Por: Marco Antonio Andrade Aguirre

andrade.aguirre@hotmail.com

Combatir la corrupción podrá convertirse en el mediano plazo en el país, después del oficio de periodista y de ministerio público investigador de asuntos de narcotráfico y delincuencia organizada, en el trabajo más riesgoso.

Como ciudadanos vivimos en la indignación colectiva generada por uno de los principales flagelos de nuestro tiempo que es la corrupción y la impunidad en sus múltiples modalidades.

Sin embargo, no debemos asumir la corrupción como una condición genética, ni consubstancial a nuestra idiosincrasia, ni tampoco como un problema cultural, ni mucho menos como un fenómeno irreversible.

Es necesario reconocer entonces que la corrupción representa, por definición, una expresión inequívoca de falta de valores éticos originada por una mala educación formativa o por el cinismo social imperante.

No obstante, y aunque evidentemente la corrupción no somos todos, la importancia que representa la participación de los ciudadanos es una lección contundente, como ahora sucede con el apoyo civil a los afectados por los terremotos en la CDMX.

La creación del sistema nacional anticorrupción (SNA) el 2015 fue un acierto de diversas organizaciones de la sociedad civil, cuya iniciativa demostró que la lucha real contra la corrupción transita por la vía de la participación ciudadana responsable, honesta y comprometida de manera desinteresada con una de las causas más sensibles de la sociedad. De allí la esperanza de su funcionamiento y utilidad social.

Por eso la importancia de cuidar y fortalecer sin condiciones personalistas, ni renuncias inducidas o protagonismos pueriles, esta nueva arquitectura institucional que es, esencialmente, un valioso instrumento para promover la agenda de los ciudadanos contra la corrupción gubernamental.

En ese sentido, vale la pena subrayar que no debemos limitarnos a entender la corrupción como el simple enriquecimiento indebido de un funcionario, sino como una pandemia nacional que cada día genera mayor pobreza, desigualdad y marginación de personas que requieren la atención del estado para contener el creciente número de víctimas o damnificados sociales de la corrupción.

EL PRIMER CPC del SEA.

Como integrante de la Comisión responsable de designar al CPC estamos satisfechos del resultado de nuestro desempeño y los resultados obtenidos, no obstante haber revertido la desconfianza y el escepticismo de los ciudadanos como la principal adversidad de un proceso inédito en la entidad.

Logramos estimular la participación y el registro de aspirantes cuando en realidad nadie creía y mucho menos aceptaban como cierto o valido un proceso para designar a ciudadanos encargados de combatir la corrupción. Fuimos escuchados y nos dieron el benéfico de la duda.

Nuestra ruta de trabajo se baso en las directrices de una ley imperfecta e inacabada, cuyas deficiencias fueron superadas por el acuerdo colegiado y la interpretación más favorable para privilegiar la transparencia plena y la máxima publicidad de nuestras decisiones, mismas que fueron adoptadas con el mayor rigor de transparencia, legalidad e imparcialidad requeridas.

Cumplimos la encomienda y el compromiso de seleccionar a cinco profesionistas sonorenses que por su formación académica, trayectoria, experiencia, prestigio y probidad, consideramos, con base en una metodología de nueve variables, los más aptos e idóneos para el cargo.

Sin embargo, también comprobamos que la unanimidad de las mujeres y los hombres públicos en una sociedad tan plural y diversa, cuanto más crítica e informada como la nuestra, es inalcanzable.

Designamos un CPC serio, profesional y multidisciplinario a partir de ponderar el perfil y la idoneidad de cada uno de sus miembros. Lo preside un experto en programación presupuestal, diseño de políticas públicas y evaluación del desempeño de gobiernos y funcionarios.

Además, un académico doctorado en historia y desarrollo social, impulsor de la participación ciudadana y promotor de los derechos humanos. Otro es especialista en análisis sociopolítico, evaluación legislativa y medios de comunicación.

También a una experta en sistemas estadísticos, medición y conocimiento científico de nuestras realidades socioeconómicas. Incluyendo a una especialista en regulación normativa en materia de transparencia, acceso a la información, datos personales y régimen de responsabilidades de los servidores públicos.

EXPECTATIVAS Y DESAFIOS.

1) Construir un liderazgo institucional propio para garantizar una relación abierta, eficaz, productiva, creíble, confiable y transparente ante la sociedad. 2) Fomentar el dialogo con los ciudadanos, las organizaciones civiles y académicas para configurar una agenda de trabajos respaldada por el consenso público. 3) Proponer nuevos mecanismos de control presupuestal y transparencia del gasto público con conocimiento informado, supervisión y legitimación de la sociedad civil. 4) Reivindicar  la importancia y el prestigio de las instituciones ciudadanizadas. 5) Acreditar un funcionamiento autónomo e independiente del poder, de los grupos de interés y de los factores políticos. 6) Publicar Informes trimestrales en la Plataforma Digital del SEA de la Fiscalía Anticorrupción, de la Secretaria de la Contraloría, de los Órganos de Control Municipal y del Tribunal de Justicia Administrativa.

Este primer CPC representa una expectativa. Esperamos que a partir de sus resultados se convierta en una realidad que logre estimular la participación ciudadana y encause el humor colectivo de los sonorenses para controlar, disuadir y sancionar, pero en serio, la corrupción.

Ojala no olviden que los corruptos, aunque sean pocos o muchos, son falibles.

Salud.