“Primera Plana” hizo una recopilación de ocho momentos noticiosos que pusieron en el ojo del huracán a la entidad. Así como la forma en que las autoridades no libraron ni controlaron los daños, y al final siempre el más afectado fue el sonorense.

Aunque la “guerra por el agua” en Sonora y la polémica por la obra hidráulica que surte de agua a Hermosillo, tiene sus orígenes dos años atrás, las autoridades estatales aún no logran sortear este escollo. La oposición de los integrantes del llamado Movimiento Ciudadano por el Agua —establecido en Ciudad Obregón— ha permanecido en su postura de cierre total del acueducto.

Fue el 21 de enero cuando el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, logró sentar en la misma mesa, en sus oficinas de la ciudad de México, al gobernador Padrés Elías y a líderes del MCA. Ahí, los yaquis acordaron levantar el “bloqueo” de la carretera federal México 15 a la altura de Vícam Pueblo —entonces tenía ocho meses—, y por su parte el Gobierno estatal se comprometió a entregar al Gobierno Federal, el control de la extracción del agua de la presa El Novillo para el acueducto. Todos estuvieron de acuerdo.

Sin embargo, el bloqueo no fue levantado sino hasta marzo y en un acto de “tregua”, coincidente con el inicio de la cuaresma.

Pero la llamada “guerra por el agua” continuó sus cauces por las vías jurídicas. El 9 de junio, el juez Octavo de Distrito ordenó una “suspensión de plano del acueducto Independencia”. Ante el anuncio, agricultores e integrantes de la tribu yaqui retomaron los bloqueos carreteros alegando incumplimiento a la resolución. Y es que también por su parte, el gobierno municipal de Hermosillo promovió un recurso de queja ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito, para permitir la operación de la obra hidráulica, en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación no resuelva a fondo el polémico caso.

Así, los esfuerzos federales por destrabar el acueducto, prácticamente quedaron anulados, mientras el gobierno sonorense mantiene latente el conflicto al no atinar un acuerdo.

El 11 y 12 de septiembre la Procuraduría General de Justicia del Estado ejecutó órdenes de aprehensión contra Mario Luna y Fernando Jiménez por los delitos de privación ilegal de la libertad y robo de vehículo en perjuicio de Francisco Delgado Romo.

Luna, hasta ese momento era vocero de la etnia en medio del conflicto con el Gobierno de Sonora por el acueducto Independencia. Mientras que Fernando Jiménez ocupaba el cargo de “capitán de tropa”, un alto rango jerárquico.

Los cargos fincados por la fiscalía estatal se remontan a hechos ocurridos en junio del 2013, cuando los opositores al acueducto realizaban el “bloqueo carretero” a la altura de Vícam Pueblo. El procurador de Justicia estatal, Carlos Navarro, explicó entonces que según la denuncia recibida “la víctima fue detenida, amarrada y encerrada por desacuerdos de su tribu”. El delito fincado fue Privación ilegal de la libertad agravada.

Pero para organizaciones promotoras de los derechos humanos, como Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C. el caso va más allá. Establecieron que de acuerdo a testimonios de la comunidad yaqui, Delgado Romo se encontraba en estado de ebriedad y señalan que “abalanzó su vehículo contra una mujer y su hija, quienes estaban presentes en las movilizaciones. Como consecuencia de este acto irresponsable, las autoridades tradicionales impusieron un castigo a este miembro de la tribu bajo sus usos y costumbres”.

Al respecto, Fundar ilustra que tratándose de procesos de aplicación de justicia indígena, estos están amparados en la Constitución y en Tratados internacionales sobre pueblos indígenas ratificados por México.

Así, el pasado 12 de octubre más de 10 mil personas llenaron las calles de centro de Ciudad Obregón con una marcha exigiendo la libertad de Mario Luna. Bajo la misma petición, el pasado lunes 15 de diciembre también un grupo de yaquis se manifestó frente a Palacio de Gobierno en Hermosillo. “Fueron encarcelados sin pruebas sólidas, violando su derecho al debido proceso y a su libertad e integridad personal”, señalaban.

Por su parte, siete Senadores de la República, en una carta dirigida al Juez Tercero de Primera Instancia —quien lleva el caso—. Abogaban por los presos y revelaron que “el pasado 7 de diciembre la defensa interpuso un incidente de Libertad por desvanecimiento de pruebas ante la ausencia de imputaciones directas contra los acusados y su ubicación en tiempo y lugar en los hechos delictivos”.

Este año uno de los temas que mantuvo en jaque al gobierno de Guillermo Padrés fueron la opacidad, falta de transparencia y malos manejos financieros que quedaron evidenciados por las miles de observaciones a la Cuenta Pública por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) —alrededor de 2 mil 500 por año—.

