El Distrito de Riego del Río Yaqui, el Movimiento Ciudadano por el Agua, los productores rurales y la Tribu Yaqui, estamos a la espera de que CONAGUA atienda los reclamos hechos durante estos meses para que informe sobre los avance relacionados con la construcción de la desaladora que abastecerá de agua dulce a los municipios de Guaymas-Empalme y Hermosillo.
Esperamos que estos informes se presenten en esta semana, eventualmente el día jueves 23 de junio. Con esto se estará dando cumplimiento a lo anunciado por la gobernadora Claudia Pavlovich, a finales de noviembre del año pasado, cuando en el puerto de Guaymas anunció la construcción de una desaladora, cuyo diseño modular permitirá atender en lo inmediato los requerimientos hídricos de Guaymas-Empalme y posteriormente cubrirá la demanda de agua dulce de la Ciudad de Hermosillo.
Durante su campaña, con los Acuerdos de Vícam, firmados el 7 de mayo de 2015, la gobernadora hizo suya nuestra palabra y ahora su palabra es nuestra. Sonora está dando los primeros pasos en firme hacía una nueva política hídrica, basada en el principio de que la entidad necesita unirse en la gestión de más agua para no dividirse con el reparto de la que no alcanza, como ha ocurrido con la operación ilegal del Acueducto Independencia. Estamos realizando las acciones pertinentes para suplir la obra con la que se pretendió dividir a los sonorenses, misma que desequilibra el balance hídrico de la Cuenca del Río Yaqui y no le aporta más agua a las necesidades presentes y futuras del estado.
Aprovecharemos la reunión donde CONAGUA nos presente los informes relacionados con la desaladora, para que se apruebe, además de los 400 millones de pesos existentes, el presupuesto necesario en el ejercicio del año entrante que garantice los requerimiento de inversión que hagan posible que la desaladora abastezca la Ciudad de Hermosillo.
La solución a este problema que tanto daño le ha causado a Sonora, se tiene que dar en el marco de un estricto respeto a la ley y al Estado de Derecho, lo cual implica que se acaten las resoluciones judiciales que obligan a suspender la operación ilegal del Acueducto Independencia.
