La tensión provocada antes y durante la aprobación de las Reformas Constitucionales en el Congreso del Estado, minimizó cualquier otra actividad política que se estuviera presentando esta semana en Sonora.

Dirigentes de partidos políticos, lideresas y gente de muchas colonias populares de Hermosillo, se presentaron desde muy temprano este miércoles para tratar de impedir -y otros para tratar de apoyar- algunas modificaciones a la Constitución del Estado que de acuerdo a los Diputados Locales podrían garantizar mejores condiciones de vida para los sonorenses.

1) El derecho a proscribir (excluir o prohibir una costumbre o el uso de algo) los presupuestos aprobados por las siguientes Legislaturas -por parte del Ejecutivo Estatal-, 2) La desaparición del Fuero Constitucional para todos los funcionarios públicos y 3) La modificación de las votaciones que pasan de mayoría simple a calificada en los Ayuntamientos para las iniciativas que envíen los Diputados; fueron los temas que provocaron más polémica por dentro y fuera del Poder Parlamentario.

4) Además se aprobó la Reforma Regulatoria con la cual se pretende fomentar el crecimiento económico con la generación de empleos y 5) Se emitió el posicionamiento en contra de la legalización del aborto.

Quiero decirles que mientras algunos que se encontraban por dentro aseguraban que estas propuestas son buenas decisiones para el ejercicio de gobierno y el desarrollo económico de Sonora; los que se encontraban por fuera señalaban que son un atentado en contra de la democracia, además de que fomenta la preponderancia -un poder sobre el otro-.

La polémica se desbordó hace unos días en que se intentó subir estos temas al Pleno de la supuestamente “Casa del Pueblo”; los cuales fueron retirados provisionalmente y apenas este miércoles se retomaron, se analizaron, se debatieron y finalmente se aprobaron por 27 de 30 Diputados presentes.

Aunque para su aprobación, debemos de aclararlo, solamente se ocupaban 22 votos de los Legisladores que lo ratificaron poniéndose de pie; ausentándose los panistas Sandra Hernández Barajas y Ramón “Chavalo” Díaz Beltrán, además del perredista Juan José Lam Angulo.

Los tres Diputados, aunque digan que somos malpensados, podrían tener ciertos intereses para no haber asistido a esta polémica reunión y no quedar mal parados, como se dice coloquialmente.

Hernández Barajas (que es parte de esas “cuatro llantas ponchadas” que desobedecieron a la Fracción Parlamentaria del PAN hace casi tres años por aprobar una línea de crédito de 5 mil millones de pesos a favor del Gobierno del Estado), podría haber desistido de la sesión para no comprometerse por un lado ni por el otro, ya que su hermano y asesor, José Angel Hernández Barajas, ex presidente municipal de Nogales-, se encuentra en el cuerpo de colaboradores de la alcaldesa electa de Hermosillo, la morenista Célida López Cárdenas.

Ramón Díaz Beltrán, panista de muchos años y que sucumbió electoralmente por la Presidencia Municipal de Huatabampo el pasado 1 de julio, hizo lucir su ausencia por motivos supuestamente desconocidos.

Mientras que Lam Angulo -con amplia experiencia en las negociaciones parlamentarias-, se dice que pudiera haber tenido algún acuerdo similar a los que hacía hace años con la Fracción Parlamentaria del PAN, cuando su esposa Alcira Chang era diputada local también por el PRD y considerada como “la bisagra” de la 60 Legislatura que finalmente dominaba el partido azul.

En el caso del diputado José Angel Rochín López, quiero decirles que su decisión de aprobar estas Reformas Constitucionales ya era muy predecible por sus constantes diferencias con la cúpula estatal del partido Morena.

Dicha situación, recuerde usted, se evidenció desde hace dos años y principalmente con el ex dirigente estatal de Morena, Alfonso Durazo Montaño, quien se prevé que no solo sea el secretario de Seguridad Pública Nacional, sino también el hombre más fuerte de la izquierda sonorense y posible aspirante a la Gubernatura en el 2021.

Luego de varias explicaciones y por la forma en que se presentaron dichas iniciativas, entendemos que el Veto Legislativo no existe en Sonora porque no se aprobó como tal.

Se trata más bien, del derecho que tiene el Gobierno del Estado para observar y sugerir modificaciones a los presupuestos e iniciativas de diferente índole que apruebe el Congreso del Estado; aunque al final de cuenta la última palabra la tiene el Poder Legislativo.

Punto.

Entonces…ya una vez aprobadas estas Reformas a la Constitución de Sonora, se prevé que en un futuro haya esos acuerdos que tanta falta le hacen a los ciudadanos para que permitan garantizar la autonomía y el cumplimiento en los objetivos institucionales.

