Influidos por el ambiente postelectoral del domingo 5 de junio, quizá muchos no percibieron que el pasado día 7 se cumplió un año de la histórica votación que le dio la vuelta a la política en Sonora, con el retorno del PRI al Palacio de Gobierno a seis años de haber sido derrotado.

Con ese récord, Sonora se sumó a estados como Nuevo León, Yucatán, Chihuahua y Nayarit, donde el PAN duró solo seis años en el Poder. Aunque los panistas esperaban repetir en Sonora los casi 30 años de PAN en Baja California, los 25 de Guanajuato o de perdida los 18 de Jalisco, no hicieron lo necesario para lograrlo, porque nunca midieron el tamaño de sus excesos, y la gente se cobró el día de la elección los agravios y las desviaciones que caracterizaron a ese gobierno. Verdad de verdades.

La historia de esa aventura política se escribe todos los días, aunque en lo relativo al cálculo de la dimensión del daño y el verdadero boquete de las finanzas públicas no termina todavía de contabilizarse, no por falta de voluntad, sino por los vericuetos y los vaivenes de la información oculta… y seguramente borrada del mapa durante el último año de gobierno.

Pasó lo mismo con las denuncias interpuestas contra funcionarios en activo en el gobierno que se fue. Antes de irse, apuradamente las declararon infundadas y declararon libres de culpa a los demandados, evitando así nuevas denuncias por los mismos hechos. “Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene”, dice el artículo 23 de la Constitución. Se aprovecharon de eso.

Hasta hoy han sido detectadas un conjunto de trapacerías, machicuepas y deformaciones administrativas, tanto por los órganos internos de control y jurisdiccionales en el ámbito local y federal como por los ciudadanos que han tenido el valor de denunciar lo que padecieron en el pasado cuando fueron timados y defraudados.

Eso no lo quieren reconocer todavía los panistas tanto los más conspicuos, esos que hacen ruido, y que en todo ven una conspiración —como los que se registraron para competir por la dirigencia estatal—, quizá porque algunos todavía no han despertado de su sueño o por una malentendida lealtad —no al partido que buscan dirigir— sino a su ex jefe máximo que sigue ejerciendo una influencia notable en las decisiones internas del PAN.

A estas alturas, tanto el ex candidato panista al gobierno estatal como los aspirantes a la dirigencia le sacan al deslinde. Temen el costo que pudiera representarles, por los hilos y el dinero que todavía aquél sigue moviendo.

Lo increíble del caso es que vayan a la competencia por la dirigencia estatal sin un diagnóstico serio, real y creíble de las condiciones del partido en Sonora, después del daño causado por el gobierno que actuó bajo sus siglas, y solo impulsados por la pasajera fiebre política que les provocó la victoria electoral en ocho estados el pasado 5 de junio.

Eso revela una estrategia política que dará mucho de qué hablar en el futuro, más por los costos políticos ante la gente, que por los efectos directos en la vida interna del partido, pero por lo visto, al panismo local no parece preocuparle mucho, y menos ahora que todavía andan eufóricos. Para ellos el PRI luce débil en Hermosillo, no así en el resto del Estado.

No deberían confiarse. Las causas (triunfos y derrotas) de las 27 entidades que hasta ahora han experimentado alternancia de partido en los gobiernos desde 1989, se estudian detenidamente caso por caso para no generalizar. Cada estado ha tenido su particularidad, sus propias características. El caso Sonora ha sido distinto y todavía va a dar para más. Cualquier analista frío de la realidad está consciente de que en esta materia, todavía no ha caído el último out y todavía deberemos esperar un buen número de sorpresas relacionadas con las investigaciones en curso. Apenas van nueve meses del nuevo gobierno. Poco tiempo si se quiere, comparado con los casos donde ex gobernadores han ido a la cárcel.

El daño causado a Sonora ha sido de una magnitud tal que la responsabilidad de quienes saquearon el estado se cuece aparte y seguramente las tensiones habrán de agudizarse en el mediano plazo.

A un año de la elección y en relación a los asuntos del gobierno estatal, ahora se respira otro ambiente. Se registra una nueva esperanza y un ánimo social distinto. No fue tan fácil el arranque de un gobierno con un estado quebrado en lo económico, desmoralizado, desconfiado y harto de la corrupción. A un año de la elección, ahora el ambiente es otro y el cambio avanza en los puntos donde se registró la mayor indolencia, un abandono total y un deterioro manifiesto. También la exigencia social de castigo a los culpables del desfalco estatal empezando por quien todo lo quería justificar con sus “primeros lugares” y una sonrisa fingida.

Con el gobierno federal se están recuperando los años perdidos. El gobierno anterior se concentró en el acueducto Independencia, y descuidó —irresponsablemente— rubros importantes para el avance del estado, como la infraestructura y la lucha contra la pobreza.

Por creerse indispensables —desde Sonora— en el manejo de la política partidista, perdieron oportunidades y dinero para Sonora, que ahora se están recobrando en una nueva relación Estado-Federación. Ante eso, hoy nuevas circunstancias determinan la política local.

En primer lugar, no existen sospechas de corrupción sobre el gobierno actual, como sucediera en el primer año de los panistas, que en 2010 acumularon sus primeros mil millones de sobregiro presupuestal.

