CRITICA

 

 

GASPAR NAVARRO

 

 

 

 

A 12 años del derrame de residuos tóxicos sobre el Río Sonora y Bacanuchi por parte de la minera Buenavista del Cobre de Grupo México en Cananea, autoridades federales reconocieron que la cuenca sigue con altas concentraciones de metales contaminantes.

Este miércoles en Ures la Semarnat anunció la segunda etapa de remediación del Río Sonora con una inversión de 500 millones de pesos, sin informar de los resultados de saneamiento de la supuesta primera etapa, ni cuando se realizaron, porque la contaminación sigue igual que hace 12 años.

En evento realizado en Ures, la Semarnat informó que de las 64 muestras de suelo y sedimentos que se realizaron a principios del presente año, analizadas por especialistas de instituciones del gobierno federal, se encontraron altos niveles de metales, los cuales ponen en riesgo la salud de los habitantes y al medio ambiente de las comunidades afectadas si no se actúa en su remediación.

En el evento de anuncio de la segunda etapa de remediación del Río Sonora estuvieron presentes el gobernador Alfonso Durazo y la titular de Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, quienes impulsan las acciones enfocadas en recuperar suelos, vigilar la calidad del agua y atender las afectaciones que persisten en las comunidades.

En 12 años de la mayor tragedia de contaminación minera el Grupo México responsable del derrame de residuos tóxicos por su mina en Cananea, solo anunció y financió la creación de un Fideicomiso millonario para apoyar la remediación y a los 22 mil habitantes de los 8 municipios afectados, pero los recursos económicos se dilapidaron en manos de las autoridades estatales encargadas de distribuirlo en tiempos de Guillermo Padrés, cuando fue sonado el caso del excesivo gasto en domperos llevados desde Hermosillo para supuestamente remover la tierra contaminada sin comprobar esas labores, y hasta repartieron una millonada en medios de comunicación estatales y nacionales.

A los habitantes, comerciantes y productores agropecuarios del Río Sonora les aventaron con “migajas”, sin cumplir promesas de indemnizarlos por la reparación del daño causado al contaminar la minera la tierra y el agua afectando sus actividades económicas.

Tal vez por el “manoteo” de los recursos, desde hace una década el Grupo México suspendió el Fideicomiso, y fue hasta el gobierno de López Obrador y Sheinbaum cuando presionaron a la empresa cuprífera para aportar otros mil 500 millones de pesos, parte de los cuales serán destinados a la construcción de un Hospital en Ures para atender a los habitantes del Río Sonora, del cual apenas hace unas semanas colocaron la primera piedra y se desconoce cuando quedará terminado pues solo anunciaron la inversión inicial de 500 millones de pesos.

Los habitantes de la Cuenca del Río Sonora dudan de este nuevo anuncio de remediación y de apoyos federales y estatales, ya que como ejemplo de puras promesas recordaron que desde hace 12 años les anunciaron la construcción de más de una docena de plantas potabilizadoras para evitar beber agua contaminada, y hasta le fecha la misma titular de Semarnat, Alicia Bárcena, reconoció el incumplimiento de ese compromiso y aseguró que Conagua sería la responsable de atender ese tema.

“Yo sé que también nos hacen falta las plantas potabilizadoras y aquí está el personal de la Conagua. Vamos a estar detrás de ellos, por esas plantas potabilizadoras que se ofrecieron y prometieron, para que hagan la entrega que tenemos de compromiso”, afirmó Bárcena.

La anunciada segunda etapa de remediación del Río Sonora se realiza después de trabajos de diagnóstico realizados en febrero de este año por personal de Semarnat, quienes recorrieron distintos puntos de la cuenca para tomar muestras de suelo y sedimentos y detectar posibles concentraciones de metales pesados.

Los estudios abarcaron comunidades de Cananea, Bacoachi, Arizpe, Aconchi y Ures, entre otras, y utilizaron equipos de fluorescencia de rayos X para identificar zonas que requieren una intervención más profunda.

El nuevo programa forma parte del Plan de Justicia para Cananea y el Río Sonora, anunciado a finales de 2025 con una bolsa de 2 mil 222.6 millones de pesos. De ese monto, mil 500 millones corresponden a Grupo México, 483.6 millones al gobierno federal y 180 millones al gobierno de Sonora.

El plan contempla estudios ambientales, saneamiento de suelos contaminados, monitoreo permanente de la calidad del agua y nuevas obras hidráulicas. Entre ellas están 16 plantas potabilizadoras, 16 sistemas de desinfección y adecuaciones en cuatro plantas que ya se encuentran en operación, además de infraestructura para monitorear en tiempo real la calidad del agua.

Como vemos, en esas acciones con inversión de 500 millones de pesos en la segunda etapa de remediación, como sucedió en la primera, dejaron fuera a los 22 mil habitantes de los 8 pueblos contaminados con los pagos de indemnización para la reparación del daño, por lo que el Plan de Justicia para el Río Sonora solo suena a más demagogia oficial. (g_navarro_ruiz@hotmail.com)