2018: Los tiempos y las formas



Luis Echeverría fue postulado candidato presidencial del PRI en septiembre de 1969. José López Portillo en septiembre de 1975. Miguel de La Madrid en el mismo mes, pero de 1981. Carlos Salinas de Gortari se fue hasta el 4 de octubre de 1987 y Luis Donaldo Colosio un 28 de noviembre de 1993. Ante la crisis política inédita del asesinato de Colosio, Ernesto Zedillo fue investido candidato presidencial sustituto en abril de 1994.

En 1999, para noviembre ya eran candidatos a la presidencia Vicente Fox, Francisco Labastida y Cuauhtémoc Cárdenas. Felipe Calderón le ganó la interna panista a Santiago Creel en noviembre del 2005, y Enrique Peña Nieto protestaría como candidato del PRI en noviembre del 2011.

Todos los casos mencionados —sin excepción—, semanas después del quinto informe de gobierno de los presidentes. ¿Las razones? Que en menos de un año —antes del sexto informe— hay elecciones para renovar los poderes; que las campañas presidenciales obligan a recorrer el país y los tiempos cuentan; que el aparato electoral es cada día más complicado y complejo; que los gobernadores de los estados cuentan mucho en su acción electoral; y que la disputa por la Presidencia de la República está en los planes de cada uno de los —ahora— nueve partidos políticos nacionales.

Cada uno de los ex presidentes priistas de la República, en su momento deslizaron sus versiones del porqué de las candidaturas de cada uno de los escogidos y las principales razones de su postulación. El presidente Peña Nieto—en entrevista reciente—, esboza a su sucesor como alguien que tenga una visión de México apropiada a los tiempos de reformas en marcha y sobre todo que no tenga carga negativa que le exploten. Sin embargo, el método utilizado para las designaciones, concretamente la facultad “metaconstitucional” de los presidentes, terminó por agotarse.

Los golpes letales al método sucesorio que debilitaron al PRI fueron el henriquismo en 1952, la fractura del partido de 1988, los pleitos posteriores entre presidentes y ex presidentes a partir de 1970 y el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994. En el PAN, ni Fox ni Calderón pudieron ejercer esa facultad —aunque lo intentaron—. Les ganó la presión de los militantes del PAN, que no se dejaron imponer.

En los tiempos de partido hegemónico y casi único, el principal entretenimiento de la clase política —previo al quinto informe de gobierno el primero de septiembre—, era observar detenidamente el estado de ánimo del presidente en su penúltimo informe ante el Congreso de la Unión, porque después y aceleradamente, se venían los tiempos de llamado “destape” del candidato presidencial que, hasta la postulación de 1993, se trataba prácticamente del próximo presidente, o cuando menos hasta ahí duró la percepción popular de un triunfo seguro desde la hora de la postulación.

El sistema político entró en crisis en marzo de 1994 cuando fue asesinado Colosio, que aventajaba con más de 20 puntos en las encuestas sus más cercanos contendientes: Diego Fernández De Cevallos y Cuauhtémoc Cárdenas. El método para decidir la candidatura entró en crisis, porque el presidente Carlos Salinas de Gortari se vio impedido por la Constitución para seleccionar a un candidato de su predilección. Enfrentó la disposición señalada en la fracción VI del artículo 82 de la Constitución, que señala que para ser presidente se requiere: “No ser secretario o subsecretario de Estado, Fiscal General de la República, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección”. Ni Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda ni ningún otro secretario de Estado podían sustituir a Colosio como candidatos, porque no se habían separado del cargo en los tiempos señalados por la Constitución. Quedaban solo como prospectos viables, el coordinador de la campaña de Colosio, Ernesto Zedillo Ponce de León, y el dirigente nacional del PRI, Fernando Ortiz Arana, únicos en cumplir el requisito Constitucional.

Ernesto Zedillo impulsó al final de su sexenio una interna de cuatro en el PRI.El proceso interno de 1999 para competir en la elección del 2000, desembocó en la primera derrota del PRI en elección presidencial desde 1929. De ahí en adelante ya nada fue igual. Avanzó la reforma de las leyes y las instituciones políticas, y se reformaron los procedimientos de postulación de candidatos, buscando que en los procesos internos de los partidos políticos hubiera piso parejo para todos, y que todos los candidatos tuvieran condiciones de participación equitativa en materia de tiempos en medios de comunicación, financiamiento y desarrollo de las campañas políticas, con independencia de su votación.

