Otro lamentable error de la justicia sonorense al tratar de criminalizar a los padres adoptivos por su presunta participación en el tráfico de nueve niños cuando en realidad son también víctimas, mientras que por otro lado deja escapar al ahora ex funcionario estatal y a su cómplice, quienes vendieron a los recién nacidos, hijos de madres vulnerables.
A solicitud de la procuraduría estatal, un juez liberó 16 órdenes de aprehensión de los involucrados en el tráfico de infantes, siendo detenidos ocho de las 14 personas inculpadas.
Lo más injusto es que las dos personas que cobraron hasta 150 mil pesos por facilitar la adopción de un niño, siguen en libertad por cuestiones legaloides de la fiscalía estatal.
Los principales inculpados por el tráfico de niños Vladimir Arzate Carbajal, quien se desempeñaba como subdirector en la Procuraduría de la Defensa del Menor, a cargo de la Línea Protege del DIF, y José Manuel Hernández López, de 38 años, ex asesor jurídico de la Unión Ganadera Regional de Sonora, quien laboró en el DIF en este sexenio, permanecen libres a pesar de que se les acusa de los delitos de ocultación y sustitución de infantes, además de sustracción y tráfico de menores.
La procuraduría estatal informó que se giraron 14 órdenes de aprehensión en contra de los padres de familia, que compraron a los niños por un monto que oscila entre los 80 y los 150 mil pesos.
El procurador estatal Carlos Navarro Sugich, declaró que había dejado en libertad a los funcionarios que confesaron la utilización de sus cargos públicos para cometer el crimen, porque no había certeza de que estuvieran diciendo toda la verdad, además, advirtió a la ciudadanía que tienen que irse acostumbrando a ver en libertad a más presuntos culpables por la implementación del nuevo sistema de justicia penal. 
“Esto es algo a lo que la sociedad se va a tener que acostumbrar frente al cambio al nuevo sistema acusatorio; cada vez va a ser menor la posibilidad de mantener a gente en la cárcel mientras la estemos investigando; en mayo nos dio su confesión, pero faltaban otras declaraciones.
“¿Cómo no lo íbamos a dejar ir? No lo puedo mantener amarrado; no basta con la confesión, hay que esperar la llegada de más pruebas, estamos integrado la investigación, necesitamos tener la certeza de que Vladimir nos está diciendo la verdad”, afirmó.
En la pasividad en la aplicación de la justicia por parte de la fiscalía estatal, hay gato encerrado. Trascendió que fue en marzo de este año cuando la procuraduría estatal recibió una denuncia anónima de que en la Procuraduría de la Defensa del Menor del DIF vendían niños recién nacidos, aunque dicen que fue el Cónsul de Estados Unidos en Hermosillo quien envió una carta al procurador para denunciar que en el DIF estaban traficando con niños.
Información periodística señala que el consulado de Estados Unidos en Hermosillo se dio cuenta del tráfico de niños, cuando una pareja de residentes en la unión americana solicitaron visas para dos pequeños recién adoptados en fechas muy cortas, lo cual levantó sospechas de los funcionarios gringos rechazando otorgar la visa al infante y de inmediato dio aviso a la fiscalía estatal, obligando al procurador a actuar contra los dos funcionarios del DIF.
Luego de que se destapó la cloaca del tráfico de niños, ni el gobernador Guillermo Padrés ni el director de DIF Sonora, Agustín Blanco Loustaunau, han opinado sobre ese escándalo de corrupción que mancha aún más a este gobierno panista. 
Lo peor del caso es que ahora todos en el gobierno estatal se quieren lavar las manos. El director general del Hospital Infantil del Estado (HIES) y de la Mujer (HIMES), Luis Antonio González Ramos, declaró que en los nosocomios a su cargo no se han otorgado avisos de nacimiento a supuestas madres compradoras, aun cuando el mismo procurador Navarro Sugich reconoció la participación de esas dependencias en el tráfico de infantes.
En el Registro Civil, también aclaran que los trámites los realizan con toda legalidad, y que actúan de buena fe cuando registran a un menor cuya madre o padre presentan un certificado de nacimiento.
En todo este escándalo, no han rodado cabezas de funcionarios estatales cuyas dependencias están involucradas en la venta de niños como es el caso del director del DIF y del Hospital Infantil y el Hospital de la Mujer. En Sonora, No pasa nada. (g_navarro_ruiz@hotmail.com)