En Sonora "jinetean" deuda pública con financiera privada

México, D.F.- Como nunca antes en la historia de Sonora, el gobierno del estado presenta atrasos económicos de años con proveedores activos de distintos rubros, mismos que después de haber otorgado sus servicios exigen su pago, pero sólo reciben largas y pretextos.

La Secretaría de Hacienda del estado incumple en saldar los pagos de esos acuerdos económicos y con el paso del tiempo los proveedores ven la necesidad de realizar manifestaciones y exigir públicamente que les paguen. Sin embargo, lo más lamentable no es la falta de disponibilidad económica, sino constatar que es prioritario para el secretario de Hacienda, Carlos Villalobos Organista, y su tesorero Mario Cuen Aranda, obtener un beneficio económico antes de saldar pasivos públicos.

Es un negocio redondo que operan funcionarios a través del factoraje y que sin duda arroja millonarias ganancias a los socios de familias de renombre en la entidad, mediante el jineteo de recursos públicos departe de CP3 Financiera, empresa privada con capital del erario.

La Secretaría de Hacienda estatal, que comanda Carlos Villalobos Organista, ha venido ignorando y desgastando en liquidez a proveedores, sin rendir cuentas claras de manera directa, aprovechándose de eso para después orillarlos a realizar un proceso de factoraje con CP3, S.A. de C.V. Sofom ENR (entidades no reguladas), una entidad financiera que opera desde hace cuatro años en la ciudad de Hermosillo (en el domicilio marcado con el número 75 de la avenida Dr. Paliza, en la colonia Centenario, sin ninguna identificación corporativa por fuera), encargada de cerrar el círculo de negocios de los funcionarios que manejan las finanzas del autodenominado Nuevo Sonora, a cargo del mandatario Guillermo Padrés Elías.

“Las políticas públicas en cuanto al pago de nosotros son muy fáciles, el que le quiera vender al gobierno de Sonora ya sabe los tiempos en los que paga el gobierno del estado; el que no quiera ni tenga el tiempo ni el dinero para esperar, pues que no le venda al gobierno del estado”, respondió el mandatario a pregunta expresa sobre la deuda con proveedores.

CP3 realiza factoraje extremadamente inflado con proveedores del gobierno del estado, comprándoles las deudas y facturas con un costo elevado, de entre 8 y 12 por ciento, por arriba de cualquier entidad financiera, que regularmente cobra entre 1 y 3 por ciento. Lo que caracteriza o diferencia a esta Sofom (sociedades financieras de objeto múltiple) respecto a otras que operan en esta actividad es que es la preferida del secretario de Hacienda y su tesorero, ya que los proveedores pueden tener la certeza de recibir parte de sus pasivos en tan sólo una semana.

Es decir, que los proveedores del gobierno de Sonora son seleccionados y encaminados por la falta de solvencia a desprenderse de hasta 30 por ciento de sus pasivos para entregarlos a esta empresa que finiquita 70 por ciento de la deuda total al proveedor y se encarga de la cobranza de 100 por ciento a la Secretaría de Hacienda para quedarse con la ganancia.

La investigación arrojó que esta Sofom ENR, además de operar prácticamente en lo oscuro, sin ninguna identidad visual en sus oficinas, en julio pasado fue multada por no actualizar su informe trimestral al Sipres (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros), registro de carácter público creado por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, cuyo objetivo principal consiste en proporcionar información corporativa y general de las instituciones financieras que son competencia de la Condusef.

CP3 ENR es una entidad no regulada ni supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, su capital se desprende de la iniciativa privada y no del capital de instituciones de crédito o sociedades controladas de grupos financieros; tal es el caso de las Sofom reguladas ER (entidades reguladas). Las financieras tienen la obligación de dar a conocer al público en general información, como su domicilio, página en internet, situaciones jurídico-administrativas, capital mínimo fijo y todos los datos que representan la información básica requerida para conocer cada Sofom para el efecto de su contratación y prevención de delitos, tráfico de influencias o lavado de dinero.

Pero la entidad financiera CP3 carece de los requisitos anteriormente mencionados, ésta aparece en el registro nacional de instituciones financieras del Banco de México, pero no opera regulada bajo la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo que recientemente fue multada por la Condusef en su reporte trimestral por incumplir con la normatividad aplicable.

A su vez, CP3, que se denomina físicamente como entidad de crédito a la actividad empresarial con factoraje financiero, fue reprobada con la calificación de 3.20 con observaciones por el Buró Nacional de Identidad Financiera por su falta al contrato de adhesión, publicidad, información, pagina web y estados de cuenta, por lo que de 36 entidades financieras ENR, CP3 obtuvo el lugar 26 en la lista por su falta de transparencia y el 6.30 de calificación por la realización del factoraje financiero.

Ante este preocupante resultado el cuestionamiento sería ¿por qué el gobierno del estado de Sonora, a través de la Secretaría de Hacienda, se vincula con CP3 existiendo otras Sofom mejor calificadas y con mejor historial?, ¿y por qué con esta empresa financiadora en específico, si no está regulada?

La investigación arrojó que la diferencia con otras instancias prestadoras de estos servicios es que esta empresa se sustenta en parte del dinero de la familia Camou, quien maneja esta empresa, pero también es con dinero del mismo gobierno del estado, lo que indica que la apropiación de terrenos y bienes inmuebles no es el único negocio que comparte esta familia con el gobierno de Sonora.

Esta situación termina por afectar aún más al erario que financian todos los ciudadanos, pero sin duda lacera las finanzas de los, ya de por sí, desgastados, proveedores de bienes y servicios.
 
 

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