Rubén Rocha Moya solicita licencia como gobernador de Sinaloa tras investigación de la FGR y señalamientos de EU

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia temporal al cargo luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) abriera una carpeta de investigación en su contra, derivada de señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El mandatario informó que presentó la solicitud ante el Congreso del Estado de Sinaloa con el objetivo de separarse del cargo mientras se desarrolla el proceso legal. La decisión ocurre en un contexto de presión política y atención nacional por el caso.

“Informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador, mientras dure el proceso de investigación, y lo hago desde mi profunda convicción republicana”, señaló.

Rocha Moya afirmó que su separación permitirá que las instituciones de justicia actúen “con autonomía y sin presiones políticas”.

La FGR inició las indagatorias después de que autoridades estadounidenses incluyeran al gobernador en un expediente relacionado con presuntos vínculos con el crimen organizado. En particular, fiscales federales en Nueva York habrían solicitado su captura con fines de extradición, junto con otros funcionarios, por supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa, organización señalada por tráfico de drogas hacia Estados Unidos.



Hasta ahora, autoridades mexicanas no han informado detalles adicionales sobre el avance de la investigación ni sobre el estatus procesal del mandatario.



El gobernador rechazó las acusaciones y las calificó de “falsas y dolosas”. Sostuvo que su trayectoria pública respalda su actuación y aseguró que enfrentará el proceso conforme a derecho. “No he traicionado la confianza de la ciudadanía”, afirmó.

La solicitud de licencia deberá ser analizada y votada por el Congreso local. En caso de aprobarse, el Poder Legislativo designará a quien asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo estatal mientras se resuelve la investigación.

El caso mantiene abiertas líneas de indagatoria tanto en México como en Estados Unidos y ha generado reacciones entre actores políticos y sociales en la entidad.

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