En pocas palabras, que se hagan las cosas en favor de la población.

Resulta obvio que con este tipo de situaciones que trascienden en el ambiente político -y en la sociedad en general-, ha habido muchas reacciones de los líderes de opinión.

Unos a favor; y otros en contra.

Por supuesto.

Las cámaras empresariales, por ejemplo, se manifestaron a favor de las Reformas Constitucionales, sobre todo porque ellos buscan permanecer en el mercado libre que nos da el capitalismo mundial.

De igual forma declararon los titulares de algunos organismos autónomos de Sonora, como es el caso de Pedro Gabriel González Avilés y Arely López Navarro, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y del Instituto de Transparencia (ISTAI), respectivamente.

Pero también se han escuchado voces que no están de acuerdo.

María Dolores del Río, por ejemplo, en su calidad de política experimentada y presidenta del partido Movimiento Ciudadano en la entidad, dijo que la “aprobación de la Reforma Constitucional es un retroceso a la democracia en Sonora y en el país; porque concentra todo el Poder en el Ejecutivo Estatal…ganaron en la mesa, lo que el PRI y el PAN perdieron en las urnas”.

Igualmente los dirigentes y seguidores de Morena, como es el caso de Jacobo Mendoza y Jorge Taddei, quienes señalaron su total rechazo a estas decisiones de los integrantes de la 61 Legislatura que cerraron las puertas del Congreso Sonorense sin permitir siquiera el acceso a la prensa; saliendo incluso, al término de la reunión, por la puerta trasera.

De última hora, incluso, nos llegó la información de que Olga Sánchez Cordero -nominada para ser la titular en la Secretaría de Gobernación-, también se manifestó en contra y adelantó que se revisará ese procedimiento aprobado este miércoles en Sonora.

Pero hay situaciones que podrían evidenciar, a lo que ahora se le conoce como “doble moral”.

Diputados y simpatizantes priistas, panistas y panelistas que estuvieron atentos al desempeño del Poder Legislativo, recuerdan que durante la época de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, aplicó el Veto Legislativo (o más bien dicho la proscripción) por una situación que creyó inconveniente.

La nota dice así:

“El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, vetó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que aprobó por unanimidad la Asamblea Legislativa el 17 de diciembre.

López Obrador envió la noche del miércoles a la Asamblea sus observaciones, justo cuando los diputados celebraron un periodo extraordinario de sesiones, de un día, para aprobar una controversia constitucional en su contra, por la publicación parcial del Código Financiero.

Junto con ese veto, el Ejecutivo local también remitió observaciones a cinco leyes más: de Residuos Sólidos, de Fomento Cultural, de Transporte, de Atención a Víctimas del Delito y al Código Financiero.

Desde noviembre el Jefe de Gobierno había adelantado su rechazo a la Ley de Acceso a la Información por los gastos que implica la creación de un Consejo de Transparencia, cuya instalación necesitaría 50 millones de pesos.

Manifestó entonces que estaba dispuesto a impulsar la ley sin reservas, pero que se oponía a crear "más burocracia" porque esto significaría invertir recursos públicos y propuso que los integrantes del Consejo no cobraran”.

En Veracruz, recientemente, el gobernador Miguel Angel Yúnez Linares (que ya se va, después de un corto período de dos años), está deshojando la margarita para saber si proscribe (el cual no es Veto Legislativo, reitero) la decisión de los Diputados que aprobaron la Ley de Pensiones del Estado “Jarocho”.

De acuerdo a las declaraciones del Gobernador panista (que antes era priista), tratará por todos los medios jurídicos de evitar un gasto de aproximadamente 2 mil 500 millones de pesos que costaría la creación del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), el cual sería algo similar al Fondo de Pensiones del Isssteson de Sonora.

El Fondo de Pensiones de Veracruz, por lo que entendemos, lo maneja directamente su Secretaría de Hacienda y/o Finanzas.

Pienso que si estas leyes ya están aprobadas en el Congreso del Estado de Sonora, será cuestión de días para que los Cabildos de los 72 Ayuntamientos las sometan a votación con sus Regidores; tal y como ya se hizo este jueves en Ciudad Obregón y Hermosillo.

Y en este sentido, ya no tendría caso investigar cuántos municipios son de un partido o de otro; porque la mayoría pintan de azul o rojo y solamente se ocupan 48 para consolidar lo que este miércoles se aprobó en el Poder Parlamentario.

Lo interesante será, ahora, saber qué tanto beneficiarán o perjudicarán estas Reformas Constitucionales.

El posible desarrollo económico de nuestro Estado, pero principalmente la calidad de vida de los sonorenses, será lo que determine quién o quiénes tengan la razón.