Dinero y pluris: la pobreza del debate

La mayoría de los dirigentes políticos nacionales se han enfrascado en un debate que –quizá– le dé gusto a las graderías, pero casi nadie de ellos –por interés, por omisión o por ignorancia, vaya usted a saber–, repara en los efectos colaterales de un debate flojo e inducido.

 

Efectos, tanto para el sistema político como para el esquema general de entendimiento y coincidencias políticas entre agrupaciones, liderazgos y partidos políticos, que en los últimos 71 años han construido –entre todos– esa parte del sistema mexicano con las reformas de 1946, 1953, 1963, 1973,1977,1987,1990,1996 y 2014.

 

Ha sido la construcción de ese complejo andamiaje legal político y administrativo el que ha servido para atenuar y  resolver el conflicto post electoral, lograr la paz política después de las elecciones e integrar la representación política nacional y estatal a través de procesos legitimadores de la voluntad popular.

 

Porque tanto el sistema de financiamiento a los partidos políticos, como la creación del sistema de representación proporcional han sido obra de los gobiernos, la sociedad y todas las fuerzas políticas nacionales representadas en el Congreso de la Unión a través de los años.

 

Todos han participado y todos han puesto de su parte para que el actual sistema electoral funcione así. Que nadie se de golpes de pecho ahora.

 

Entre 1929 y 1960, por más de treinta años, el sistema político no encontraba la ruta de la credibilidad de las elecciones.

 

Funcionaba bajo el esquema del partido mayoritario y casi hegemónico, con una serie de interminables movilizaciones sociales y conflictos políticos. Las minorías, por omisiones legales o por la cerrazón del sistema no estaban representadas adecuadamente en las diversas instancias de poder: La política disidente se hacía en otras partes: violencia y politización en las calles, en el monte a través de los grupos guerrilleros, o en las instituciones de educación superior.

 

Durante años, la cerrazón, la represión y el abuso fueron parte del recetario político con el que el gobierno trató de resolver. Así, la forma violenta e ilegal en el abordaje de los conflictos terminó por agotarse.

 

Diez años después del voto a las mujeres (1953) en 1963, se crearon los “diputados de partido” para asignarle representación a aquellos partidos políticos que, aun logrando buenos niveles de votación, no podían acceder ni a las cámaras federales y locales ni a los ayuntamientos.

 

Los diputados de partido eran cinco para cada uno de los que obtuvieran el 2.5% (en 1972 se redujo al 1.5%) del total de los votos en las elecciones y uno más por cada 0.5 % adicional de los votos hasta un límite máximo de 20 diputaciones.

Con la creación de esa figura, tanto el PAN como el PPS y el PARM pudieron acceder a la representación nacional a través del Congreso.

 

La crisis política de 1975 originada por el conflicto interno del PAN, que no logró postular candidato presidencial, dio pie a la convocatoria del gobierno de José López Portillo para la reforma política de 1977 –aplicada para la elección de 1979– donde se introdujo un sistema de representación mixta (mayoría relativa y representación proporcional)  con 100 nuevos diputados de R.P. y permitió el ingreso de nuevos partidos de oposición. En 1986 se amplía el número de diputados pluris de 100 a 200.

 

A esas grandes reformas siguieron las de los años noventa, con la creación del IFE, la CNDH y el Tribunal Electoral, que contribuyeron a bajarle la presión social y política a los procesos electorales.

 

Con el tiempo, y de 1996 en adelante, la representación nacional se integró en más de 20 partidos y las Cámaras de 196 a 500 diputados federales (300 de mayoría y 200 de representación proporcional) y de 64 a 128 senadores (dos por estado, uno el mejor perdedor y uno más de lista presentada por los partidos políticos.

 

También la pluralidad le llegó a los Estados y a los Ayuntamientos que vieron enriquecer el debate y la participación con otras expresiones.

 

Ninguna de las fuerzas políticas en juego se opuso a dichas reformas, y cuando se dio paso al financiamiento de los partidos políticos a través de una reforma del artículo 41 constitucional, tampoco se opusieron.

 

La norma constitucional al respecto ha sido muy clara:

Artículo 41 frac. II: “La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado”.

 

“El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico”.

 

La Ley General de Partidos Políticos aprobada apenas en 2014, establece en el artículo 50: “1.- Los partidos políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento público que se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido en el artículo 41, base II de la Constitución, así como lo dispuesto en las Constituciones locales”.