A la fecha, el Gobierno de Sonora aún no ha podido aclarar cerca de 600 observaciones del 2012 y otras 600 del 2013, pero tampoco han aclarado la gran deuda pública que según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) alcanza alrededor de los 18 mil millones de pesos.

En la revisión del 2012 (presentada un año después) salieron 2 mil 519 observaciones tanto de tipo administrativo como de desvió de recursos, gasto sin comprobar y obras no realizadas, donde quedaron pendientes 673 de ellas.

Este tema fue discutido durante toda la primera mitad de este año dentro del Congreso del Estado y como resultado se presentaron demandas de tipo penal contra la directora del Isssteson, Teresa Lizárraga Figueroa, el Secretario de Sagarhpa, Sergio Ortiz Ciscomani, el ex director del CEA y FOSSI, Enrique Martínez Preciado, y el ex director de FEMOT, Víctor Alcaraz. A todos en diferentes proporciones por mala utilización de los recursos públicos.

Sin embargo este mismo año, para el mes de septiembre, al presentar la revisión de la Cuenta Pública 2013, el ISAF encontró 2 mil 437 observaciones donde quedaron sin solventar 672. Todo para hacer un total de 10 mil millones de pesos que quedaron sin comprobar claramente su gasto, el cual fue ejercido con irregularidades y sin transparencia.

Aún cuando el gobierno del “nuevo Sonora” presumió programas de austeridad para ejercer gasto responsable, en la precepción y los informes del ISAF quedó mucho a deber y, reflejado en los números de la SHCP, es de alrededor de 18 mil millones de pesos y con el refinanciamiento la estaremos pagando los sonorenses por muchos años más.

La crisis ambiental más grande en la historia de México sucedió este año en nuestra entidad. El seis de agosto fueron derramados a los ríos Bacanuchi y Sonora, 40 mil metros cúbicos de lixiviados de cobre acidulado (mezcla de cadmio, cobre, aluminio, hierro, plomo, arsénico) por la mina Buenavista del Cobre de Grupo México, afectando a más de 25 mil personas, quienes aún no vislumbran los alcances de la tragedia.

Resultado de esto, habitantes de los municipios de Ures, Baviácora, Aconchi, San Felipe de Jesús, Húepac, Banámichi, Arizpe, Bacoachi, Cananea y comunidades de Hermosillo como Topahue, se vieron fuertemente afectados al no tener agua para consumo humano ni para actividades agrícolas, ganaderas y productivas (principal fuente de ingreso de estas familias).

Al menos unas 22 personas han sido diagnosticadas con afectaciones a la salud por estar en contacto con el agua contaminada; 14 por padecimiento dérmico, tres con problemas oculares y tres con problemas digestivos; entre ellos un joven de 16 años y dos niñas de seis y tres años; la mayoría del pueblo de Arizpe.

También la imagen del Río Sonora que antes era muy atractiva y representaba grandes ingresos por el turismo, se vio fuertemente afectada al punto que cientos de negocios han cerrado.

Ecológicamente no se conoce la magnitud del daño y todo el material tóxico vino a caer a la presa El Molinito, una de las fuentes de abastecimiento de la Ciudad de Hermosillo, que a la fecha sigue cerrada y hay estudios de indica que algunos peces como la lobina tienen metales pesados en sus organismos y representa un riesgo.

A pesar de la dimensión de la tragedia ambiental y social, las autoridades al principio trataron de minimizarlo, primero al emitir la alerta ambiental hasta seis días después. Después trataron de solapar a Grupo México creyendo que fueron ocasionadas por las lluvias —se comprobó la negligencia por una tubería mal instalada—. Luego la decepción cuando el gobernador Padrés tardó 22 días para hablar del caso, y hasta el día 25 acudir a la zona afectada, implementando una brigada que, solo se trató de limpieza superficial en el río.

A los meses trataron de desviar el tema con “diferencias” con el gobierno federal. Y ahora que trabajan juntos se han cansado de repetir que la crisis ambiental ya pasó (contrario a lo que dicen los expertos que recomiendan estudios constantes y serios por varios años) y que se puede utilizar el agua de los pozos, algo que los mismos pobladores no creen.

Además anunciaron la etapa de remediación, por lo que Grupo México firmó un fideicomiso de dos mil millones de pesos para apoyar a los afectados, recursos entregados sin transparencia y colmados de reclamos que han hecho que los pobladores de diferentes municipios, todavía a cuatro meses del desastre, estén cerrando las carreteras exigiendo se les pague su parte de la remediación. Este tema aún está vivo y no se sabe hasta cuándo va durar.

