Entretelones
Samuel Valenzuela
Samuel Valenzuela
Era creciente la incertidumbre entre proveedores y trabajadores y era evidente la gradual suspensión de las obras ya casi en el abandono y este martes, junto a representantes de empresas constructoras y transportistas bloquearon las vías del tren de Ferromex a la altura del kilómetro 18 al sur de Nogales, impidiendo el paso de convoyes que transportan mercancía y vehículos de exportación con destino a Estados Unidos.
Durazo en el túnel.
Y de forma paralela bloquearon parcialmente el tránsito de la carretera 15 en el acceso sur de la fronteriza comunidad para exigir el pago de más de cuatro mil millones de pesos por trabajos ya realizados durante el último año e incluso del último trimestre de 2024, en un entorno que reconfirma la falta de liquidez presupuestal del libramiento ferroviario Ímuris-Nogales a cargode la División de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa.
En esto va la megaobra ferroviaria conocida como “El Tren Fantasma” por la opacidad de su desarrollo, que promete transformar la conectividad entre Sonora y Arizona, como puerta logística a Estados Unidos, de los miles de contenedores a través del rehabilitado y modernizado puerto de Guaymas, obras que, dicho sea de paso, también están en pausa.
Seguramente esas metas permanecen, pero su cumplimiento parece postergarse para tiempos mejores, toda vez la tacañería presupuestal del gobierno de la presidente Sheinbaum para proyectos presuntamente consentidos de su antecesor ahora residente de La Chingada y que con tanto fervor gestionó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.
Obra inconclusa.
Por cierto, de reconocerse la oportuna y eficaz intermediación del mandatario estatal para el levantamiento de los bloqueos de la carretera 15 y las vías del ferrocarril, que de acuerdo con el cronograma inicial de las obras ya no deberían pasar trenes por ahí y en estos momentos se estaría construyendo un parque lineal y ambicioso complejo de áreas verdes y de entretenimiento.
Pues no se pudo y no se puede, porque como se sabe, el presupuesto asignado para esa obra en el presente ejercicio fue de 480 millones de pesos, de un techo de costo original de siete mil millones de pesos en 2023 pero que ya van nueve mil millones y en la reevaluación más reciente, se calcula un costo total estará entre los 12 mil y 17 mil millones de pesos.
Por lo pronto, de acuerdo con versiones periodísticas, con la coadyuvancia de Durazo Montaño, representantes de los trabajadores y de empresas constructoras y logísticas acordaron levantar los bloqueos, dado el compromiso de que antes del sábado próximo se cubrirán adeudos a trabajadores y a empresas con adeudos menores, en tanto que las grandes deudas quedan a cargo de la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal.
Obras en pausa.
A lo largo de los últimos meses esos compromisos de pago no se han cumplido y por eso la suspensión gradual de ese proyecto hasta quedar prácticamente paralizado desde hace unos tres meses, con la buena noticia de la asignación presupuestal “suficiente” para reactivar su construcción en 2026, aunque está por verse, dado que primero deberán pagar con dicho presupuesto 4 mil millones de pesos de deudas, a proveedores, trabajadores, empresas constructoras y transportistas de carga.
Por otra parte, señalada por el gobierno de Estados Unidos junto a dos más instituciones financieras de lavar dinero para el Cartel de Sinaloa, a Vector Casa de Bolsa le fue revocada la licencia de operación por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Propiedad del empresario regiomontano Alfonso Romo, quien fuera consejero económico y jefe de la Oficina de la Presidencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, lo cual dio relevancia política y económica a la institución financiera.
Ante las acusaciones de las autoridades estadounidenses, Vector, Intercam y CIbanco fueron intervenidas por la CNBV para intentar garantizar sus operaciones; sin embargo, experimentaron la pérdida de clientes y salida de recursos, con lo cual comenzaron a diluirse dentro del sistema financiero mexicano sin mayores consecuencias, tal como ocurre en México en esas situaciones.
Alfonso Romo.
Dado el irremediable daño reputacional causado por los señalamientos del gobierno estadounidense por su presunta asociación financiera con el crimen organizado, a principios de octubre pasado Romo transfirió o vendió cuentas y activos a la casa de bolsa Finamex y cuento acabado.
De igual forma ocurrió con en el caso de Intercam, al vender casi la totalidad de su operación a Kapital Bank, mientras que CIbanco, vendió su negocio fiduciario a Multiva y su cartera de crédito automotriz a Bancoppel y también cuento acabado sin ninguna consecuencia para quienes abrieron sus puertas al dinero de carteles del narcotráfico.
Debe ser agobiante para la presidente Claudia Sheinbaum el brote de tanta evidencia relativa a la infiltración del crimen organizado en importantes estratos del gobierno como es el caso, así como la participación de altos mandos de la Marina Armada de México en el tráfico de combustibles a gran escala, también con ligas en el tráfico de drogas y de armas.
Claudia Sheinbaum.
Ahí está el tema de La Barredora y las implicaciones no aclaradas del senador Adán Augusto López en dicha trama delicuencial, y la más reciente, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, aliada de su gobierno y MORENA como el brazo extorsionador de grupo del crimen organizado en Durango, Coahuila y Sonora, solo por mencionar a algunos estados del país.
A todo ese entorno de sospechas se agrega la revocación de visas de presidentes municipales militantes del partido oficial particularmente en jurisdicciones fronterizas, como son los casos en Sonora de Francisco Gim, de Nogales; César Iván Sandoval, de San Luis Río Colorado, así como al exalcalde Santos González y su hijo Alejandro, agente fiscal en esa frontera, y Óscar Eduardo Castro, alcalde de Puerto Peñasco, más los que se agregan como funcionarios de mediano pelo en esos ayuntamientos.
Son tantas las evidencias, que pudieran validar la percepción social cada vez más mayoritaria de que en México hay un narco estado y que hasta ahora han sido insuficientes los esfuerzos de la presidente Sheinbaum para contener dicha tendencia y por eso el gobierno gringo nos tiene en la mira.
César Iván Sandoval.
Y esos insuficientes esfuerzos derivan en impunidades dada la lenidad del sistema de procuración e impartición de justicia en el caso de perfiles ligados al morenismo, cercanos al residente de La Chingada, o por complicidades en Palacio Nacional, quienes solo por eso se encuentran blindados de cualquier consecuencia judicial a pesar de sus corruptelas.
Y todo indica lo insostenible la patraña orquestada por el incompetente fiscal anticorrupción de Sonora Mauricio Ignacio “Segalmex” Ibarra Romo en contra de exfuncionarios de la SEC ahora sujetos de abusos de parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
La causa para justificar el acoso judicial no tiene pies ni cabeza y abundan detalles de la improvisación, simulación y farsa que irremediablemente obligarán al desistimiento de las injustas acciones en contra de Víctor Guerrero y otros indiciados.
