- Mientras Arizona estudia la construcción de una planta desaladora en la costa de Sonora para obtener nuevas fuentes de abastecimiento, representantes de su autoridad financiera del agua han realizado visitas al estado por invitación del gobierno sonorense, incluido un recorrido por la desaladora Guaymas–Empalme que fue documentado públicamente por el presidente del organismo estadounidense.
Los acercamientos ocurren en medio de una creciente incertidumbre sobre la disponibilidad del río Colorado, cuyas aguas podrían utilizarse como parte de un intercambio con México para justificar financieramente una inversión que, en estimaciones preliminares, podría alcanzar los 3 mil 300 millones de dólares.
En entrevista, Ben Alteneder, subdirector de Asuntos Externos de la Water Infrastructure Finance Authority of Arizona (WIFA), confirmó que representantes de esa dependencia han visitado Sonora en distintas ocasiones, la más reciente el 15 de octubre, cuando el Gobierno estatal extendió una invitación para conocer las instalaciones de la desaladora Guaymas–Empalme, concesionada por la CEA a la empresa española Aqualia.
“Hemos viajado a Sonora y nos hemos reunido con distintas personas en varias ocasiones, incluyendo a representantes de una institución equivalente a nuestro Departamento de Recursos Hídricos. Por ejemplo, fuimos a Sonora y visitamos la planta desaladora de Empalme”.
“Fue una oportunidad para conocer parte del trabajo que Sonora ha realizado y aprender lecciones valiosas acerca de lo que ha funcionado y lo que ha tenido éxito. Fuimos a conocer esas instalaciones. Fue algo realmente hermoso e impresionante.
Además, nos permitió obtener un conocimiento directo de cómo se maneja el agua en Sonora. Y esa visita se realizó por invitación del Gobierno de Sonora”, dijo Altender.
La información adquiere relevancia después de que, en diciembre de 2025, y a lo largo de 2026 el Gobierno de Sonora rechazó que existiera un proyecto autorizado o desarrollado conjuntamente para construir una desaladora destinada para abastecer a Arizona.
Aunque las visitas no demuestran que exista un convenio para desarrollar la obra, sí documentan contactos institucionales entre las autoridades de ambos estados mientras WIFA mantiene bajo evaluación una propuesta multimillonaria que involucra al municipio de Puerto Peñasco.
El 16 de octubre de 2026, Jonathan Lines, presidente del Consejo de Administración de WIFA, publicó en sus cuentas de Instagram y Facebook una serie de fotografías de un recorrido por la planta desaladora Guaymas–Empalme.
Las imágenes muestran a un grupo de visitantes estadounidenses y personal de la planta dentro de las instalaciones industriales, equipos de tratamiento de agua y un letrero de la Comisión Estatal del Agua de Sonora (CEA).
En el texto que acompañó la publicación, Lines describió las características técnicas de la planta, que utiliza ósmosis inversa para transformar agua de mar en agua apta para consumo humano.
También destacó su consumo eléctrico reportado de 2.8 kilovatios-hora por metro cúbico, sus sistemas de recuperación de energía y la infraestructura para descargar salmuera al mar mediante difusores.
El funcionario consideró que el caso Guaymas–Empalme constituye una referencia técnica y operativa para Arizona, aunque señaló que cualquier proyecto comparable necesitaría evaluar su producción, desempeño ambiental, costos y acuerdos para garantizar el suministro.
La publicación no identifica a todos los participantes del recorrido ni acredita que durante la visita se hayan negociado compromisos sobre la futura desaladora.
Sin embargo, coincide con la información proporcionada por Alteneder acerca de las visitas de representantes de WIFA a Sonora por invitación del Gobierno estatal.
Octubre de 2025. reunión de la gobernadora de Arizona, Katie Hobss, con legisladores, cabilderos y Johnathan W. Lines, presidente del Consejo de la WIFA.
Respuesta oficial
Proyecto Puente solicitó la postura del Gobierno del Estado, cuyo Sistema Estatal de Comunicación, encabezado por la vocera Paloma Terán, refirió que el tema “es un asunto de competencia federal que debe atenderse por las vías diplomáticas correspondientes”.
