Waldo’s

Entretelones
Samuel Valenzuela

Samuel Valenzuela

Desde el mismo 2 de noviembre pasado por la noche, el gobernador Alfonso Durazo Montaño se mostró categórico y decidido a ir hasta las últimas consecuencias en el proceso de procuración e impartición de justicia para las 24 víctimas del terrible incendio en la tienda Waldo’s en el centro comercial de Hermosillo.

Para los comunes mortales e impacientes ciudadanos dicho trámite ha sido lento, porque a más de dos meses de la tragedia, apenas se ha imputado “de manera diferenciada a ocho personas físicas y a la persona moral, por los delitos de homicidio culposo, aborto, lesiones y daños, además, uso de documento falso e incumplimiento de un deber legal”.

Principales responsables.

Lo anterior de acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General de Justicia del Sonora, luego de una audiencia de casi 18 horas, al saberse además de ninguna sanción de pena corporal, toda vez que el Juez resolvió medidas cautelares distintas a las de la prisión preventiva justificada para los imputados, al acreditarse en la audiencia la existencia de arraigo por parte de éstos; además de haberse presentado voluntariamente a la audiencia; que no existe riesgo para las víctimas u ofendidos; ni la posibilidad de obstaculizar la investigación, dictando las siguientes medidas cautelares.

Se habla también de dos de las 24 personas inicialmente imputadas se dieron a la fuga, sin tenerse sus identidades y que José Luis Alcalá Bernal, representante legal de la empresa fue el único al que el juez resolvió imponer prisión preventiva justificada, aunque dicho acto no fue ejecutado porque el directivo de la empresa siniestrada se presentó amparado a la audiencia.

A dicho sujeto se le imputó realizar trámites legales a nombre de la empresa ante las autoridades municipales utilizando documentos falsos para obtener permisos, cometiendo los delitos de uso de documentos falsos e incumplimiento de un deber legal, sumado a otras conductas omisas en las que en su carácter de representante legal debió de haber observado.

En otras palabras, es el principal responsable de la tragedia y con él arrastró a funcionarios estatales y municipales a quienes engañó con documentación alterada y falsa, porque en el ejercicio de sus funciones no se pusieron las pilas y actuaron con mayor rigor en la revisiones e inspecciones del establecimiento, actos protocolarios que al parecer ni siquiera se realizaron, toda vez las habilidades para el engaño de Alcalá Bernal y a las posibles mochadas que distribuyó.

Joaquín Rodríguez V.

En resumen, siempre de acuerdo con información oficial, en este asunto existen otras tres personas con órdenes de aprehensión ejecutadas que deberán comparecer en audiencia el próximo 29 de enero, aunque no se saben sus identidades; “otros 12 individuos judicializados cuentan con suspensiones derivadas de juicios de amparo y que hasta el momento se encuentran en espera de que el juzgado los cite para la celebración de la audiencia de formulación de imputación, a los que se suman dos personas que en este momento se encuentran evadidos de la acción de la justicia”.

Pues algo es algo frente a un proceso que seguramente va para largo dado los recursos de defensa que la ley ofrece a imputados de cualquier delito lo cual se complementa con las naturales incapacidades del Ministerio Público para sustentar los casos, realidad que para nada cambia la pose de gesto severo usual del fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez.

Lenta la justicia en Waldo’s

Sin que esto implique limitaciones del mencionado y a sabiendas de la confianza que le tiene el de Bavispe, desde nuestra modesta perspectiva la mejor forma de dar celeridad al caso y satisfacer la determinante voluntad del gobernador Durazo para hacer justicia sin dejar ningún resquicio de duda, debe proponerse a la Fiscalía General de la República ejercer su facultad de atracción en un caso que obviamente rebasa los límites del fuero común por la evidente colusión de la Comisión Federal de Electricidad en la cadena de omisiones que permitieron a esa tienda operar en condiciones irregulares y riesgosas.

Sabíamos que en los espectaculares operativos del 23 y 24 de diciembre pasado fueron detenidos el citado Alcalá Bernal, Jesús Ángel Romero Córdova, Emanuel Valenzuela Tapia, Juan Manuel González y Armando Castañeda Sánchez, quienes fueron puestos en libertad el 26 de diciembre, aunque en la audiencia de este martes se determinó que llevarán el proceso en libertad.

Violencia al nororiente.

Suponemos que los dos en fuga son José Martín Minoro Balvanera y Alberto José Galante, propietario y alto directivo de la empresa siniestrada respectivamente, resultando embarrados 21 personas más, como son los casos de Carlos Jesús Arias, Flor Ayala, Astarté Castro, Fernando Morales, Lissette López Godínez, incluido Joaquín Rodríguez Véjar, a quien ni por su trayectoria como hombre de bien y de su edad le tuvieron consideración, entre otros servidores públicos del Estado y del Municipio de Hermosillo.

En la mayoría de los casos, su vinculación a proceso fue por Incumplimiento de un Deber Legal y Homicidio Culposo y aunque sus omisiones permitieron que la tienda operara, el juez consideró que no hay riesgo de fuga inminente. Sin embargo, tienen prohibido salir de la ciudad y deben presentarse a firmar cada semana mientras sigue la investigación, aunque en algunos de ellos se dictó medida cautelar y están suspendidos temporalmente de sus cargos, además de pagar fianza.

Persecución y detención.

Mientras tanto, algo se rompió en el siempre complejo e indefinido sistema operativo de las bandas del crimen organizado, lo cual impacta de manera importante el estado de ánimo de habitantes de comunidades del sector nororiente de Hermosillo.

Desde la noche del martes y la madrugada de este miércoles, ha sonado a lo lejos la metralla de forma esporádica, lo cual en principio pudieran considerarse remanentes de desfiguros coheteros de festejos recientes, no resultó difícil establecer se trata de armas de fuego, ametralladoras y pistolas.

Se sabe que San Pedro y comunidades aledañas como La Victoria, Zamora, El Tazajal, El Tronconal, Molino de Camou, entre otras, no son peritas en dulce en la materia que nos ocupa, pero durante el largo tiempo de vivencia por estos rumbos, nunca nos había tocado saber de tamaños estropicios y como que se llevaba la fiesta en paz.

Miren, fue espectacular la movilización de unidades de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, de la Policía Estatal Preventiva, de la Policía Municipal, guardia nacional y demás, durante la mañana, con estrictos retenes en los cruces de la carretera a Ures y Pesqueira, con el Tronconal y San Miguel de Horasitas, sin que hasta el momento haya información oficial creíble al respecto.

Carlos Alberto Flores.

Sí, en efecto, el director de la AMIC, Carlos Alberto Flores, informó este mediodía de una persecución y detención de un sujeto “generador de violencia”, pero la magnitud del operativo y los antecedentes de la noche anterior y en la madrugada de este miércoles y la comunicación oral entre vecinos del rumbo, muestran algo más grueso y más allá de un operativo para detener a una persona que hace un año pretendió quitar la vida a otra.

Como sea, quienes vivimos por estos rumbos y estamos atentos a nuestro entorno tuvimos una mala noche y peor la tuvo nuestro feroz perro guardián “El Choco”, cuya valentía se esfuma al escuchar cohetes o disparos de armas de fuego, casi, casi como ocurre con su amo o sea este reportero.

Urge se restituyan los acuerdos de convivencia y comercialización civilizada de sus porquerías entre bandas del narco de esta región, para que sus diferencias no interfieran en la interacción de la gente decente de por estos rumbos, y en esta urgencia se incluye a representantes de las fuerzas del orden en sus distintos niveles, porque mucho tienen qué ver en esos negocios.

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