Hermosillo, Son. 8 de octubre de 2015.- En lo que constituye un avance en el camino de un nuevo orden que deberá generar las condiciones para que el Estado de Sonora pueda obsequiar a los gobernados un sistema de justicia penal justo, profesional e imparcial, los integrantes de la LXI Legislatura aprobaron por unanimidad la incorporación del Código Nacional de Procedimientos Penales al régimen jurídico estatal.

De acuerdo al dictamen presentado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el Decreto establece que dicha incorporación se llevará a cabo de manera gradual, en los términos planteados por la titular del Ejecutivo estatal, dio a conocer en su lectura el diputado Omar Alberto Guillén Partida.

“Quienes integramos esta comisión conocemos la necesidad de llevar a cabo los actos legislativos tendientes a dar cumplimiento a las obligaciones que nuestra Constitución Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, imponen respecto al Sistema de Justicia Penal a todas las entidades federativas, por lo que se considera necesaria y urgente la aprobación del proyecto de declaratoria que se resuelve mediante este dictamen”, expresó.

La iniciativa se constituye por dos componentes, el primero es la declaratoria de incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en el régimen jurídico local y el segundo es el inicio de la vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de Sonora.

El Decreto reforma y adiciona los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del Artículo 73; la fracción VII del Artículo 115 y la fracción XIII del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.

La incorporación al sistema será gradual e iniciará en diversos distritos judiciales de la entidad a partir del 15 de diciembre de 2015, seguirá en otros distritos desde el 30 de marzo de 2016 y en el resto el 30 de mayo de 2016.

Una vez que entre en vigor el Decreto, se abrogará la Ley número 137 que contiene el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el 17 de agosto de 1949 y sus reformas.

También el publicado en dicho órgano el 30 de enero de 2012, el cual seguirá rigiendo en los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor en esta entidad federativa del Código de Procedimientos Penales, en términos de los artículos que anteceden.

En la ordinaria de hoy fue aprobado el proyecto de Decreto que reforma la fracción XIX del Artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con el objeto de cambiar la denominación de la Comisión de Asuntos de Equidad y Género a Comisión de Igualdad de Género.

La diputada Angélica María Payán García presentó la iniciativa, que se aprobó por unanimidad, previa exposición en el sentido de que el fortalecimiento del principio de igualdad entre mujeres y hombres es la razón de ser de la Comisión de Equidad y Género, sin embargo, dijo, su denominación no atiende los conceptos y criterios teóricos que promueven las instancias y los organismos internacionales especializados en los derechos humanos de las mujeres.

“La igualdad, entonces, no sólo es un concepto complejo compuesto por tres distintas formas de entenderla y que la sitúan en el campo del deber ser, sino que es un derecho humano autónomo, de exigibilidad inmediata por parte de las mujeres a sus estados”, exteriorizó.

Payán García indicó que la CEDAW, que en español es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, ha sido clave, junto con su comité, en el proceso de construir el concepto de igualdad, entendido como un derecho humano, conformado por tres principios: no discriminación, responsabilidad estatal e igualdad de resultados o igualdad substantiva.

La conjugación de estos tres elementos amplía el concepto de la igualdad o formas de entenderla, agregó.

De esta manera, a la Comisión de Igualdad de Género se incorporaron los diputados Carlos Alberto León García, Juan José Lam Angulo, Moisés Gómez Reyna, Jesús Epifanio Salido Pavlovich, Luis Gerardo Serrato Castell y Omar Alberto Guillén Partida. El resto de integrantes son las diputadas Angélica María Payán García, presidenta; Sandra Mercedes Hernández Barajas, Lina Acosta Cid, Rosario Carolina Lara Moreno, Karmen Aída Díaz Brown Ojeda, Ana María Luisa Valdés Avilés e Iris Fernanda Sánchez Chiu.

Otro asunto aprobado en la sesión ordinaria de hoy fue el Decreto que aprueba las propuestas de planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción, presentadas por 65 ayuntamientos, mismas que servirán de base para el cobro de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, tanto de predios urbanos como rurales, y construcciones que se encuentren ubicadas dentro del territorio de los municipios, conforme a las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal y sus respectivas leyes de Ingresos.

La diputada Rosario Carolina Lara Moreno dio lectura al dictamen que establece la aprobación a los municipios de Aconchi, Álamos, Átil, Bacanora, Divisaderos, Oquitoa, Tubutama, Caborca, Cananea, Carbó, Granados, Guaymas, Huatabampo, Huásabas, Ures, Villa Hidalgo, La Colorada, Opodepe, Rayón, Sáric, Santa Cruz, Agua Prieta, Magdalena, Pitiquito, Puerto Peñasco, Quiriego, Arizpe, Bacadéhuachi y Bacoachi.