Además, aseguró que el gobierno estatal “no tiene sobre la mesa ningún planteamiento, proyecto aprobado, convenio ni compromiso para abastecer de agua a Arizona mediante desaladoras en territorio sonorense”.
Proyecto multimillonario todavía sin ubicación definitiva
El 5 de octubre, el Consejo de Administración de WIFA aprobó que dos propuestas de la alianza Acciona–Fengate avanzaran a estudios de evaluación.
Una de ellas es el proyecto denominado Gulf of California Desalination and Binational Conveyance, que contempla la producción de agua desalinizada en México y distintas alternativas para hacerla llegar, directa o indirectamente, a usuarios de Arizona.
La autorización no representa una decisión de construir la planta, sino el inicio de una etapa de análisis técnico, financiero, ambiental y regulatorio.
El proyecto considera una capacidad inicial de aproximadamente 185 millones de metros cúbicos, con posibilidades de expansión que deberán evaluarse después de 2030.
En documentos preliminares publicados por el Consejo de WIFA se han manejado inversiones de entre 2 mil millones y 3 mil 300 millones de dólares, cifras que todavía no constituyen un presupuesto definitivo de construcción.
La documentación técnica examinada por este reportero a lo largo de un año identifica hasta tres áreas potenciales en la costa de Puerto Peñasco, además de corredores conceptuales que cruzan por San Luis Río Colorado y el Desierto de Altar para transportar agua hacia instalaciones estadounidenses, algunos de los cuales superarían los 500 kilómetros.
Entrevista con el vocero de la WIFA, Ben Altender, y el CEO de la división de agua de Acciona en EEUU: Ignacio Benoyta.
Entre las alternativas estudiadas aparecen conexiones hacia la infraestructura del río Colorado y del Central Arizona Project, el sistema de canales que abastece a buena parte de la zona central de Arizona.
Ninguna de esas rutas constituye todavía un trazo autorizado para construir una tubería, aclaró Altender en la entrevista.
Ignacio Beneyto, directivo ejecutivo de Acciona en Estados Unidos entrevistado, explicó que la empresa continúa evaluando las condiciones técnicas y de ejecución del proyecto.
Reconoció que las dificultades más importantes no se limitan a la ingeniería de una planta desaladora, sino que incluyen las condiciones ambientales, las necesidades de las comunidades y los acuerdos institucionales indispensables para desarrollar infraestructura de esta magnitud.
Beneyto señaló que, hasta el momento de la entrevista, Acciona no había iniciado contactos con proveedores o empresas constructoras mexicanas para ejecutar el proyecto.
“Son conceptos que queremos evaluar, el objetivo de este estudio es comprender si realmente son viables y cuánto podrían costar. Incluso las ideas que aparecen en los documentos deben ser analizadas”.
Queremos determinar si esos conceptos y los diferentes trazos de las tuberías son factibles. Necesitamos entender mejor todas las opciones y cuáles son las más viables. Por ahora solamente son conceptos e ideas que queremos estudiar”, dijo Beneyto.
La evaluación de WIFA, que inició en noviembre del año pasado, contempla un proceso por etapas que podría extenderse durante aproximadamente 26 meses, sin que ese plazo signifique que la construcción comenzará inmediatamente después.
Tampoco existe una fecha oficial para el inicio de operaciones, recalcó Altender.
El intercambio de agua, una alternativa a las tuberíasUno de los componentes más relevantes de la propuesta es el mecanismo conocido como water exchange, o intercambio de agua.
Alteneder explicó que este esquema permitiría producir agua desalinizada en territorio mexicano y entregarla a usuarios de Sonora u otras regiones del país, mientras un volumen acordado del agua del río Colorado que México tiene derecho a recibir quedaría disponible para usuarios estadounidenses.
El mecanismo no requeriría necesariamente transportar físicamente toda el agua desalinizada hasta Arizona mediante una tubería internacional.
Por ejemplo, una planta podría suministrar agua a localidades mexicanas que actualmente dependen de otras fuentes, mientras México y Estados Unidos acuerdan un intercambio de volúmenes del río Colorado.
La equivalencia entre esos volúmenes, sus costos y las condiciones de entrega tendrían que negociarse.
