¿Y quién observa a los corporativos?


Por Alberto Vizcarra Osuna



Nadie debería de estar en contra de que se formalicen y estructuren observatorios ciudadanos como el que se acaba de constituir en Sonora con el nombre de Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Como se sabe el comité constituido es parte de la estructura del Sistema Nacional Anticorrupción, que se propone una vigilancia estricta del uso y destino de los recursos públicos y que estos se ejerzan en forma transparente.

                                                                            
          La encomienda es prevenir, detectar, investigar y en su caso sancionar las faltas administrativas de los servidores públicos y los posibles hechos de corrupción. Desde el inicio del sexenio de Miguel de la Madrid quien se hizo distinguir por su lema de la "renovación moral", en 1982, se dio también principio a la creación de mecanismos de vigilancia y control administrativo sobre el gobierno y sus funcionarios. Entonces se creo la Secretaria de la Contraloría General de la Federación, y así se han venido montando entidades orientadas a limitar la posible holgura y discrecionalidad en el ejercicio y administración de los ingresos públicos.


         El inicio de la "renovación moral", está marcado por hechos que no se consideran corruptos: el gobierno de Miguel de la Madrid abrió el camino para que México se quedara sin banca nacional, se sujetara incondicionalmente a los criterios de política económica impuesta por los acreedores internacionales y el Fondo Monetario Internacional; perdiera control sobre su política monetaria con la llamada "autonomía" del Banco de México, desprotegiera su mercado interno con el ingreso al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, al mismo tiempo que se impusieron los candados para que el gasto público dejara de ser factor de arrastre en el desarrollo nacional con el desdichado "equilibrio presupuestal". El resultado de todas estas medidas que han permanecido inamovibles por más de treinta años, es un crecimiento económico prácticamente nulo si consideramos las tasas anuales de desempleo y la emigración de millones de mexicanos a los Estados Unidos.


          Las mismas tres décadas que México se ha ocupado en perfeccionar sus mecanismos anticorrupción son los que la economía nacional tiene sin crecer. El discurso en contra de la corrupción del gobierno sigue ocupando una gran parte de la agenda política nacional y se llega a presumir que resolviendo este flagelo el país resolverá todos sus problemas. Con esta falacia se ha desplazado, casi en forma total, la discusión sobre la disfuncionalidad de la política económica que nos ha gobernado por una generación entera.


          Se avanza en los controles sobre el Estado, mientras que los corporativos privados, tanto nacionales como extranjeros, gozan de holgura plena en todas sus prácticas, incluida la más lesiva sobre la economía que es la especulación financiera ha costa de medrar las actividades productivas y el crecimiento económico. Ahí si no existen mecanismos de observación, menos de regulación, porque entonces aparece el intocable dios del mercado que tiene todos los poderes, incluido el de presumir que es invisible.


           Si no cambiamos esta tendencia, el Estado se hará más débil y los corporativos privados aumentarán su poder. El saldó caminará en la misma dirección: decrecimiento económico y más corrupción.



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