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Dseño contempla planta con capacidad ampliable hasta 432 millones de m³anuales.
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Todavía no tiene ubicación definitiva ni permisos ambientales acreditados en México.
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Gobierno de Sonora apunta a Federación y vías diplomáticas, niega colaboración
Por Jesús Ibarra
HERMOSILLO, Sonora.- El proyecto para construir una planta desaladora en las costas de Sonora con el propósito de abastecer de agua al suroeste de Estados Unidos continúa adelante en su fase de estudios con la Autoridad de Financiamiento de Infraestructura Hídrica de Arizona (WIFA, por sus siglas en inglés).
Ahora evaluarán dos zonas alternativas de instalación en la región de Puerto Peñasco y distintas rutas para conducir el recurso hacia territorio estadounidense, algunas de las cuales alcanzarían hasta 523 kilómetros de longitud.
Un nuevo expediente técnico de 198 páginas, presentado por la alianza Acciona–Fengate Water Augmentation Alliance ante la WIFA establece los trabajos que deberán realizarse para determinar la viabilidad técnica, ambiental, jurídica y financiera del proyecto denominado Gulf of California Desalination and Binational Conveyance (Desalación del Golfo de California y Conducción Binacional).
La documentación representa un nuevo avance en la evaluación de una iniciativa que Proyecto Puente dio a conocer el 15 de diciembre de 2025, cuando reveló que una de las propuestas algunas a consideración de Arizona contemplaba instalar una desaladora en la región de Puerto Peñasco, cerca de los humedales de Bahía Adair.
Aunque el nuevo expediente no significa que Arizona haya autorizado la construcción de la planta, sí confirma que la alternativa sonorense permanece dentro del programa de evaluación de WIFA y que sus promotores han definido los estudios necesarios para precisar posibles emplazamientos, rutas de conducción, costos, riesgos y requisitos regulatorios.
En un comunicado oficial, fechado el pasado 5 de octubre, WIFA cita a Ted Cooke, presidente del Comité de Incremento del Suministro Hídrico a Largo Plazo, destaca dos proyectos para referirse a la opción de Sonora, junto al de una desaladora en Baja California.
“Avanzar con dos proyectos adicionales a la fase de estudios de evaluación, al tiempo que ajustamos los alcances de los estudios de otros dos, refleja nuestro compromiso de evaluar cuidadosamente las posibles fuentes de abastecimiento de agua”.
“Estos trabajos iniciales proporcionarán información valiosa sobre la viabilidad de los proyectos, sus costos, oportunidades y riesgos, lo que contribuirá a garantizar que las decisiones futuras sean informadas, transparentes y estén sustentadas en una administración responsable de los recursos públicos, con el propósito de fortalecer la seguridad hídrica a largo plazo de Arizona y de la región”, declaró.
Una de las principales novedades del expediente es la identificación de dos áreas alternativas para localizar las instalaciones de desalación.
La primera comprende la región situada entre Playa Encanto y Puerto Peñasco, mientras que la segunda corresponde al área de Playa Arenosa.
Ambas aparecen como posibles emplazamientos de una planta desaladora cuya capacidad inicial se estima en aproximadamente 185 millones de metros cúbicos de agua.
La infraestructura podría ampliarse después del año 2030 hasta alcanzar alrededor de 432 millones de metros cúbicos, una capacidad equivalente a más del doble de la contemplada para su primera etapa.
Los desarrolladores evaluarán la posibilidad de construir una instalación ampliable en dos fases o dos plantas independientes.
Cada planta podría requerir una superficie de 20.2 hectáreas, sin considerar necesariamente la totalidad de los terrenos que demandarían las instalaciones complementarias.
La delimitación de estas dos áreas introduce una diferencia respecto de los primeros documentos conocidos en 2025, en los cuales Puerto Peñasco apareció como punto de referencia de la propuesta y Bahía Adair concentraba parte de las preocupaciones ambientales por su condición de zona de humedales.
Sin embargo, la nueva documentación no permite concluir que Bahía Adair haya sido descartada definitivamente, ni identifica todavía un predio seleccionado para construir la planta.
La ubicación final dependerá de evaluaciones posteriores sobre disponibilidad de terrenos, características costeras, infraestructura, condiciones ambientales, costos y posibilidades de conexión con los sistemas de abastecimiento de Arizona.
El nuevo expediente también precisa las alternativas que deberán estudiarse para transportar el agua desalinizada.
Una de ellas contempla una conducción desde Puerto Peñasco hasta la presa Imperial, en Estados Unidos, mediante un corredor transfronterizo de 225 kilómetros.
Desde ese punto se analizarían conexiones adicionales con infraestructura del río Colorado y el sistema del Central Arizona Project (CAP), principal mecanismo de distribución de agua del Río Colorado hacia distintas regiones de Arizona.
Una alternativa seguiría el corredor del río Colorado y alcanzaría una longitud total aproximada de 426 kilómetros.