Según Alteneder, el planteamiento no supone que México venda o renuncie a sus derechos sobre el río Colorado, sino que se estudie un intercambio de cantidades físicas de agua bajo un acuerdo entre ambos países.
La diferencia es fundamental porque el Tratado de Aguas de 1944 establece que México tiene derecho a recibir aproximadamente mil 850 millones de metros cúbicos, conforme a sus disposiciones y acuerdos complementarios.
Un intercambio de esta naturaleza requeriría la participación de las autoridades federales de ambos países y de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), organismo binacional encargado de aplicar los tratados sobre aguas fronterizas.
Por México tendrían que intervenir, de acuerdo con las atribuciones correspondientes, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Comisión Nacional del Agua, mientras que del lado estadounidense participarían las autoridades diplomáticas y federales responsables de la administración del Colorado, entre ellas el Bureau of Reclamation.
El Gobierno de Sonora y la CEA podrían intervenir en los aspectos relacionados con el aprovechamiento local del agua desalinizada, pero no tienen facultades legales para modificar las asignaciones internacionales del río.
Río Colorado.
Alteneder reconoció que cualquier avance en territorio mexicano tendría que contar con la participación de las autoridades y los sectores involucrados.
Hasta ahora, las entrevistas y documentos revisados no acreditan la existencia de un acuerdo binacional que autorice el intercambio propuesto para la desaladora de Sonora.
Un río con menos agua y nuevas restricciones
La incertidumbre sobre el río Colorado constituye uno de los principales obstáculos del proyecto.
El 2 de septiembre de 2026, México y Estados Unidos firmaron el Acta 334 de la CILA, aprobada por ambos gobiernos seis días después, para establecer medidas de cooperación en la cuenca del río Colorado hasta el 31 de diciembre de 2028.
El acuerdo se inscribe en los esfuerzos de ambos países para enfrentar la reducción de disponibilidad del río y preservar el funcionamiento de sus principales embalses.
Las medidas contemplan reducciones y acciones de conservación que afectan los volúmenes de agua disponibles para los usuarios de ambos países.
Para México, las reducciones previstas para 2027 y 2028 alcanzan aproximadamente 308 millones de metros cúbicos, de acuerdo con la información oficial difundida sobre el acuerdo.
Esa cantidad supera el volumen de producción inicial de 185 millones de metros cúbicos anuales contemplado en la propuesta de Acciona–Fengate.
La comparación no significa que una desaladora pudiera compensar automáticamente los recortes del Colorado: se trata de volúmenes sujetos a distintas condiciones jurídicas, territoriales, operativas y financieras.
Sin embargo, permite dimensionar la magnitud de las restricciones que enfrentaría cualquier intercambio de agua entre México y Arizona.
El Acta 334 tampoco autoriza la construcción de una desaladora ni establece un intercambio específico para el proyecto de Puerto Peñasco.
Bloomberg advierte sobre los riesgos del intercambio
Las dificultades fueron examinadas el 28 de septiembre por el sitio Bloomberg Law en un reportaje del periodista Bobby Magill, quien consultó a especialistas estadounidenses sobre la viabilidad de intercambiar agua desalinizada producida en México por volúmenes del río Colorado.
Sharon Megdal, directora del Water Resources Research Center de la Universidad de Arizona, advirtió que un intercambio solamente puede funcionar si existe agua disponible para realizarlo y que la cantidad susceptible de intercambiarse permanece rodeada de incertidumbre.
Sarah Porter, directora del Kyl Center for Water Policy de Arizona State University, señaló que la disponibilidad intermitente del Colorado reduciría el valor económico del agua que Arizona pudiera recibir.
La especialista también consideró importante obtener acuerdos con los titulares de derechos sobre el río que pudieran verse afectados por un intercambio.
En ese reportaje, Alteneder destacó que aprovechar la infraestructura hidráulica existente podría hacer financieramente más factibles los proyectos, al evitar parte de los costos asociados con nuevas conducciones internacionales.
Bloomberg examinó específicamente el *Northern Gulf of California Desalination Project*, una propuesta diferente de la que Acciona–Fengate estudia para Sonora.
Ese proyecto, promovido por Sacyr dentro del equipo EPCOR Water Innovation Partners, contempla producir agua desalinizada para usuarios de Baja California e intercambiarla por agua del Colorado.
