Mal trabajo de García Morales en Gobernación y ahora en Seguridad Pública

 
Este domingo 6 de agosto se cumplieron tres años del derrame de desechos tóxicos esparcidos en el cauce del Río Sonora.

Las promesas de reparación del daño que hizo el Grupo México por los excesos registrados en la Mina Buena Vista del Cobre en Cananea, quedaron incompletas por la desidia y muy probablemente por los actos de corrupción permitidos -y quizá emprendidos- por los funcionarios (y uno que otro delegado) del Gobierno Federal en Sonora.

Durante la sesión permanente del Congreso del Estado, los Diputados Locales de las diferentes fracciones parlamentarias se manifestaron molestos por la evidente anulación del Fideicomiso creado para resarcir los daños en esta región del estado.

Tan clara es la inexistencia del Fideicomiso en cuestión, que sus miembros ya tienen alrededor de un año que no se reúnen.

Javier Dagnino Escobosa, Diputado de los municipios del Río Sonora, fue quien prácticamente “prendió la mecha” durante esta reunión presidida por Emeterio Ochoa Bazúa.

El “Máster” arremetió contra las omisiones del Grupo México al no cumplir a los pobladores sus promesas de resarcir el daño.

De igual forma los diputados locales, Fermín Trujillo Fuentes y Rafael Buelna Clark, también dieron sus opiniones.

Con el cobijo del Gobierno Federal y la complacencia del anterior delegado de la Secretaría de Gobernación en Sonora, Adolfo García Morales, la empresa ha hecho lo que ha querido no solo en estos tres años.

Al mentado “Conito”, por cierto, se le ha señalado por beneficiarse y beneficiar a amigos y conocidos en la repartición de tanto dinero en efectivo (más de mil 250 millones de pesos) muy al principio de esta desgracia ambiental.

Entre tantas promesas que se dijeron muy al principio de este ecocidio y que no se han cumplido, se encuentra la construcción de 28 plantas potabilizadoras de agua (especialmente diseñadas para limpiar el agua de cualquier desecho tóxico), la instalación de tinacos en todos los hogares del Río Sonora y la más importante: la construcción de la clínica que sería instalada en Ures y a la que le llamarían Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental en el Estado de Sonora (UVEAS).

Todo eso, independientemente de los apoyos productivos para las actividades primarias y de comercio que serían incentivadas en esta región, ya sea la agricultura, ganadería y la elaboración de productos regionales como jamoncillo, queso, ponteduros, obleas y demás.

Pero hay algo en lo cual las autoridades estatales han tratado de impulsar en el Río Sonora, con el fin de sacarle provecho a sus bellezas naturales.

Los servicios turísticos.

Nada más que hay un problema.

Mientras no se garantice que el agua está libre de cualquier sustancia nociva para la salud, ningún visitante que vaya a esta región no querrá tomar ni siquiera del garrafón que pudiera estar instalado en un enfriador de un restaurante u hotel.

Por esa razón, no creemos que prolifere mucho la economía en base al turismo.

Es probable incluso, que los pocos -o la regular cantidad- de turistas que visiten a estos pueblos tan bonitos, hasta lleven sus propias botellas de agua purificada para saciar su sed.

A más de tres años de haberse derramado tantos desechos químicos en el Río Sonora, es hora de que el Gobierno Federal presione a Grupo México para que cumpla sus compromisos.

Una forma de presionar, sin duda, es cerrarles la Mina Buena Vista del Cobre.

Porque de ser así, téngalo por seguro que inmediatamente repartirían los 750 millones de pesos faltantes en apoyo a proyectos productivos, además de construir las 28 plantas potabilizadoras de agua y la clínica de Ures.

Nos imaginamos que el actual delegado de la Secretaría de Gobernación, Wenceslao Cota Montoya, no será tan nocivo en manejar la situación, como sucedió con su antecesor.

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La racha violenta que vive Ciudad Obregón y en general todo el Estado, trae preocupados a la gran mayoría de los funcionarios del Gobierno de Sonora y no se diga a los Alcaldes de diferentes municipios.

De igual forma a los más de 3 millones de sonorenses.

Sin embargo hemos visto que pese al esfuerzo de los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y las diferentes Policías Municipales de la entidad, la única instancia que no se ha visto trabajar en pro de la población es la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Adolfo García Morales, quien toda su vida se la ha pasado en la burocracia mexicana y que ahora gana y firma como secretario de Seguridad Pública en Sonora, me informan anduvo de vacaciones con todo y guaruras y le valieron un cacahuate los asaltos, los homicidios y todos los problemas que han surgido por tanta delincuencia en la región.

Tan confirmado fue el receso de esta dependencia estatal, que hasta el equipo de Comunicación Social también “prendió la moto” para tomar sus vacaciones después de tantos meses de andar arriba del convoy -de cuatro o cinco carros- cuidando a García Morales.

Ahora que se supone regresó la burocracia a las oficinas gubernamentales, apareció García Morales anunciando que no firmará ningún documento a todo aquel elemento de cualquier Policía Municipal que no haya acreditado el C3.

Palabras más, palabras menos, el “Conito” dijo que en caso de firmar esa acreditación a los elementos policiales sin haber aprobado todos los exámenes, estaría incurriendo en un delito penal, razón por la cual no quiere ser procesado.

Aclaró, también, que pese a no firmar esa certificación, los elementos policiacos sí podrán seguir trabajando en las calles o en las oficinas.

Pero sin pistola.

Y eso, amigos, como me la pongan, es un aliciente para la delincuencia que ya tiene secuestradas nuestras calles y colonias.

Se nos hace extraño que siendo la Secretaría Estatal de Seguridad Pública una de las dependencias mejor fondeadas económicamente en la estructura gubernamental, no capitalice sus esfuerzos en pro de la comunidad sonorense que ya no siente lo duro, sino lo tupido.

Y eso lo podemos comprobar con tantos robos urbanos, ya sea en las calles con los “bajones” que le dan a los transeúntes, en los domicilios y no se diga en las escuelas del sector básico que para este ciclo de vacaciones sufrió muchos atracos en todos los municipios.

Cierto que el haber despedido a los veladores de las escuelas, fue un error garrafal de parte de las autoridades de Educación de otros sexenios; pero qué bueno sería que esa función la cubrieran los elementos de la Policía Estatal de Seguridad Púbica (PESP) a cargo de García Morales.

O que al menos hicieran rondas de vigilancia.

Porque en lugar de asignar a tantos elementos para la protección personal de funcionarios y de sus familias, estoy seguro que era más conveniente enviarlos a los planteles escolares para asegurar que esos activos fijos no pasaran a manos de los malandros que los malbaratan con compradores de chueco.

Las declaraciones hechas la semana anterior por García Morales, no ayudan en nada a las acciones de seguridad que desean los sonorenses.

Imagínese que a usted lo asalten en la calle o en su casa, y a la hora de hablarle a la policía los elementos le digan que no traen pistola porque no se las autorizó el Secretario de Seguridad Pública.

Entonces, en lugar de que los afectados sean los puros ciudadanos, también vamos a tener que incluir a los policías.

A casi dos años de estar bateando, perdón, encabezando la dependencia más rica del Gobierno del Estado, tal parece que lo único que le interesa a García Morales -en sus reportes- es que la percepción de seguridad pública sea positiva.

Pero lo que vale, realmente, son los hechos y datos concretos.

Y en ese punto estamos amolados.

Por hoy es todo.

Seguimos en la próxima.

Facebook Eugenio Madero Samaniego

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