La PGR, contra el deseo de las víctimas, acusaría a los involucrados en el incendio de la Guardería ABC por delitos no graves; un grupo de padres de familia logró diferir la audiencia final para tratar de incrementar la penalidad

En México la justicia es cosa de enredos, dilaciones y el juego perverso del gato y el ratón. Cuando se trata de 49 niños muertos en un incendio que sigue sin tener culpables, la indignación se sacude cada cierto tiempo, para luego volver al letargo y a la amnesia.

El pasado 2 de febrero se vivió en Hermosillo otro capítulo más de esta historia vergonzosa que inició hace casi siete años, cuando la Guardería ABC, subrogada por el IMSS, fue presa de las llamas y 49 niños murieron calcinados y más de un centenar sobreviven con las secuelas del incendio.

Una historia en la que, salvo la dignidad de los padres de familia y su incansable lucha, ha prevalecido la estupidez de la clase política (sin importar el partido), la prepotencia de los ex funcionarios involucrados de una u otra forma y un aparato de justicia servil a los intereses del poder político y económico.

En estos siete años no se salva nadie, ni el Poder Judicial estatal ni mucho menos el federal, incluida su máxima instancia, la Suprema Corte, que con aquel informe no vinculante hizo el papelón de la década. Tampoco las sucesivas fiscalías que han intervenido en diferentes etapas.

Vergüenza, frustración e indignación es lo que queda después de lo que iba a ser la Audiencia de Derechos o Audiencia Final del Juicio, en la que las partes involucradas presentarían sus alegatos finales para que el Juez Primero de Distrito, en un plazo de mes y medio, dos meses, emitiera un fallo.

La expectativa era grande, activistas de derechos humanos, medios de comunicación y padres de familia se dieron cita a primera hora de la mañana en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en Hermosillo.

El anhelo de muchos de los que se agolpaban en la entrada era ver desfilar a los ex funcionarios de la administración boursista, a los ex empleados del IMSS y a los dueños de la guardería acusados en el expediente 126/2009, en total 26 personas que acudirían ante el juez para los alegatos finales.

La confusión era mucha, ya que flotaba la idea en el ambiente de que forzosamente todos ellos tenían que presentarse. El desfile de poderosos rumbo al cadalso servía como consuelo al agravio.

Abraham Fraijo, padre de una de las 49 víctimas que fallecieron.

Primero el abogado Lorenzo Ramos Félix, representante de 19 familias, y posteriormente Abraham Fraijo Razcón, padre de una niña fallecida en el incendio, confirmaron que los acusados no estaban obligados a comparecer en la audiencia.

El anticlímax al que nos tiene acostumbrados la justicia en México, léase en el caso ABC como en el de Ayotzinapan o Tlatlaya, llegó con el anuncio de Julia Escalante Barrios, madre de una niña víctima del incendio: 17 familias representadas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas habían solicitado diferir la audiencia por 30 días. El juez lo concedió.

Regia, seria, contenida en el dolor y la indignación, Julia Escalante explicó los motivos, los cuales, por su parte, confirmó también el abogado de las otras 19 familias, Lorenzo Ramos.

Apenas el pasado 29 de enero habían sido notificados los agraviados de la diligencia que el 2 de febrero, cinco días después, se llevaría a cabo en el Juzgado I de Distrito.

Las víctimas tenían una certeza: la PGR no pensaba inculpar a los acusados por delitos graves, sino por delitos culposos, por los que alcanzarían fianza.

Es decir, la fiscalía, a espaldas de las víctimas, traicionando a las víctimas, exculpaba a los acusados de la gravedad del delito, obligando al juez a pronunciarse sobre esos términos.

Julia Escalante Barrios, madre de una niña víctima del incendio.
Julia Escalante Barrios, madre de una niña víctima del incendio.

Por ello, los padres de familia representados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas solicitaron que se aplazara la audiencia, con el objeto de presentar más pruebas para que se modifique la acusación y los acusados tengan que seguir el proceso desde la cárcel.

Por su parte, el abogado Lorenzo Ramos Félix, con la misma intención, iba a presentar en la frustrada audiencia un recurso para incrementar la penalidad por dolo eventual.

La decepción era visible en todos los presentes; quien mejor representaba esa decepción, ese hartazgo, esa indignación era Abraham Fraijo, que se quejaba amargamente, con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, que ni siquiera le habían concedido el derecho de ver a la cara a los acusados.

Fraijo Razcón, como la mayoría de las víctimas de la Guardería ABC, ha dejado de creer en la justicia mexicana. La única esperanza que les queda son los tribunales internacionales; por ello, los padres de familia ya han enviado una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Pero este organismo únicamente intervendrá hasta que se hayan agotado todas las instancias en México; posteriormente estaría en posibilidades de emitir una recomendación que el Gobierno mexicano podrá o no aceptar.

Luego les quedaría la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo posible fallo el Estado mexicano sí tendría que acatar.

Pero para eso falta mucho tiempo, años que se sumarán a los siete transcurridos desde que un cinco de junio de 2009, las llamas acabaron con la vida de 49 niños y con la inocencia de un pueblo, y sacaron a relucir lo peor del sistema mexicano, ese que se alimenta del cohecho, la impunidad, la mentira y el desprecio por los ciudadanos.

Una vez más no hubo desfile de poderosos al cadalso, y como sospecha la mayoría de los padres de familia, nunca lo habrá.

De momento, a pesar de una fiscalía complaciente con el poder e incompetente, los agraviados no cejan en su lucha y ahora reúnen más pruebas que fuercen a la PGR a acusar a los involucrados por delitos graves.

Tienen 30 días.