El ex Secretario Técnico del Gobierno de Sonora es señalado por esta agrupación como quien dio la orden de quemar reportes financieros en la bodega de la Secretaría de Hacienda, que estaba a un lado de la guardería y donde se originó el incendio del 5 de junio de 2009.

Alvarado Serrano informó que Lam Félix sí respondió a las preguntas formuladas por la PGR, pero aún no conocen los detalles, ya que mientras se realizaba la diligencia ellos se encontraban en tránsito a la Ciudad de México.

La hipótesis del incendio provocado en la bodega, que contrasta a la oficial de que el fuego se originó por el sobrecalentamiento del motor de  un cooler, es producto de una investigación que la propia agrupación realizó y que fue admitida por la fiscalía desde 2013 para abordarla por las vías institucionales, sin que hasta el momento haya emitido una conclusión.

También ayer, Manos Unidas sostuvo una reunión con la procuradora Arely Gómez González, quien se comprometió a realizar las diligencias necesarias para concluir las acciones pendientes para llegar al esclarecimiento de los hechos.

“La Procuradora dio muestras positivas de que puede hacer lo necesario para esclarecer el caso… Mostró una actitud muy diferente a la del ex procurador Jesús Murillo Karam, con más disposición y apertura”, expresó Alvarado Serrano.

Dijo que una muestra de ello es que la PGR decidió no recurrir el amparo otorgado por el Juzgado Décimo de Distrito, mediante el cual le ordena definir si ejecuta acción penal contra el ex gobernador Eduardo Bours Castelo y el ex secretario de Hacienda, Ernesto Vargas Gaytán.

Ese amparo está dentro del expediente 1269/2014 y causó estado el pasado 21 de mayo, dando 72 horas a la PGR para pronunciarse, plazo que no ha corrido porque el juzgado no ha notificado oficialmente a la dependencia.

Esa resolución incluía también al ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Juan Molinar Horcasitas, quien falleció en esa misma fecha.

Este martes, las familias tendrán una reunión con el director general del IMSS, José Antonio González Anaya, para abordar los pendientes en la atención de los menores sobrevivientes.

Además acudirán al Senado de la República, donde se emitirá un exhorto a las autoridades mexicanas para que avancen en la conclusión del caso.