Por no saber atender la crisis y por poner todos los elementos necesarios para que un desastre de esta naturaleza se diera, ya que el Estado da cientos de facilidades para que el sector minero se instale, explote y contamine el suelo sonorense sin ningún control al punto que más del 30% del territorio estatal está concesionado para minas, el derrame de tóxicos sobre el Río Sonora es una de las grandes decepciones del gobierno de Guillermo Padrés y una de las más caras socialmente hablando.

La insensibilidad de las autoridades de salud en Sonora se vio reflejada con la muerte del jornalero José Sánchez Carrasco. Primero cuando estando a las afueras del Hospital de Guaymas se le negó la atención médica y murió. Después con el destino que recibió su cuerpo: una fosa común, ejemplo de la ignominia.

Tras pasar 86 días en una fría morgue, el miércoles 15 de enero fue sepultado el jornalero agrícolaque agonizó cinco días a las afuera de un hospital de la Secretaría de Salud en Sonora, donde le negaron atención médica por falta de dinero.

Fueron agentes del Ministerio Público quienes recogieron el cadáver y lo depositaron en un sepulcro del lote 28, manzana 22.5, del panteón municipal “Héroes Civiles de Guaymas”. Una fosa recubierta con un montículo de tierra, con una cruz de madera, sin lápidas ni epitafios.

A los sonorenses les queda grabada aquella imagen que circuló por Youtube de Sánchez Carrasco, visiblemente desnutrido, deshidratado, con girones de cobija en el patio del Hospital. “El doctor no quiso hablar conmigo, ni siquiera quiso verme, nomás la pura doctora me dijo quítate la ropa para que te refresques”, está el testimonio de la grabación.

A raíz de estos hechos, el director del nosocomio, Alfredo Cervantes, fue cesado del cargo. Sin embargo, una vez más, al ser depositado el cuerpo de Sánchez Carrasco en una fosa común, revivió el debate sobre la ignominia y el trato indigno que recibió este jornalero que decía era originario de Guachochi, pero crecido en Casas Grandes, Chihuahua.

Este año, el secretario de Salud en Sonora, Bernardo Campillo García, fue exhibido luego de una denuncia periodística presentada por Televisa a nivel nacional, donde se abordaban las carencias del Hospital General del Estado (HGES) y el trato indigno a los pacientes.

Y aunque previamente medios locales habían expuesto estas deficiencias, el titular de Salud ni las veía ni las escuchaba.

De fondo, la realidad es que el sector salud en Sonora padece de una grave enfermedad y nadie se preocupa por buscar una solución. Falta de medicamentos, material de curación, personal médico y de enfermería, son las constantes.

En el caso del HGES el 30 mayo del 2011, Campillo García anunció una inversión superior a 140 millones de pesos para construir un “Pabellón de alta seguridad” para internos del Cereso, un área de “Atención a quemados”, además de cuatro nuevos quirófanos y la rehabilitación de los tres existentes.

A cuatro años del anuncio, las obras siguen inconclusas y no se sabe con certeza cuándo se concluirán esos trabajos.

Por otra parte también han salido a relucir otros casos como el del Hospital Infantil del Estado (HIES), donde los médicos cirujanos constantemente reprograman a los niños las fechas de intervenciones quirúrgicas debido a que hay días que ni tienen suturas y prefieren no arriesgar vidas.

En este mismo hospital se denunció que recientemente la Secretaría de Salud había comprado nuevas incubadoras para el área de neonatología, sin embargo las mismas enfermeras dejaron de usarlas porque tenían fallas y cortos circuitos.

Pero Salud solo receta aspirinas. Maquillan fachadas de hospitales o en el mejor de los casos esperan a que pase la atención de los medios al tema. A los pacientes solo les queda aguantar el dolor por dentro y esperar su turno.

La crisis por el dengue este año ha causado, y sigue causando, muchos estragos al punto que ha logrado cobrar por lo menos 14 vidas y un pánico generalizado en la sociedad por el aumento exponencial de personas infectadas; lo que rebasó completamente a la autoridad quien falló en la estrategia para prevenir, combatir y atender el padecimiento.

Según datos de la misma Secretaría de Salud (al once de diciembre) se habían presentado 4 mil 455 casos de dengue, 802 fueron con fiebre hemorrágica. Hermosillo es el municipio con más dengue con mil 565 casos, seguido de Cajeme con mil 335, después Guaymas con 393, Caborca con 344 y Navojoa 228.

Los fallecimientos fueron: cinco en Hermosillo y otros cinco en Cajeme, uno en Caborca, otro en Huatambampo, una más en Empalme y otro en San Luis Río Colorado.