Otra consideraría el corredor del Río Gila y posteriormente una conexión hacia el CAP, con una extensión estimada de 523 kilómetros.
El expediente incorpora además una segunda ruta general desde Puerto Peñasco, siguiendo el corredor de la Carretera 85 de Arizona hacia el sistema CAP, con una longitud de 306 kilómetros.
También se mencionan posibles conexiones con la presa Morelos, Brock Reservoir y la región de Yuma.
Estas opciones no representan trazados definitivos de construcción.
Los estudios consideran corredores preliminares de hasta 16 kilómetros, dentro de los cuales deberán identificarse las alternativas técnicamente viables.
La tubería principal tendría preliminarmente un diámetro de 1.83 metros, y se instalaría bajo tierra.
Todavía están pendientes la determinación del número de estaciones de bombeo, los requerimientos energéticos y la localización precisa de las instalaciones para captar agua del Golfo de California y descargar la salmuera resultante del proceso de desalación.
La conducción transfronteriza representa uno de los componentes más complejos de la iniciativa, debido a las distancias, los costos de bombeo, las características del terreno y los permisos federales necesarios en México para construir una infraestructura de este tipo.
El expediente permite identificar por primera vez con mayor detalle la estructura técnica que trabajará en la evaluación de las instalaciones previstas para el territorio mexicano.
La alianza promotora está encabezada por Acciona y Fengate, mientras que la firma de ingeniería TYPSA aparece como responsable de distintas actividades relacionadas con selección de sitios, desalación, conducción, obras marinas y evaluación ambiental.
José María Hernández figura como coordinador del programa en México y enlace técnico-financiero de TYPSA. Esta empresa participó en 2023 en obras del Gobierno Federal como el Tren Maya, donde brindó servicios de asesoría técnica para sus ocho tramos.
Fernando Sánchez-Ocaña aparece como responsable técnico de los trabajos del lado mexicano, incluidas la selección del sitio, las instalaciones de captación, la planta desaladora, el manejo de salmuera y las conducciones.
Rosa Monzó tiene asignadas responsabilidades en el diseño de la conducción de agua en México, mientras que Eugenio Páez participa en el diseño de desalación y Aina Hernández en aspectos relacionados con captación, pretratamiento, ósmosis inversa y manejo de salmuera.
En materia ambiental, Patricia Rullán aparece como responsable de planeación ambiental para los componentes mexicanos del programa.
La documentación también identifica a Gonzalo del Campo y Alberto Casado en trabajos de ingeniería de conducción e hidráulica, respectivamente, así como a Pablo Rodríguez Palmeiro y David López Rivas en las obras marinas relacionadas con captación y descarga.
Por parte de Acciona, Efraín Rodríguez figura como gerente del proyecto e Ignacio Beneyto como director.
En los distintos componentes del programa participan además Carollo Engineers, GHD, Avenue Consultants y Pulice Construction.
La identificación de estos profesionales acredita su participación prevista en los trabajos de evaluación, pero no demuestra por sí misma que hayan realizado visitas de campo en Sonora, terrenos contratados o gestiones formales iniciadas ante dependencias mexicanas ambientales o locales.
Las autorizaciones mexicanas, todavía pendientesOtro de los aspectos relevantes del expediente es el reconocimiento expreso de las obligaciones ambientales y regulatorias que tendrían que atender un proyecto de esta naturaleza en México.
Entre los instrumentos mencionados aparecen la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), las manifestaciones de impacto ambiental (MIA) y las autorizaciones relacionadas con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
Los desarrolladores también deberán examinar los requisitos aplicables a descargas, uso del suelo, infraestructura marina y otras actividades vinculadas con la construcción y operación de una desaladora.
No obstante, el documento establece una distinción fundamental: la elaboración y presentación formal de solicitudes de permisos ambientales no forma parte de la etapa actual de evaluación contratada por WIFA.
Los trabajos previstos se concentran en identificar requisitos, posibles obstáculos, riesgos y procedimientos regulatorios.
La documentación examinada tampoco acredita que las autoridades mexicanas hayan autorizado la construcción de la planta o sus conducciones.
En consecuencia, el avance de los estudios en Arizona no debe confundirse con la existencia de permisos federales mexicanos.
El expediente establece además que WIFA encabezará las comunicaciones con autoridades gubernamentales nacionales e internacionales, mientras que los desarrolladores deberán sujetarse a mecanismos de autorización y registro para determinadas interacciones externas.
Esta disposición abre una nueva interrogante sobre los contactos institucionales que Arizona haya sostenido con dependencias mexicanas para analizar la viabilidad del proyecto.
Cuando se dio a conocer la propuesta en diciembre de 2025, los antecedentes del proyecto situaban su inversión estimada en un rango aproximado de entre 2 mil y 3 mil 300 millones de dólares.
El nuevo expediente publicado el pasado mes de julio no establece expresamente un monto definitivo que sustituye esa referencia.