Ya no existe la queja recurrente —y pan de cada día— de instituciones como el Congreso, el IEEyPC, los ayuntamientos o las instituciones educativas sobre recursos retenidos —nunca entregados— en las arcas estatales, relacionados con su operación y funcionamiento. Tampoco se obliga a los presuntos beneficiarios de obras a firmar de recibido montos económicos de obras no realizadas y menos solicitadas.

Las dudas y sospechas sobre licitaciones de obras públicas y ropa escolar se han ido eliminando, abriendo a concurso todas las operaciones.

Los millones depositados por la federación en el Estado ya no van a “la licuadora” de Hacienda ni se distraen para beneficio privado.

Las obras se están haciendo y los recursos se están moviendo. Una diferencia cualitativa en menos de un año.

Hay inversión para el crecimiento y el empleo. Gradualmente se ha restablecido la confianza y los empresarios están reaccionando.

El problema del agua —conflicto del sexenio— sigue la vía institucional y jurídica. No ha habido movilizaciones y existe diálogo abierto.

Hay paz política con las oposiciones. En el Congreso y en los ayuntamientos, los partidos políticos representados son atendidos y no existe parcialidad partidista en las políticas de Gobierno como antes.

Dado el número de boquetes en el sexenio, todavía no se alcanza a vislumbrar la totalidad del desfalco, que ha sido el más grande en la historia moderna de Sonora. Tanto la Contraloría estatal como el ISAF reportan en observaciones prioritarias por 4 mil millones de daño patrimonial en solo cuatro dependencias. A eso debemos sumarle los 17 mil de deuda directa, lo que no invirtieron de lo que depositó el gobierno federal, registrada por ejemplo en la SEC: 2,498 millones, entre adeudos y dinero federal no entregado, 7 mil millones de deudores diversos, más los 6 mil del Isssteson y los 600 millones del FEMOT. A eso se le deben sumar 800 millones en descuentos de seguridad social aplicados a los trabajadores y nunca reportados al Isssteson, Issste y Sar, entre otros. Una cifra —quizá conservadora— cercana a los 35 mil millones de pesos puede medir el daño para las finanzas públicas de Sonora. Podrían ser más.

Unos están siendo ya procesados. El Fiscal estatal anticorrupción habla de 238 averiguaciones seguidas contra ex funcionarios. Unas ya turnadas a los jueces (peculado básicamente), otras en proceso (ejercicio indebido de funciones) y una diversidad de ex funcionarios bajo la protección del amparo de los jueces federales, lo que ha retrasado meses la aplicación de las penas (pliegos de consignación) en casos concretos como los casos de Morales, Romero y Ortiz Ciscomani.

El caso del ex gobernador es el más demandado por la gente, y donde se cazan las mayores apuestas. Muchos pensaron que habría de quedar resuelto antes de la elección del 5 de junio. Ya se sabe de un despacho muy caro, integrado por panistas de alto relieve y con una desmedida influencia en el Poder Judicial federal que lo está defendiendo. También lo defienden sus aliados internos en Sonora, esos a quienes benefició con contratos, dinero, obras y prebendas. Por eso, en parte, su desdén a los citatorios (tres) de la Fiscalía Anticorrupción. Está midiendo fuerzas muy confiado en sus defensores y aliados que no son pocos.

Nadie duda de la voluntad de la gobernadora Pavlovich para llegar hasta las últimas consecuencias en el caso Padrés. Ella misma enfrenta las limitaciones políticas del caso y al halo protector del ex gobernador, que dejó muchos compromisos en dinero y obras públicas firmes antes de irse. Sin embargo las pruebas ahí están y son irrefutables, con lo que el caso pasa ya al terreno determinante de la voluntad política central para aplicar la Ley sin caer en negociaciones turbias, con un PAN triunfalista y de doble cara.

Nada firme al respecto y solo lo consabido de parte de Virgilio Andrade, Secretario de la Función Pública, cuando afirma que las dificultades para capturar peces gordos se deben principalmente a que “el sistema administrativo delega funciones, entonces no necesariamente una decisión tomada irregularmente fue hecha por un funcionario de nivel superior”… y que “el sistema de probar la relación directa del funcionario superior con alguna toma de decisión irregular también requiere de fortalecimiento a nivel particularmente de carácter penal y por eso se discute dentro de la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción esa temática” (El Universal 31-05-16). O sea, lo mismo de siempre, evasivas.

No a la velocidad que muchos quisieran. Limpiar una casa en ruinas y abandonada ha llevado su tiempo. Rescatar la confianza pública también. Pero se están dando pasos firmes para consolidar un cambio real, no sólo en al aparato público —a pesar de una parte importante de la burocracia que espera el menor resquicio y el mínimo descuido para hacer de las suyas—, sino también para forjar una nueva cultura política donde se respete el estado de Derecho, y cuestiones como la moral pública y la ética de la función pública no sean solo materia de discurso. También un ejercicio diario de congruencia. En ese sentido creo que Sonora ha avanzado en un año. El cambio ya empezó y van apenas nueve meses.

bulmarop@gmail.com