a asociación exige recursos públicos, reformas legales y un trato diferenciado para las estancias que representa

Mientras mantiene desde hace más de dos meses un plantón permanente en el Congreso del Estado para exigir recursos públicos y una serie de reformas legales, la asociación Conservando los Valores en Familia (COVAFAM) enfrenta nuevos cuestionamientos luego de documentarse que varios de los domicilios registrados como estancias infantiles corresponden actualmente a viviendas particulares, inmuebles deshabitados o lugares donde ya no opera ninguna guardería.

Durante un recorrido por distintos domicilios vinculados a la asociación se constató que la estancia Baby Land, ubicada en Arizpe 468, dejó de funcionar desde hace aproximadamente dos años, de acuerdo con vecinos del sector.

En Leopoldo Ramos 349, donde se registraba la estancia Sueños y Sonrisas, actualmente existen departamentos habitacionales; mientras que en General Yáñez 145, domicilio correspondiente a Pasitos Gigantes, el inmueble se encuentra deshabitado y sin evidencia de operar como estancia infantil.

Otro de los domicilios revisados corresponde a General Piña 15, en la colonia San Benito, donde el registro apunta a una estancia infantil; sin embargo, actualmente se trata de una casa habitación ocupada.

En contraste, la estancia Federico Froebel, ubicada en Carlos Caturegli 419, sí fue localizada en funcionamiento y en buenas condiciones, mientras que en Fernando Pesqueira 1357, donde anteriormente operaba Manitas Inquietas, actualmente funciona una guardería bajo el nombre SISEIN.

Los hallazgos cobran relevancia debido a que COVAFAM mantiene tomada la sede del Poder Legislativo desde el pasado 21 de abril para exigir el pago de un adeudo cercano a 2 millones de pesos correspondiente a 2023, además de una serie de peticiones adicionales incorporadas a su pliego durante las mesas de negociación.

De acuerdo con declaraciones públicas de la diputada Jazmín Gómez Lizárraga, presidenta de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP), la organización ha ampliado sus exigencias más allá del adeudo original.

Entre ellas se encuentran tarifas preferenciales de agua, exención de pagos relacionados con Protección Civil, validación de carpetas en esa materia, la creación del Sistema Estatal de Educación Inicial, que recursos públicos sean entregados directamente a COVAFAM para que la propia asociación los distribuya entre las estancias que representa y, además, que no les sea aplicada la Ley 5 de Junio, legislación creada para fortalecer las medidas de seguridad y protección en guarderías tras la tragedia de la Guardería ABC.

La legisladora ha sostenido que el Congreso ya reconoció el adeudo reclamado por la asociación y acordó programar su pago para 2027, al considerar inviable modificar el presupuesto una vez iniciado el ejercicio fiscal 2026.

Gómez Lizárraga también ha señalado que las demandas de COVAFAM pasaron de un reclamo por un adeudo a solicitudes que representarían un trato diferenciado respecto de otras estancias infantiles que sí cumplen con los requisitos establecidos por la legislación vigente.

A los cuestionamientos sobre sus exigencias se suman diversos señalamientos relacionados con la operación de la asociación, entre ellos presuntas irregularidades administrativas y fiscales, observaciones en la comprobación de recursos públicos, falta de seguros de responsabilidad civil, presuntas deficiencias en programas de Protección Civil, denuncias de estancias que afirman no haber recibido directamente los apoyos y reportes sobre dificultades para realizar inspecciones por parte de autoridades.

Los domicilios documentados alimentan ahora el debate sobre la necesidad de verificar que los centros registrados para acceder a recursos públicos realmente operen como estancias infantiles y cumplan con las obligaciones legales antes de cualquier asignación presupuestal, en un contexto donde la seguridad de niñas y niños continúa siendo el principal argumento de las autoridades para rechazar excepciones a la Ley 5 de Junio.