WIFA autorizó el avance de sus estudios el 16 de septiembre, antes de la aprobación de la propuesta de Acciona–Fengate.
Aunque se trata de iniciativas distintas, ambas podrían enfrentar obstáculos semejantes si dependen de intercambios con un río cuya disponibilidad está sometida a restricciones y controversias jurídicas.
El reportaje de Bloomberg también señaló que, hasta septiembre, no existía una propuesta formal presentada a México para considerar ese intercambio.
La información no permite concluir que la situación institucional de ambas iniciativas sea idéntica, pero expone una dificultad común: la construcción de una planta desaladora no garantiza, por sí misma, que Arizona pueda disponer de un volumen equivalente del Colorado.
La participación de Sonora, todavía sin compromisos públicos
Los acercamientos de WIFA con el Gobierno de Sonora se producen mientras permanecen sin definir elementos esenciales del proyecto: la ubicación de la planta, las rutas de conducción, los permisos ambientales, el destino del agua desalinizada, sus compradores y los compromisos financieros de las partes.
Tampoco se ha documentado qué dependencias estatales participaron en las visitas estadounidenses ni si durante el recorrido por Guaymas–Empalme se discutió específicamente la propuesta de Acciona–Fengate.
La planta visitada por representantes de WIFA se encuentra bajo responsabilidad pública de la Comisión Estatal del Agua y opera mediante un esquema de asociación público-privada con Aqualia.
A diferencia de la infraestructura que ya funciona en Guaymas–Empalme, la desaladora que Arizona estudia en la costa noroccidental de Sonora continúa en una etapa de evaluación, sin autorizaciones definitivas para su construcción.
Los estudios también deberán determinar el costo real del agua producida, el consumo de energía, los efectos de la captación marina y la descarga de salmuera, así como las condiciones para obtener autorizaciones mexicanas.
En particular, permanece pendiente establecer quién asumiría las obligaciones financieras si la producción de agua desalinizada se mantiene, pero el volumen del Colorado disponible para intercambio resulta inferior al previsto.
La visita documentada por Jonathan Lines y las declaraciones de Alteneder confirman que Arizona ha mantenido acercamientos con autoridades sonorenses para conocer su experiencia en desalación.
Lo que todavía no existe públicamente es un acuerdo que establezca cuánto agua recibiría Sonora, cuánto conservaría Arizona del río Colorado, quién pagaría la infraestructura y qué garantías tendrían ambos países ante una reducción adicional de los caudales.
Mientras esas condiciones no se definan, la propuesta de construir una desaladora multimillonaria en Sonora seguirá dependiendo tanto de los resultados de los estudios de ingeniería como de una negociación binacional sobre un recurso cada vez más escaso.
EXPLICACIÓN TÉCNICA
¿Qué es un intercambio de agua?
El mecanismo de intercambio hídrico (*water exchange*) que estudia Arizona consiste en producir agua desalinizada en territorio mexicano y entregarla a usuarios de Sonora u otras regiones del país, a cambio de que una cantidad acordada del agua del río Colorado, que corresponde recibir a México, quede disponible para usuarios estadounidenses.
El esquema no implicaría necesariamente que México vendiera o cediera sus derechos sobre el río Colorado.
Según explicó Ben Alteneder, subdirector de Asuntos Externos de WIFA, se trataría de intercambiar volúmenes físicos de agua, conservando la titularidad de los derechos mexicanos.
La diferencia es fundamental: México podría recibir agua desalinizada procedente del Golfo de California, mientras Arizona obtendría disponibilidad adicional del río Colorado sin tener que transportar necesariamente toda el agua producida por una tubería desde Puerto Peñasco hasta Phoenix.
Sin embargo, el mecanismo todavía es una propuesta conceptual. Su aplicación requeriría acuerdos entre México y Estados Unidos, definir quién recibiría el agua desalinizada, establecer los volúmenes intercambiados y determinar quién pagaría los costos de producción, conducción y operación.
También tendría que ajustarse a las disposiciones del Tratado de Aguas de 1944 y a los acuerdos binacionales que regulan la distribución del río Colorado.
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