Los tiempos de las postulaciones ahora están señalados en la legislación electoral y con independencia del método que cada partido político utilice, todos deben cumplir y observar algunas formalidades que le quitan el halo de misterio al proceso sucesorio. Los tiempos de las postulaciones están ahora ya reglamentados y vigilados por los organismos electorales, con la idea de que la competencia política sea equitativa y que no haya quien tome ventaja tempranera sobre el resto de los aspirantes.

Esa legislación ha sido puesta a prueba recientemente por los excesos de los dirigentes nacionales de los partidos Morena y Acción Nacional, que con dos años de anticipación han manejado a su antojo los tiempos oficiales en medios destinados por el INE a sus partidos, al ostentarse lo mismo dirigentes nacionales que aspirantes a la candidatura.

Para estos tiempos, el artículo 225 de la LEGIPE establece que: “El proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del año previo a de la elección y concluye con el dictamen y declaración de validez de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos”. “En todo caso la conclusión será una vez que el Tribunal Electoral haya resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieren interpuesto o cuando se tenga constancia que no se presentó ninguno”.

A partir de ahí, cada partido político, en tiempo y forma y de acuerdo a sus documentos internos, deberá definir, al menos 30 días antes del inicio de los procesos: “el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos a cargos de elección popular según la elección de que se trate” (226.2). Y, además: “Durante los procesos electorales federales en que se renueven el titular del Poder Ejecutivo Federal y las dos cámaras del Congreso de la Unión, las precampañas darán inicio en la tercera semana de noviembre del año previo al de la elección”. “No podrán durar más de 60 días”. (226-a)

Lo que quiere decir que los partidos políticos deberán definir en el mes de octubre los métodos y procedimientos de selección de sus candidatos. La legislación ahora contempla los procedimientos para quienes aspiran a una candidatura a través de los partidos políticos.

También y por primera vez en la historia reciente, para quienes aspiren a la presidencia por la vía independiente. Así, se señala: Art. 368: 1) los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección popular, deberán hacerlo del conocimiento del instituto por escrito en el formato que éste determine. 2) Durante los procesos electorales federales en que se renueven el titular del Poder Ejecutivo Federal y las dos Cámaras del Congreso de la Unión o cuando se renueve solamente la Cámara de diputados, la manifestación de la intención se realizará a partir del día siguiente al en que se emita la Convocatoria y hasta que dé inicio el período para recabar el apoyo ciudadano correspondiente”.

Los plazos establecidos son: 120 días para que los candidatos a la Presidencia de la República obtengan cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 1% de la lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección 90 días para los aspirantes al cargo de senador y el 2 % de las firmas de la lista de electores correspondientes a la entidad. 60 días para la fórmula de diputados de mayoría relativa y el 2 % de la lista nominal correspondiente al distrito electoral en cuestión. Los plazos fatales para el registro de los candidatos están definidos también. El artículo 237 (a) establece que: “En el año de la elección en que se renueven el titular del Poder Ejecutivo y las dos cámaras del Congreso de la Unión, los candidatos serán registrados entre el 15 al 22 de febrero por los siguientes órganos”.

En el caso local, también se registran los tiempos para el registros de los Candidatos: Art. 194 de la ley electoral local, segundo párrafo: “En el caso del registro de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa y representación proporcional, así como planillas para ayuntamientos, el plazo iniciará 20 días antes del inicio de la campaña correspondiente y concluirá 16 días antes del inicio de la misma campaña”. La duración de las campañas: Art. 224 de la LIPEES: “Las campañas electorales se realizarán dentro de los siguientes plazos”:

II. “Para diputados por el principio de mayoría relativa, representación proporcional y ayuntamientos, iniciará 43 días antes de la fecha de la jornada electoral”. Para el caso de las candidaturas independientes, quienes aspiren a convertirse en presidentes municipales y diputados locales por esa vía, deberán recabar el 3% de las firmas de la lista de electores del distrito o el municipio correspondiente.

Ahí están los tiempos y las formas. Solo falta que los principales partidos políticos se pongan de acuerdo. En el PAN se ve muy difícil. Enfrentan una crisis que podría ser peor que la de 1975 cuando no postularon candidato a la presidencia. Morena con la rebeldía de Ricardo Monreal manda la señal de que todavía le falta mucho para ser el partido unido que presumen, y el PRD no encuentra todavía el camino ni para resolver el tema de su dirigencia nacional. El PRI deberá demostrar unidad a la hora de la selección de su candidato y evitar la migración de militantes hacia otras opciones. La tarea para los próximos tres meses.

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