La Directora de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sonora, Paloma Terán, desmintió categóricamente la autenticidad de un documento que circula en redes sociales y medios digitales, el cual detalla supuestos convenios publicitarios y evaluaciones internas sobre el desempeño de diversos periodistas y portales informativos.
El documento en cuestión presenta un listado pormenorizado de 65 medios de comunicación, donde se registran montos económicos que oscilan entre los 34 mil y los 900 mil pesos mensuales. La información filtrada incluye una columna de “comentarios internos” con anotaciones que califican la línea editorial de los medios, utilizando términos como “afín al proyecto”, “acuerdo para no golpear”, o “ayuda conteniendo y difunde”.
Esta filtración generó una reacción inmediata en el gremio periodístico, debido a la naturaleza de las observaciones que sugieren una relación condicionada entre el presupuesto publicitario y la cobertura informativa.
Durante una comparecencia ante los medios, Paloma Terán fue enfática al señalar que la dependencia a su cargo no reconoce la validez ni la procedencia de dicha lista.
“Desconocemos completamente ese documento en Comunicación Social. Las anotaciones, los comentarios y los montos que contienen son de origen completamente desconocido”, afirmó la funcionaria.
Terán aseguró que, tras una revisión interna preliminar, se confirmó que los formatos y el contenido no corresponden a los registros oficiales de la administración estatal.
La Directora sugirió que la creación y difusión de este material podría ser obra de actores externos interesados en fracturar el vínculo entre el Gobierno y los comunicadores. Según su declaración, el documento pudo ser elaborado por “una persona inclusive ajena al gobierno” con el objetivo deliberado de “dañar o afectar la relación con nosotros”.
A pesar de la controversia, Terán aprovechó el espacio para expresar su empatía ante el malestar que la información pudo causar entre los periodistas mencionados. Reiteró su agradecimiento por el apoyo de los medios en la difusión de campañas institucionales y avisos de protección civil, como los relacionados con la temporada de lluvias.
La funcionaria concluyó reafirmando que la política de comunicación del estado se mantiene bajo los canales institucionales y que cualquier documento que no provenga de las fuentes oficiales debe ser considerado como carente de validez.
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