HERMOSILLO, Son.- Aunque desde mayo confesaron su participación en el tráfico de nuevemenores de edad, un delito que es considerado como grave, la Procuraduría de Sonora, a cargo de Carlos Navarro Sugich, dejó escapar a los dos funcionarios de la administración del mandatario panista Guillermo Padrés Elías, quienes comercializaron hasta en 150 mil pesos a recién nacidos que arrebataban a madres en situación de vulnerabilidad.
A más de cinco días de que un juez liberó 16 órdenes de aprensión, fuentes de la fiscalía estatal confirmaron a Excélsior que hasta la tarde de este sábado solo habían detenido a ocho de las 14 personas inculpadas, más los dos funcionarios, quienes accedieron a pagar fuertes sumas para hacerse de un hijo, por lo que permanecen en libertad los dos principales sospechosos del delito:
Ambos iniciaron su labor en el Sistema DIF Sonora al comienzo del presente sexenio, que está a punto de concluir.
En entrevista para una radio local, el fiscal Navarro declaró que había dejado en libertad a los funcionarios que confesaron la utilización de sus cargos públicos para cometer el crimen, porque no había certeza de que estuvieran diciendo toda la verdad, además, advirtió a la ciudadanía que tienen que irse acostumbrando a ver en libertad a más presuntos culpables por la implementación del nuevo sistema de justicia penal.
“Esto es algo a lo que la sociedad se va a tener que acostumbrar frente al cambio al nuevo sistema acusatorio; cada vez va a ser menor la posibilidad de mantener a gente en la cárcel mientras la estemos investigando; en mayo nos dio su confesión, pero faltaban otras declaraciones.
“¿Cómo no lo íbamos a dejar ir? No lo puedo mantener amarrado; no basta con la confesión, hay que esperar la llegada de más pruebas, estamos integrado la investigación, necesitamos tener la certeza de que Vladimir nos está diciendo la verdad”, afirmó.
Cabe recordar que el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio entrará en vigor en toda la República hasta el 18 de junio de 2016, además que, según la opinión de especialistas, como la Barra Sonorense de Abogados, y Alejandro Martí, presidente de la Organización México SOS, el gobierno del estado ha obstaculizado la implementación de la Reforma Judicial, por lo que Sonora es una de las entidades más atrasadas y presenta serios rezagos que amenazan su concreción.
Fue en marzo pasado, cuando la PGJE recibió la denuncia anónima de que funcionarios de la Procuraduría de la Defensa del Menor vendían a los niños, que por sus responsabilidad debieron cuidar.
A más de una semana que se desató el escándalo no han salido a dar la cara ni la primera dama y presidenta del Sistema DIF Sonora, Iveth Dagnino de Padrés, ni tampoco el gobernador Guillermo Padrés, quien incluso salió del país a una reunión bilateral en Nuevo México, Estados Unidos, evitando así responder por las acciones de colaboradores que él invitó a su gobierno.
