La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la solicitud presentada por CitizenGo México para abrir un diálogo o parlamento abierto sobre la reforma que debe realizar el Congreso de Puebla en materia de identidad de género de niñas, niños y adolescentes, al señalar que el cumplimiento de sus sentencias no está sujeto a debate, sino que constituye una obligación ineludible.

En un acuerdo, el ministro presidente del máximo tribunal en el país, Hugo Aguilar Ortiz, determinó que la directora de campañas de CitizenGo México -una organización internacional de perfil ultraderechista- no es parte dentro del procedimiento y que no procede acordar favorablemente su solicitud.

Citizen Go había pedido que se realizara un diálogo con integrantes del Tribunal Pleno y sociedad civil para discutir si debía legislarse en Puebla sobre identidad de género de niñas, niños y adolescentes.

Sin embargo, la Corte respondió que sus sentencias son de orden público y observancia general, por lo que el Congreso del estado está obligado a reformar el artículo 875 Ter del Código Civil de Puebla, a fin de establecer un procedimiento sumario para levantar una nueva acta de nacimiento que reconozca la identidad de género autopercibida y proteja el interés superior de la infancia.


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El acuerdo sostiene que el cumplimiento de la sentencia no depende de la voluntad de personas u organizaciones, ni de la libertad configurativa del Congreso local, sino que se trata de un mandato judicial obligatorio para garantizar derechos humanos de niñas, niños y adolescentes pertenecientes a la diversidad sexual.


La SCJN también recordó el precedente del recurso de queja 8/2024-CA, derivado de la acción de inconstitucionalidad 45/2021, relacionado con el Congreso de Sonora, donde se reiteró que las autoridades condenadas deben cumplir las sentencias del máximo tribunal en los términos y plazos fijados.

En ese precedente, la Corte advirtió que el incumplimiento injustificado puede derivar en medidas como la separación del cargo y la consignación ante un juez de distrito de los funcionarios responsables, además de otras sanciones previstas en la ley.


En el caso de Puebla, la Suprema Corte requirió al diputado Marcos Castro Martínez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso local; al diputado Pavel Gáspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política; y al diputado Óscar Mauricio Céspedes Peregrina, presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, para que informen sobre los avances en el cumplimiento de la sentencia.

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También fue requerido al director general Jurídico de Estudios y Proyectos Legislativos del Poder Legislativo para que informe si ya concluyó el análisis de las iniciativas relacionadas con el cumplimiento del fallo. En caso de no haberlo hecho, deberá concluirlo dentro del mismo plazo de cinco días hábiles.

La Corte advirtió que, si las autoridades no desahogan el requerimiento, se les impondrá una multa de hasta 120 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, la cual se aplicará sobre su patrimonio personal.

En el caso del director general Jurídico, el acuerdo precisa que, de incumplir, se le impondrá una multa severa, pues de acuerdo con las constancias del expediente, de él depende el avance del proceso legislativo.

La SCJN también informó a los diputados requeridos que, como superiores jerárquicos, deben vigilar y agilizar el trabajo jurídico del funcionario legislativo.

El máximo tribunal fue enfático en que no aceptará como acto de cumplimiento un informe en el que el Congreso señale que continúa con el análisis jurídico, pues consideró que la sentencia y los precedentes de la Corte son claros sobre la obligación de respetar los derechos de niñas, niños y adolescentes pertenecientes a la diversidad sexual.

La notificación deberá realizarse en la residencia oficial de las autoridades legislativas poblanas, a través del Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en Puebla, con residencia en San Andrés Cholula.

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