¡Un momento, señores! ¡Mucha atención, que la cosa va en serio! ¡Alto a la música, suspendan los gritos, los sombrerazos y callen la cacofonía de sonidos que aturden y no dejan escuchar el silencio! ¡Aparten a los candidatos federales y detengan el deschongadero que se traen, que suspendan las pedradas y dejen de darse de moquetes, rodillazos en las partes nobles y piquetes de ojos entre sí! Por si no se han dado cuenta, les aviso que acaba de sonar el silbatazo de arranque en las campañas locales dentro de un proceso electoral que, más que un proceso civilizado y ordenado mediante reglas claras que implican acatamiento y obediencia general, más bien parece una sangrienta carnicería un destazadero clandestino.

A partir del primer minuto del sábado anterior (día 19) la contienda se ha vuelto global, y en todos los rincones del territorio nacional, hasta los más remotos y aislados, habrá guerra civil. Dicho sea sin eufemismos ni paliativos: será una suerte de guerra fratricida, porque si hasta el momento en las campañas federales que ya sobrepasan el mes y medio de desarrollo, la situación ha escalado a niveles de inaceptable virulencia malsana y de violencia física y verbal, al arrancar las campañas locales por los cargos de autoridad -alcaldías y diputaciones federales- que están más cerca de los ciudadanos, y que por lo mismo suelen despertar pasiones y emociones más fuertes, la cosa puede salirse definitivamente de control, y adquirir matices realmente de tragedia. Ojalá que no, pero los antecedentes recientes nos lo están advirtiendo.

Para el ciudadano “de a pie”, y aún para los que se movilizan en autos europeos de importación limitada, el cargo más importante de todos los que están en juego, incluso por encima de la propia Presidencia de la República, es el de Presidente Municipal, o alcalde, si usted prefiere llamarle así. Y el motivo o razón es de lo más elemental: dentro de las ciudades y poblados es donde vivimos todos, es donde se desenvuelven nuestras vidas, donde desarrollamos nuestras actividades, y donde están nuestras necesidades más apremiantes. Los ayuntamientos son el primer nivel de gobierno por estar más cercano a la gente, y por ser el responsable de atender nuestros requerimientos del día a día urbano, y de resolver los problemas y conflictos que nos presenta la cada vez más complicada y conflictiva vida diaria actual en comunidad.

Así pues, cada ciudad y cada poblado, aún el más pequeño e ignoto que existe en nuestro país, es el escenario que, por las razones expuestas, ocupa el primer lugar de importancia para quienes viven en ellos. Y por consiguiente, la elección de la autoridad que llevará las riendas en esos conglomerados humanos por un período de tres años, tiende a convertirse en un agarrón a guajolotazo vil, y con mucha frecuencia en una pelea de callejón a navajazo limpio. De ello tenemos experiencias a dos manos.

Obvio es decir que mientras más grande es la ciudad y mayor cantidad de habitantes tiene, los intereses y las ambiciones que existen dentro de ella se vuelven más intrincadas, y crecen en proporción directa. En una ciudad como Hermosillo, por poner un ejemplo que ilustra perfectamente lo anterior, en derredor de la presidencia municipal se genera invariablemente un círculo perverso de intereses que determinan la mayoría de las grandes decisiones que se toman, en los temas de desarrollo y planeación urbana, tendencias de crecimiento, dotación de servicios para favorecer tal o cual zona, dónde se va a construir tal o cual vialidad, o tal o cual obra que actúa como imán de atracción, en fin, la lista es larga, pero con lo dicho es suficiente para entender de qué estoy hablando.

El mejor negocio que ha existido y que existe en Hermosillo es la especulación con los valores de suelo. No es un negocio ilegal en sí, pero incluye numerosos rincones oscuros que lindan con la ilegalidad en diversos aspectos y manifestaciones. Dos de ellas son el tráfico de influencias y la presión política. Los especuladores por excelencia son los desarrolladores inmobiliarios, sea en el renglón de vivienda o en el de los grandes proyectos comerciales. Ellos son los que a final de cuentas determinan el valor de los terrenos dentro de los desarrollos que promueven, contando casi siempre con la complicidad o connivencia de las autoridades municipales en turno.

