+ Tenían dos meses sin agua potable y bloquearon la carretera; el propio gobernador debió intervenir para solucionar conflicto ignorado por CEA; acceso a playas es obligación legal, recuerda la alcaldesa; terrenos adjuntos tienen dueño hace décadas
Agustín Rodríguez L.
GUAYMAS, Son. – La crónica de una crisis anunciada se dio en Santa Clara, Comisaría de San Carlos, en el norte, donde los residentes bloquearon la supertransitada carretera federal 15 de al lado, por una sencilla razón: no tenían agua potable… desde hace dos meses.
Crisis que pudo resolverse, pero 5 años de omisión lo impidieron y de nuevo fuimos noticia nacional, por un problema que podría alejar la inversión y por dejar atrapado el tránsito vehicular en una de las vías más importantes del país.
Citas perdidas, horarios incumplidos, negocios cancelados o retrasados. Millones, el costo en una fila de kilómetros, por ignorar un problema que data, precisamente, de hace dos meses, cuando Jesús Fajardo, productor de San José de Guaymas, puso fin a un acuerdo para que la Comisión Estatal del Agua CEA dejara de allanar su predio.
Es que se perforó un pozo dentro, condicionado a una renta mensual incumplida, de lo cual hace 5 años. Por la importancia del agua para la comunidad, Fajardo aguantó la omisión, pero todo tiene un límite. Cerró el acceso al predio y ya no hubo pozo.
Pero tampoco arreglo. El titular de CEA, César Granich, cercano a los afectos del gobernador Alfonso Durazo, no pensó bien el efecto de suspender el suministro de 60 litros por segundo.
Debió presentarse la alcaldesa Karla Córdova a conciliar, con sus ya adquiridas tablas en 4 y medio años en el cargo. Lo logró, pero no está en sus manos la solución.
Lamentablemente, tampoco en las del señor Granich, quien acudió solo para confirmar que la gente ya no le cree al organismo y ahora tampoco a él, por olvidar arreglar el problema, así que apareció la artillería: el propio gobernador del estado intervino, al escalar la dimensión.
Estableció contacto telefónico con la gente a bocina abierta: “Habla Alfonso Durazo… soy el gobernador. A ver, cuéntenme, cuéntenme…”.
Y le platican. Captó desesperación, escuchó quejas y comprometió la solución inmediata.
Pide que le comuniquen “al director” de la CEA, el señor Granich, quien refleja mucha confianza entre ellos al tomar el teléfono y saluda sin protocolo: “Buenas tardes, Alfonso”.
“A ver César, ¿Cuál es el problema, por qué no tienen agua?”, cuestiona el mandatario. La repuesta increíble fue, “salió de funcionamiento el pozo que está aquí, en El Valiente” --ni la cantidad que aportaba supo precisar--, “por un tema de un litigio”.
El gobernador Durazo sabe de sensibilidad, de lo que la gente padece, por eso no se aguantó y reprocha: “no, a ver, César, no puede ser que por un litigio dejen sin agua a una comunidad. O sea… ¿Por qué no me informaste?”.
“Te paso el reporte”, dice ya nervioso el señor Granich.
Y ¿Cuál es el litigio, César?, interroga el gobernador, con igual respuesta confianzuda: “te hago llegar la información”.
La gente tenía la información de que el señor Fajardo no permitía abrir la válvula, cosa parcialmente cierta.
El pueblo tiene derechos, así que el gobernador aguantó, fue calmando ansias y relajó la tensión al señalar que, en ese momento, no conocía del tema, pero “si es eso, que el señor no deja pasar a abrir la válvula, ahorita va la policía y la abre”.
Siguen quejas e incredulidad, pero reitera: “a ver, soy el gobernador del Estado y aquí estoy, personalmente, pendiente”, y deja claro, “soy responsable de la CEA y yo los voy a mover… ahorita… la CEA se va a mover y se va a mover el gobierno del Estado”.
Se movió y hubo agua, “en tanto resuelvo de fondo para que nos les vuelva a faltar”.
Pide de nuevo hablar con Granich, quien toma el celular y se aleja. Alfonso de la Torre, su segundo, reanuda la interacción.
Se acuerdan con la alcaldesa retirar el bloqueo y CEA, rebasada, sufre la pena de necesitar que el gobernador en persona resuelva lo que su titular no pudo.
Hace un mes escribí del tema, pero nada avanzó. Hay quienes ignoran los reclamos populares expuestos públicamente, hasta que ven estallar la inconformidad como ocurrió en Santa Clara.
Resta definir cómo sustituir o recuperar los 60 litros que dejaron de llegar a las tuberías porque Fajardo cerró la llave. Lo hizo, sí, pero porque CEA, omisa 5 años, respondió con un litigio.
Viene el verano y urgen soluciones. La buena noticia es que el gobernador del Estado se hará cargo de resolver lo que CEA no puede.
LA ALCALDESA NO VENDE PLAYAS
Este jueves la alcaldesa Karla Córdova se reunió con comunicadores y soltó mucha información.
De entrada, que el lunes –trabajarán por la noche, para reducir molestias—inicia la rehabilitación de la calzada García López, que cruza la ciudad y que está pésima. Sustituirán la carpeta en dos etapas, la primera de 22 millones de pesos.
Ya debía ir avanzada, pero fugas de agua y drenaje lo evitaron. Todos circulamos por allí, a todas horas, dice la alcaldesa, por eso se dijo satisfecha de confirmar la obra.
Luego habló de las playas, porque ya no siente lo duro, sino lo tupido, cuando la acusan de privatizarlas, lo cual jamás haría resalta, con el añadido de que “eso ya lo hicieron otras personas”.
Cierto. Es la historia de cada trienio en el ayer, cuando alcaldes y funcionarios delinquían al amparo del cargo y se castigaba al Ayuntamiento, no a la persona, lo que ahora cambió, por eso alcanza más el dinero.
El caso es, no puede pasársela contestando información que llama falsa, pero quien calla otorga, por eso explicó todo lo que se debe hacer para autorizar una obra, más si se hará en la playa, donde ninguna es privada por disposición legal. El ayuntamiento promueve agilizar la inversión, pero cuidando escrupulosamente cada paso.
Resalta la facultad de Semarnat en la franja costera y la instancia autoriza ciertas actividades, sin limitar acceso. Integra un expediente robusto y tarda, por la exigencia de requisitos. Solo entonces se puede construir u operar.
Describe la historia donde aparece el visionario fundador de San Carlos, Rafael T. Caballero, quien en 1966 gestiona y se establece el fundo legal, para que en 1974 se otorguen títulos sobre la tierra en el área y comienza el desarrollo turístico.
Ahora, con más regulación, se dificulta más desarrollar sin permiso y sin cumplir reglas. Solo hay licencia de uso de suelo si la actividad a realizar es compatible. Ni el “ya invertí” es justificante.
Y el punto: Piedras Pintas no privatiza. La playa mantendrá libre acceso, entre los suelos adjuntos que tienen dueño desde hace casi 8 décadas. Hoy pertenecen a conocida familia dedicada al desarrollo turístico y sus asociados. Ellos construyen, pero cumplen reglas.
Agrega algo revelador: van a comenzar los procesos electorales y empeorarán eso de hacer señalamientos falsos. Y que ya no seguirá poniendo la otra mejilla.
