Hermosillo, Son. 24 de noviembre de 2015.- Por constituir una necesidad impostergable establecer un novedoso procedimiento que abra la puerta al combate a la delincuencia organizada desde un nuevo ángulo, el Pleno del Congreso del Estado aprobó la Ley de Extinción de Dominio, que forma parte de las acciones legislativas que sirven de base al nuevo sistema de justicia penal en la entidad.

Con esto se busca atacar concretamente el producto obtenido de la participación en la comisión de delitos, con lo que se le otorgan al Estado nuevas herramientas jurídicas para alcanzar bienes mal habidos y utilizarlos en beneficio de la sociedad, destaca el dictamen elaborado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, al que dieron lectura los diputados Brenda Elizabeth Jaime Montoya y Omar Alberto Guillén Partida.

Esta nueva legislación surge de la iniciativa remitida a esta Soberanía por la titular del Poder Ejecutivo estatal, al ser una obligación constitucional para todas las entidades federativas implementar en el ámbito penal del fuero común el nuevo sistema de justicia penal, que tiene como base el modelo acusatorio y oral que sustituirá los procedimientos de corte inquisitivo que se desarrollan actualmente en los juzgados penales del país.

La Ley de Extinción de Dominio consta de 77 artículos y catorce capítulos: Generalidades; Extinción de dominio; Competencia; Providencias cautelares; Colaboración ciudadana; Sustantación del procedimiento; Pruebas y audiencias; Alegatos; Comparecencias; De la sentencia; De los medios de impugnación; De la ejecución de la sentencia; De la cooperación entre entidades federativas y la Federación; y Unidad especializada.

La legislación contiene una disposición para ofrecer incentivos económicos para promover la colaboración de los ciudadanos con las autoridades; explica detalladamente la parte del procedimiento de extinción de dominio relativa a la demanda por parte de la autoridad y a la contestación de la misma que realice el particular y, en su caso, el tercero interesado.

En el capítulo de los medios de impugnación se desarrollan las reglas relativas a los recursos que puede interponer el particular contra las resoluciones que considere que le son adversas, que en la especie son los recursos de revocación, apelación y revisión, y en el relativo a la ejecución de la sentencia se explica la forma en la que el Estado puede adjudicarse los bienes provenientes del procedimiento de extinción de dominio.

Se ordena la creación de la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera, con el objeto de detectar las estructuras financieras de la delincuencia, lograr una mayor eficiencia en la investigación y persecución de los delitos, y el aseguramiento y la extinción de dominio de los bienes destinados a éstos.

Otro asunto aprobado por la asamblea es el Acuerdo con exhorto que será dirigido al Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, a fin de iniciar los proyectos ejecutivos y financieros que se requieran, así como las gestiones con el Gobierno Federal, para que de inmediato se planteen soluciones al problema de desabasto de agua potable, de fugas y colapsos del sistema de drenaje en el municipio de Guaymas, Sonora, con el objeto de evitar una epidemia sanitaria.

El diputado Manuel Villegas Rodríguez presentó la propuesta al Pleno, en la que estableció que debe ser una señal de alerta para el sector salud estatal y federal, pero sobre todo para la CEA, a fin de que comience a atacar el problema de raíz antes de que se convierta en un foco de infección que sobrepase a las autoridades de salud. El Acuerdo con exhorto se aprobó por unanimidad.

La Presidencia turnó a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y para la Igualdad de Género, la iniciativa presentada por la diputada Angélica María Payán García, con proyecto de decreto que adiciona y modifica la Ley de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar para el Estado de Sonora, así como el Código de Familia.

Lo que se busca, expuso, es establecer una legislación que endurezca medidas que procuren el combate a la violencia intrafamiliar, debido a que ante el aumento en los índices de atención y manifestaciones contra la armonía para una convivencia familiar, resulta necesario procurar medidas que comprendan otras formas para su atención y prevención.

Payán García propuso incluir el término daño económico dentro de la legislación, así como aumentar la pena para que los infractores no sean sujetos a libertad bajo caución y la pérdida por parte del infractor de todos los derechos con respecto a la víctima, como es el derecho a heredar.

Y a las comisiones unidas de Educación y Cultura, y de Desarrollo Urbano, turnó la Presidencia la iniciativa presentada por la diputada Sandra Mercedes Hernández Barajas, con proyecto de decreto que plantea establecer en diversas leyes, la obligatoriedad de contar con estudios de factibilidad para la creación de escuelas de educación básica y media superior en los desarrollos habitacionales a construirse en el Estado.

Sostuvo que faltan planes o estudios para que funcionen los programas de atención con nuevos centros escolares de la Secretaría de Educación y Cultura para nuevos centros de población o de crecimiento urbano de las principales ciudades.

Hernández Barajas agregó que es urgente poner en práctica políticas de transversalidad que se podrían incorporar al cuerpo normativo de la legislación estatal, ya que diversas leyes sólo contemplan que en cada construcción de centros poblacionales se considere territorio para equipamiento e infraestructura básica, y para parques y jardines, pero no para centros educativos.

En el desarrollo de la sesión se presentaron posicionamientos sobre dos temas: la celebración del Día Internacional de la No Violencia y el Derecho de las Mujeres y las Niñas a vivir una vida sin violencia, y con relación al proceso de evaluación docente.

Sobre el primer tema hicieron uso de la voz las diputadas Lisette López Godínez, por el grupo parlamentario del PAN; Teresa María Olivares Ochoa, por el grupo parlamentario de Nueva Alianza; y Karmen Aída Díaz Brown Ojeda, por el grupo parlamentario del PRI.

Con relación al proceso de evaluación docente hablaron los diputados Juan José Lam Angulo, Carlos Alberto León García y Fermín Trujillo Fuentes.

La próxima sesión ordinaria del Pleno del Congreso se citó para las 10:00 horas del jueves 26 de noviembre.