* _El personal de salud, organizaciones de jubilados y representantes sindicales exigen el cierre del inmueble y un plan de contingencia ante el riesgo inminente para la vida de pacientes y trabajadores._

* _Se interpondrá una denuncia administrativa y una querella penal ante la FGR en contra de autoridades del ISSSTE y Protección Civil por omisión, abuso de autoridad y ejercicio ilícito del servicio público._

— Representantes de diversos sindicatos, asociaciones de jubilados y personal médico adscrito al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Sonora ofrecieron una rueda de prensa conjunta en el Auditorio del H. Congreso del Estado de Sonora para exponer la grave crisis de infraestructura, insalubridad e inseguridad que atraviesa el Hospital General "Dr. Fernando Ocaranza" de Hermosillo. 

Durante la conferencia se reveló la existencia del dictamen de la Coordinación Estatal de Protección Civil (expediente CEPC-DIV-863/2026), el cual señala 42 observaciones críticas en el inmueble. A pesar de que la autoridad otorgó un plazo de 5 días para solventarlas, las deficiencias persisten, convirtiendo al hospital en una zona de alto riesgo. 

Las y los participantes expusieron que las remodelaciones parciales que se realizan en el área de urgencias y otras zonas del hospital están agravando la salud de los pacientes debido a la filtración de polvo, escombros y la falta de aislamiento normativo. 

Asimismo, denunciaron el colapso de los servicios esenciales: fallas constantes en las plantas de emergencia y aires acondicionados, drenajes a cielo abierto, presencia de fauna nociva (ratas y gatos), falta de sistema contra incendios y un manantial brotando en el sótano/lavandería que debilita la estructura del edificio. 

A esto se suma la crisis laboral por la falta de pago a personal suplente de enfermería durante tres quincenas y la falta de certeza jurídica para los trabajadores que son trasladados a realizar cirugías a otras instituciones sin un oficio de comisión fundamentado. 

En su intervención, la LDC. María Eugenia Rodarte Ramos, Presidenta de la Alianza Estatal de Jubilados y Derechohabientes del ISSSTE, enfatizó la gravedad de la situación al señalar: "Sigue el problema, está creciendo gravemente y lo delicado de esto es que son vidas, son derechohabientes, son recién nacidos. ¿Cómo puedes administrarle una solución intravenosa a un paciente cuando tienes encima el polvo? Exigimos la clausura del hospital. Diputados, por favor, tomen esto en cuenta, ya basta... No esperen una tragedia más."

Por su parte, el Lic. Andrés Ortega Vega, representante legal de la base trabajadora, detalló las vías legales que emprenderán al manifestar: "Son dos los recursos legales que se van a interponer y ambos tienen un objetivo en común que vendría siendo la prevención. De nada sirve fincar responsabilidades penales o administrativas a servidores públicos una vez que ocurra una tragedia. El primero es una denuncia por responsabilidades administrativas graves ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El otro recurso es una querella que se presentaría ante el Ministerio Público de la Federación adscrito a la FGR por ejercicio ilícito del servicio público y abuso de autoridad."

El Profr. Ramsés Valenzuela Infante, integrante del Movimiento Sonorense de Trabajadores de la Educación (MSTE), cuestionó la falta de acción preventiva expresando: "Nuestras movilizaciones son por la abrogación de la Ley del ISSSTE y un sistema de salud digno para los trabajadores. ¿Por qué tendríamos que esperar un tercer evento trágico en Hermosillo? La atención que requiere el Hospital Ocaranza es cómo vamos a pausar, cerrar o clausurar ese edificio para que se puedan realizar las obras de fondo y que se etiqueten los 1,300 millones para el nuevo hospital."

Asimismo, la Diputada Local Gabriela Félix recalcó la urgencia de actuar antes de una catástrofe al declarar: "Cuando se conoce el acta circunstanciada de Protección Civil, el siguiente paso era: no se puede reparar, se tiene que cerrar. Y entonces empezamos a trabajar en tres vías: la solicitud del cierre, un plan público-privado para la atención de los derechohabientes y el avance de la construcción del nuevo hospital. Todos somos responsables. De nada servirán las esquelas si hubiera una tragedia."

En cuanto a las afectaciones a los trabajadores, el Lic. Juan Antonio Arbizu López, Secretario General del Sindicato SINAPTISTE, denunció: "No hay una estabilidad laboral para ellos en las condiciones en que se encuentran ahorita laborando. En los traslados que están haciendo para llevar a cabo cirugías a otras instituciones como el IMSS-Bienestar, no les dan una comisión como tal, no van debidamente fundamentados y motivados, y se pierde la certeza y seguridad jurídica del trabajador."

A su vez, Margarita Briseño Valdés, Delegada del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Marina, hizo un llamado a la unidad de los agremiados al destacar: "Ahorita lo más importante es enfocarnos en que hay un solo logotipo, el del Instituto del ISSSTE, donde nos debemos fortalecer para un solo objetivo: que se resuelva esta situación. Son vidas de las que se hablan, vidas de nosotros como derechohabientes y de la base trabajadora."

Finalmente, la L.E. Gloria Maritza Durazo Leiva, enfermera hospitalista de la institución, dio testimonio de los riesgos operativos al señalar: "No esperemos a que nos suceda. Tuvimos hace 15 o 20 días un problema con unos compañeros enfermeros que acudieron a tener a su bebé y por no haber dónde atenderlo se tuvieron que retirar. El problema es de todos, no de unas cuantas personas. Hacemos un llamado a los diputados federales para que gestionen el recurso del nuevo hospital."

La estrategia legal anunciada contempla una denuncia por Faltas Administrativas Graves por abuso de funciones ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), donde se solicitarán medidas cautelares para lograr la evacuación y clausura del inmueble. De manera paralela, se interpondrá una querella formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y abuso de autoridad. Las autoridades señaladas directamente como responsables son la Dirección General del Hospital "Dr. Fernando Ocaranza", la Subdelegación Médica y Administrativa del ISSSTE en Sonora, la Dirección General del ISSSTE a nivel federal encabezada por Martí Batres Guadarrama, y la Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora.