Tras la publicación de los resultados del Índice de Paz México 2025, el Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Sonora expresó su preocupación por el impacto económico que representa la violencia en la entidad, destacando que, más allá de los indicadores de percepción y criminalidad, las consecuencias financieras constituyen un obstáculo estructural para el desarrollo económico y social del estado.
De acuerdo con el informe elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), en 2024 Sonora registró un impacto económico de la violencia estimado en 150 mil millones de pesos, lo que representó un incremento del 3% en comparación con el año anterior. Esta cifra posicionó al estado como la duodécima entidad con el mayor costo económico de la violencia a nivel nacional.
El Comité enfatizó que el impacto económico por persona en Sonora ascendió a 46 mil 695 pesos, ubicándose como el octavo más alto del país, por lo que esta carga, señala el organismo, refleja no solo los costos directos asociados a los delitos, sino también las pérdidas productivas, la inversión desviada hacia seguridad privada, y los efectos colaterales en sectores clave como el comercio, el turismo y la inversión pública.
En un análisis integral de los datos del IPM, el Comité destacó que, si bien hubo una leve mejora en la calificación general del estado, pasando de 3.33 en 2023 a 3.27 en 2024, dicha variación resulta insuficiente para contrarrestar el deterioro acumulado durante los últimos años, pues desde 2019, Sonora ha enfrentado un incremento sostenido en distintos indicadores de violencia, alcanzando su punto más crítico en 2021.
El informe indica que los principales factores que contribuyen a esta situación son el miedo a la violencia, con una calificación de 4.1 de 5.0, le siguen los homicidios con 3.6, los crímenes relacionados con la delincuencia organizada con 3.1 y los delitos cometidos con armas de fuego, con 2.6.
El Comité consideró que el impacto económico de la violencia debe ocupar un lugar central en la agenda pública, ya que limita la capacidad del estado e impide el crecimiento económico sostenido y la atracción de inversión.
En comparación con otras entidades, Sonora se encuentra en un nivel intermedio-alto tanto en percepción de inseguridad como en afectación económica, mientras que estados como Yucatán o Tlaxcala presentan niveles de paz más consolidados, otras entidades como Colima y Guanajuato muestran cifras aún más críticas, particularmente en homicidios y crímenes de alto impacto.
Finalmente, el Comité Ciudadano de Seguridad Pública reiteró su llamado a las autoridades estatales y federales a fortalecer la estrategia de prevención, con políticas públicas orientadas a reducir los factores estructurales de violencia y a priorizar la inversión en mecanismos de justicia, rendición de cuentas y desarrollo social, con el objetivo de reducir el alto costo económico que ésta representa para la sociedad sonorense.
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