El problema con el dengue y la decepción de este gobierno estuvo que sabían que se presentaría un aumento en el brote del virus, primero porque la enfermedad se siguió presentando durante todo el 2013, además a finales de ese año el frío no fue intenso y se esperaban (como sucedió) que las temperaturas fueran altas durante todo el 2014 que combinado con las lluvias y la humedad, propició la rápida reproducción del mosco.

Además desde el principio alertaban la presencia del virus dengue tipo 02 y aun así no pudieron implementar una estrategia eficaz de prevención y luego de control.

La estrategia (contrario a otros años que desde febrero ya habían lanzado la campaña de concientización, realizaban abatización general y descachare constante) fue que dónde se presentaba un caso de dengue se acudía con una brigada y se fumigaba al interior del domicilio y de los vecinos inmediatos, se fumigaba espacialmente y se concientizaba en la eliminación de los criaderos.

Al final esta estrategia no funcionó y la situación se les salió de las manos; el aumento de casos fue exponencial durante la temporada alta (sabían que venía durante los meses de agosto, septiembre y octubre), se generó un pánico que empezó en Cajeme y después en Hermosillo. La gran cantidad de pacientes llenaban las salas de urgencias de los centros de salud y hospitales, el número de fallecimientos por esta enfermedad crecía cada día y no había una sola persona que no conociera por lo menos a alguien que ya había sufrido dengue.

Lo decepcionante es que las autoridades no pudieron enfrentar la crisis sino todo lo contrario, en cada declaración echaban la culpa a los mismos ciudadanos que no ponían de su parte en la eliminación de cacharos y todo envase que pudiera servir de criadero para el mosco; aun ahora que se está fumigando las ciudades y haciendo campañas de concientización, la presencia del dengue continúa en Sonora y no se logra controlar.

Un reportaje presentado por el noticiero “Punto de Partida” el 11 de septiembre evidenció lo que a rumores la gente comentaba pero no podían comprobar: que el Gobernador Guillermo Padrés se había enriquecido durante su administración y que sus empresas privadas, de familiares y amigos habían sido igualmente beneficiadas. Fue el caso del “Rancho Pozo Nuevo” y la presa personal que se construyó.

El caso fue confirmado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y tuvo eco a nivel nacional e internacional. En ella se observa claramente, a través de fotografías satelitales, que en el año 2010 no existía el represo sobre el arroyo el Manzanal —un afluente del Río Bacanuchi—, pero para el 2012 ya contaba con una cortina, un vertedor y un acueducto.

Según estimaciones, la presa de Padrés medía 120 metros de longitud y una cortina de 80 metros de altura, con una capacidad de almacenar cuatro millones de metros cúbicos de agua. Además dentro del predio, que mide más de tres mil 600 hectáreas, se han construido seis pozos de agua para el riego de casi 400 mil hectáreas de nogal. Todo sin permisos de aguas nacionales y de manifiesto de impacto ambiental, sobrepasando los límites permitidos.

Al principio el mandatario estatal se limitó a calificar de falsas las denuncias y aseguraba que solo tenían un represo desde hace muchos años y que el rancho era herencia de su padre había trabajado para hacerlo crecer. Calificó todo como un ataque político.

En medio de la crisis el Ejecutivo resolvió romper toda relación con el Gobierno Federal y hasta declarar como gente “no grata” en Sonora a todos sus delegados. Incluso la relación entre Federación y Estado vio su parte más crítica al buscar desviar el tema hacia la falta de atención a los afectados por el derrame del Río Sonora.

El mandatario acudió al respaldo del PAN nacional donde los diputados federales y el presidente del partido se lo dieron y anunciaron que si no cesaba el acoso al gobierno de Sonora ellos se retiraban del Pacto por México y de las negociaciones de las reformas estructurales que todavía se estaban en discusión.

Esto dio resultado porque la federación bajó la intensidad de sus denuncias e incluso inesperadamente el 21 de septiembre la familia Padrés Elías anunció que “por las fuertes lluvias ocurridas por el paso del huracán ‘Odile’ en Sonora hubo una crecida de agua que arrasó con la presa”.

Muchos no creyeron esta versión e incluso hay declaraciones de los pobladores de Bacanuchi de oír explosiones provenientes del rancho de Padrés; sin embargo el tema mediático quedó hasta ahí. Las investigaciones de parte de la autoridad federal prácticamente fueron zanjadas luego de que la misma Procuraduría Federal de Protección al Ambiente asegurara que el gobernador había presentado pruebas de impacto ambiental y forestal para amparar el uso de suelo.

Pero el caso del rancho Pozo Nuevo sin duda exhibe los excesos de la clase política gobernante y deja una lección a la sociedad para exigir a las autoridades mayor transparencia.