En cambio, contempla desarrollar un modelo financiero actualizado para evaluar costos de construcción, operación, mantenimiento, ampliaciones de capacidad, financiamiento y riesgos comerciales.
Las estimaciones serán elaboradas inicialmente con criterios utilizados para comparar alternativas en etapas tempranas de desarrollo.
Por ello, todavía no es posible establecer si las nuevas configuraciones territoriales y de conducción aumentarán o reducirán la inversión originalmente prevista.
Tampoco existe una tarifa definitiva del agua que recibirían los usuarios de Arizona.
La evaluación deberá considerar tanto el suministro mediante infraestructura de conducción como posibles mecanismos de intercambio de derechos o asignaciones físicas de agua, cuyo funcionamiento requeriría definiciones jurídicas e institucionales adicionales.
Una evaluación de hasta 26 meses.Desde noviembre del año pasado WIFA anunció que el programa técnico contempla tres etapas sucesivas de evaluación.
La primera tendría una duración prevista de ocho meses; la segunda, nueve; y la tercera, otros nueve meses.
En conjunto, el esquema representa hasta 26 meses de trabajos, sujetos a las autorizaciones correspondientes y las decisiones que adopte WIFA al concluir cada etapa. A la fecha han transcurrido 12 meses de ese plazo original.
La autoridad deberá determinar si los resultados justifican continuar con los estudios y, eventualmente, avanzar hacia una fase posterior de factibilidad.
Por ahora, la evaluación no incluye ingeniería ejecutiva, construcción, adquisición de terrenos ni presentación formal de las solicitudes ambientales correspondientes.
Los documentos también prevén estudios sobre impactos sociales y ambientales, condiciones regulatorias y costos financieros, aunque buena parte de las investigaciones de campo quedaría reservada para fases posteriores.
La permanencia del proyecto en el programa de evaluación de WIFA confirma que la posibilidad de producir agua desalinizada en territorio sonorense para abastecer a Arizona continúa formando parte de las alternativas consideradas por las autoridades hídricas de ese estado.
El nuevo expediente representa un avance respecto de la información disponible en diciembre de 2025 porque identifica áreas candidatas para la planta, corredores transfronterizos, capacidades de producción y responsables técnicos.
Pero las decisiones más importantes quedan pendientes.
Entre ellas destacan la ubicación definitiva de las instalaciones, los impactos ambientales sobre la costa sonorense, la disposición de salmuera, el costo total de la infraestructura, el mecanismo de entrega del agua y las autorizaciones que tendrían que otorgar las autoridades mexicanas.
En particular, los estudios deberán determinar si alguna de las alternativas resulta viable sin comprometer ecosistemas costeros sensibles y bajo qué condiciones podría desarrollarse una infraestructura de estas dimensiones.
Por ahora, el proyecto de desalación en Sonora sigue adelante como alternativa en estudio, no como obra autorizada.
Su continuidad dependerá de los resultados técnicos, ambientales, jurídicos y financieros que se produzcan durante las próximas etapas de evaluación de WIFA.
Versiones oficiales y entrevistas aplazadasPor parte del Gobierno de Sonora, la directora del Sistema Estatal de Comunicación, Paloma Terán, respondió que el proyecto de WIFA no es un asunto manejado por las autoridades locales. Éste debe ser atendido por mecanismos bilaterales, y tampoco se discuten opciones para abastecer de agua a Arizona.
Para la elaboración de este artículo se buscó la versión de la Comisión Nacional del Agua, por medio de Fernando Melo Hernández, el subgerente de vinculación institucional de este organismo, pero el funcionario no respondió a un correo electrónico enviado hace una semana en el cual se le solicitó responder a tres preguntas puntuales sobre el papel de Conagua en el diseño de la planta, así como en la parte normativa.
Ignacio Beneyto Espinoza de Los Monteros, gerente de la División de Agua para Acciona en Estados Unidos, no estuvo disponible para hablar en esta ocasión del tema.
Ben Alteneder, vocero de WIFA, no logró conectarse a una teleconferencia a través de la plataforma TEAMS, programada con días de antelación para discutir los avances del proyecto.
Nota editorial: El análisis de datos cuantitativos y documentos técnicos publicados por WIFA, así como los infográficos fueron realizados con Códex.
Proyecto de Baja California: https://mexicobusiness.news/infrastructure/news/wifa-advances-northern-gulf-california-desalination-project?tag=infrastructure
Programa de Aumento de Agua para Arizona: https://wifa.az.gov/long-term-water-augmentation-fund/importation
Documentación de Acciona-Fengate para el proyecto de Puerto Peñasco: https://webpublicshare.blob.core.usgovcloudapi.net/ltwaf-azwifagov-files/AFC_Procurement_File_PUBLIC.zip
Fase dos de evaluación de proyectos de la WIFA: https://wifa.az.gov/long-term-water-augmentation-fund/importation
https://jesusibarramx.substack.com/p/arizona-mantiene-proyecto-de-desaladora?r=1oj68&utm_medium=ios&shareImageVariant=title
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