad corresponde al H. Ayuntamiento de Hermosillo, la mentira tres, que al particular le confirman la legal posesión y que el particular inició un proceso de jurisdicción voluntaria”, puntualizó.
Los terrenos propiedad del ayuntamiento debieron ser defendidos por ley por el entonces alcalde Javier Gándara, sin embargo se regularizaron para un particular con el aval del síndico procurador, Luis Terrazas, por lo anterior se debe investigar el ilícito que establece además que cabildo no autorizó el proceso, así como que el supuesto propietario Trinidad Ayala Valencia negó haber sido dueño de los lotes.
“El principal que está obligado a aclarar, es Javier Gándara, Él ha dicho que quiere ser gobernador, pues lo primero que debe hacer es aclarar, tiene más de dos años en que no ha comparecido ante el cabildo; para estar a la altura de la aspiración tiene que salir, dar la cara y responder hasta ahorita su silencio nos hace pensar que no está a la altura de su aspiración.”, sentenció Rivera Grijalva.
Rivera Grijalva señaló que es el Gobierno Municipal actual la instancia que está obligada a ordenar un proceso de investigación a través de la representación jurídica y legal del síndico procurador porque en caso de demostrarse irregularidades el proceso legal se debe de retrotraer.