 

2.-“El financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y será destinado para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para actividades específicas como entidades de interés público”.

 

Y el artículo 52 de la misma ley establece: “1.- Para que un partido político nacional cuente con recursos públicos locales deberá haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral local anterior en la entidad federativa de que se trate” Y 2.-“Las reglas que determinen el financiamiento local de los partidos que cumplan con lo previsto en el párrafo anterior se establecerán en las legislaciones locales respectivas”. Para reformar la Constitución se requiere del voto de las dos terceras partes de los legisladores y ningún partido cuenta con ellas. Además, de aquí al 2018 y por disposición Constitucional (Art.105) no puede haber reformas (tres meses antes del inicio del proceso) que incidan en el proceso electoral próximo.

 

El problema del financiamiento a los partidos pudiera ser la punta del iceberg de la crisis actual de los partidos políticos y los organismos electorales, en lo relativo a la credibilidad, en parte  por los altos costos de los procesos electorales, los altos presupuestos del INE considerando que año electoral solo es uno cada tres años, el derroche de algunos partidos en gastos publicitarios y nóminas muy infladas, y la corrupción de sus dirigencias que no han escatimado esfuerzos por demostrar a cada rato que las designaciones de las autoridades electorales –incluidos los Consejeros–, en lo federal y lo estatal se ha hecho conforme a recomendaciones y “cuotas” partidistas, dando lugar a la llamada “partidocracia” que han llegado incluso hasta la disputa de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y los miembros del Tribunal Electoral.

 

Pero de ahí, a que prospere el  retiro por completo el apoyo financiero a las organizaciones políticas y desaparezca la totalidad de cargos de representación proporcional o plurinominales hay una gran brecha.

 

Ninguno de los partidos políticos cuenta con las dos terceras partes en ambas cámaras como para promover una reforma constitucional que elimine el financiamiento partidista y borre de un plumazo la figura de la representación proporcional. Tampoco existe consenso al respecto porque la representación proporcional para algunos partidos sigue siendo la única vía de acceso a cargos de representación política.

 

Eso sí, deben reducir los montos del financiamiento del proceso electoral y las asignaciones financieras a los partidos políticos pero no eliminarse.

 

Se debe reducir el número de Legisladores que llegan por la vía de la representación proporcional, pero no desaparecer la figura.

 

El dilema no deja lugar a dudas: ¿Quién se haría cargo del financiamiento de los partidos políticos en caso de que se suspendiera el financiamiento público? Los grupos privados, el hampa organizada y los poderes ilegales se harían del control de los partidos vía el financiamiento y determinarían con eso los rumbos y las candidaturas. También el rumbo de las elecciones y el poder político como sucede en algunos municipios.

 

En los hechos, una regresión al pasado y una enorme corrupción por la falta de claridad en las asignaciones financieras y su utilización.

 

¿Y la eliminación de la representación proporcional? Otra regresión que nos metería en un callejón sin salida ante la ausencia de representación de las minorías que buscarían otras vías para hacerse oír.

 

En ese tema, se hace necesaria la reducción en la cantidad de representantes que llegan por la vía de la representación proporcional (100 diputados federales y 32 senadores). El mecanismo se ha viciado por la tendencia de las dirigencias partidistas de entregar posiciones a familiares o a liderazgos desprestigiados que se han eternizado en los cargos, y brincan de un lugar a otro a costa se la credibilidad de las organizaciones.

 

Por eso, en estos tiempos, la crisis de los partidos—que es universal—, prende y corre el riesgo de radicalizarse. En eso no han pensado los dirigentes partidistas que aparecen como enajenados por los ataques.

 

¿Quién defiende a la política y a los partidos en éste momento de la historia de México? Al parecer nadie, lo peor es que ni los propios dirigentes nacionales, ya que  mientras más los presionan más caen en la auto-inmolación. Mientras más les atacan, más ceden y le dan gusto a los grupos de presión que embozados estimulan el ataque y las descalificaciones hacia la política y los partidos cargándoles la mano de cuanto problema se presenta en México.

 

Construir el andamiaje político y jurídico para salir de varias crisis políticas que amenazaron la estabilidad de México llevó muchos años y muchas penalidades y sacrificios. Destruirlo de un plumazo sería muy fácil. Por eso aquí bien vale la pregunta. ¿Quién o quienes ganan? A ciencia cierta no lo sabemos, pero si sabemos quienes pierden…o pudieran perder. Cuidado.

 

bulmarop@gmail.com

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