El secreto (que no es ni tan secreto) estriba en adquirir enormes predios sub urbanos a precio ridículo, y luego operar políticamente, mediante el nefasto tráfico de influencias y el contubernio, para que la ciudad crezca hacia esos rumbos, desarrollarlos y urbanizándolos, para luego venderlos a precio de oro. El negocio de la especulación del suelo es realmente fabuloso, pero los resultados para el grueso de la población suelen ser desastrosos, aunque muy pocos ciudadanos lo advierten y tienen conciencia de ello.

Insuficiencia de reglas

En el debate realizado el pasado miércoles 16 del presente entre los integrantes de las tres fórmulas sonorenses hacia el senado de la República, se abusó de la basura y la mediocridad, y estuvieron prácticamente ausentes la serenidad, la mesura y, obviamente, las ideas inteligentes y las propuestas viables, que a fin de cuentas y supuestamente son el propósito que tienen este tipo de eventos.

Porque me alarma y sorprende la facilidad con que una de las participantes en ese debate se puso a lanzar acusaciones contra dos de sus rivales, sin aportar prueba alguna de ellas, voy a referirme específicamente a lo que todos los que presenciamos el debate fuimos testigos y que, en lo personal, me parece altamente delicado y preocupante, por los efectos perniciosos que tiene y que puede tener en los futuros eventos de este tipo, si el ineficiente e ineficaz Instituto Electoral Estatal de Sonora no le pone remedio en forma inmediata.

En un momento determinado del debate la candidata Lilly Tellez, cuyos antecedentes y tendencias son bien conocidos, hizo graves acusaciones contra sus rivales Manuel Ignacio “Maloro” Acosta, por su desempeño al frente del RAM, y Antonio Astiazarán y sus hermanos, por el supuesto aprovechamiento ilegal de recursos en los proyectos de energía limpia que “Toño” viene promoviendo desde hace varios años. Estas acusaciones pasarían sin mayor problema la criba de las críticas pública e institucional si hubieran sido acompañadas de la documentación comprobatoria correspondiente, de la cual no se exhibió un solo papel comprobatorio. Es más, en el caso de “Toño” Astiazarán posteriormente en Twitter la señora Tellez reconoce públicamente no tener ninguna prueba que respalde su acusación, pero que “el abogado de los ofendidos tiene los documentos, que serán exhibidos al presentar la denuncia correspondiente”.

Ni en el periodismo, ni en la política, ni en una campaña electoral, ni en un debate, ni en la vida civil ordinaria se puede aceptar este tipo de conducta.

Como periodista que fue, sabe perfectamente que su argumento es ridículo y totalmente inadmisible desde el punto de vista ético y jurídico. Pero sabe que no le sucederá nada, y con esa confianza abusó primero del público que presenció el debate, y luego aprovechó la inaudita tolerancia de las autoridades electorales para golpear a dos de sus rivales donde más duele: en su imagen y prestigio público. Eso, aquí y en cualquier parte, es inadmisible, es reprobable, y debe ser sancionado severamente, para que quede sentado el precedente, y que no vuelva a suceder.

En estos tiempos se ve como algo “normal y aceptable” que alguien pueda acusar a otro alguien de cualquier cosa, sin presentar absolutamente ninguna prueba, como si la simple palabra mereciera toda la credibilidad. Esto, que en la vida diaria es sumamente grave por los efectos negativos que tiene sobre la imagen y el prestigio de quien es acusado, cuando ocurre en un evento de carácter electoral, como lo es un debate entre candidatos, es doblemente grave, partiendo simplemente del hecho de que es un evento que es observado por miles de personas, que usualmente no aplican su capacidad de discernimiento para determinar si la acusación tiene respaldo o no, si es creíble o no. La gente se queda con lo dicho y con eso prácticamente queda sentenciado el acusado.

Por ello es urgente que el IEE de Sonora, ante la inminencia de los debates locales que vienen, establezca que aquel candidato que haga una acusación contra cualquier rival deberá aportar inmediatamente las pruebas que soporten sus acusaciones y, de llegar a resultar falsas, se hará merecedor de severas penalizaciones, incluso de la cancelación de su registro, porque no se vale aprovechar estos eventos que tienen tanta difusión para enlodar con total impunidad a los contrincantes, con la certeza de no sufrir ninguna consecuencia.