La ex directora del Isssteson deja la institución con una de las mayores crisis de desabasto de medicamentos de su historia, una acusación de desvío de recursos por alrededor de 2 mil millones de pesos procedentes del Fondo de Pensiones y Jubilaciones y una serie de gastos suntuosos que no ha podido comprobar

El próximo 1 de septiembre, los integrantes de la 63 Legislatura del Congreso de la Unión tomarán protesta y se convertirán en los nuevos representantes del poder Legislativo; entre ellos, dentro de los 53 diputados de representación proporcional (plurinominales) del Partido Acción Nacional, lo hará Teresa Lizárraga Figueroa, ex directora del Isssteson.

Desde ese momento, amparada en el Artículo 61 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y en el Artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso General, la ex funcionaria adquirirá fuero y será prácticamente intocable.

El Artículo 61 de la Constitución dice lo siguiente: “Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. “El presidente de cada Cámara velará por el respeto al Fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar”.

Por su parte, el artículo 11 de la Ley Orgánica asevera:

“1. Los diputados y senadores gozan del fuero que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“2. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos o enjuiciados por ellas.

“3. Los diputados y senadores son responsables por los delitos que cometan durante el tiempo de su encargo y por los delitos, faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de ese mismo cargo, pero no podrán ser detenidos ni ejercitarse en su contra la acción penal hasta que seguido el procedimiento constitucional, se decida la separación del cargo y la sujeción a la acción de los tribunales comunes”.

De esta forma, Acción Nacional, concretamente el gobernador Padrés, protege a una de las más fieles colaboradoras del “Nuevo Sonora”, que cuenta en su haber con una larga lista de señalamientos de peculado, irregularidades y malos manejos presupuestales.

A pesar de existir una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por el presunto desvío de más de 2 mil millones de pesos procedentes del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Isssteson, Teresa Lizárraga gozará de las prebendas, dietas y beneficios políticos y económicos que le da la curul que ocupará en el Congreso.

Mientras tanto, los derechohabientes del Isssteson enfrentan la mayor crisis de desabasto de medicinas en la historia de la institución, según denunciaron a este medio.

Al menos desde hace cuatro meses, los beneficiarios se han encontrado con que las farmacias del Isssteson no han sido suficientemente surtidas de medicamentos fundamentales para el control de la hipertensión y la diabetes, o cualquier otra medicina.

En fechas recientes se les ha negado de forma sistemática las medicinas alegando que no hay dinero para adquirirlas, y se les ha enviado a las farmacias subrogadas, las cuales argumentan no contar con las medicinas por la enorme deuda que la institución ha contraído con éstas.

Así las cosas, a pesar del puntual descuento que los trabajadores al servicio del estado tienen en sus nóminas por concepto de servicio médico, la urgencia de muchos de sus padecimientos los lleva a comprar los medicamentos recetados, los cuales, por la naturaleza de la enfermedad, son muy caros.

Teresa Lizárraga deja un Isssteson en la quiebra, arruinado, con una enorme deuda, y en medio de señalamientos del ISAF relacionados con gastos suntuosos que no ha podido justificar o bien, cuya factura correspondiente no existe.

Los señalamientos del ISAF a la Cuenta Pública en lo tocante al Isssteson mencionan lo siguiente:

Con cargo a la partida “Deudores por gastos a comprobar”, en diciembre de 2012, Lizárraga ordenó la compra de cámaras de video, de fotografía digital, aparatos de refrigeración, asientos de masaje, tablets, computadoras, perfumería, cosméticos, ropa, electrodomésticos, renta de mobiliario para fiestas, combustible, teléfonos celulares, juguetes y videojuegos.

En el rubro de “Ingresos por recuperar” aparecen en la auditoría dos saldos, uno por mil 944 millones 724 mil 841 pesos y otro por mil 401 millones 521 mil 938 pesos que no se pueden cobrar, pues Lizárraga no implementó una cartera de estas cuentas en las que se especifiquen los conceptos que se tendrían que recibir. Con cargo a las partidas “Servicios de capacitación” y “Servicios de limpieza”, la exdirectora de Isssteson pagó 2 millones 701 mil 404 millones de pesos, sin embargo, no lo pudo acreditar con facturas. La panista subió su salario y de sus colaboradores, de esta forma, su sueldo aumentó de 52 mil 800 pesos al mes a 71 mil 600. Por estos delitos, el ISAF le ordenó reponer el daño patrimonial; sin embargo, no se le inhabilitó como servidora pública. La Comisión de Vigilancia del Congreso determinó dejar sin efecto esta medida y hasta ahora no se le ha impuesto ninguna nueva sanción, por lo que su expediente está limpio, pese a que sus delitos están documentados.

En octubre de 2014 hubo un intento por parte del Congreso del estado de llamar a cuentas a la próxima diputada federal, sin embargo, la bancada panista frenó la iniciativa.

A principios de este año, el neurólogo Carlos Manuel González, presidente del Sindicato de los Empleados de la Salud en Sonora, entre sus muchos señalamientos y denuncias al sistema público de salud en el estado, indicó que la misteriosa desaparición del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Isssteson estaba orillando al Gobierno del estado a solicitar a los empleados próximos a jubilarse a que se quedaran en sus casas a cambio de seguir cobrando la nómina, ya que no había dinero para su pensión.

Este hecho es totalmente ilegal.

La cuestión es que al menos 2 mil 500 millones de pesos que debieron depositarse en la cuenta destinada al Fondo de Pensiones y Jubilaciones han desaparecido. La ex directora del Isssteson únicamente ha podido alegar que ese dinero nunca ingresó a la institución.

Lo anterior responsabiliza indirectamente al Gobierno del estado, el cual no se ha dignado a dar ninguna explicación al respecto.

Por otro lado, el Isssteson descuenta sobre la jubilación de cada uno de los trabajadores de gobierno un 10% por el mismo concepto. Este descuento es ilegal, ya que los empleados abonaron al fondo de pensiones durante los años que estuvieron en activo y, por consiguiente, su pensión es intocable.

Aunque los jubilados han puesto al menos 400 demandas y muchas de ellas han tenido una resolución favorable de los jueces, en el sentido de que deben regresarles el dinero descontado y dejar de descontarles en el futuro, el Isssteson ha hecho caso omiso a los mandatos judiciales, incurriendo en la ilegalidad.

Pero de nada de ello responderá Teresa Lizárraga, el fuero constitucional la protege desde el minuto uno del 1 de septiembre, a menos que el Congreso iniciara un juicio político para proceder con su desafuero.

Juristas y expertos en el tema han planteado en repetidas ocasiones que el espíritu del Artículo 61 de la constitución pretende proteger a los políticos opositores de ser perseguidos legalmente por expresar sus ideas, no dotarlos de inmunidad ante la ley, independientemente de sus fechorías.

Pero la modificación, precisión o anulación de este artículo y del 11 de la Ley Orgánica pasa por el mismo Congreso y, como es de esperarse, no van a renunciar a una inmunidad que tarde o temprano los pondrá a salvo.