Cierran playas en Sonora

Cierran playas en Sonora

LAS PLAYAS SON DEL PUEBLO, PERO LLEGAR AL MAR CADA VEZ ES MÁS DIFÍCIL: URGE GARANTIZAR ACCESOS PÚBLICOS
El mar es de todos, pero llegar a él se ha convertido en un problema en distintos puntos de Sonora y México.
Desarrollos inmobiliarios, residencias, cercas, casetas de vigilancia y caminos que atraviesan terrenos particulares están generando conflictos por el acceso a playas que son bienes nacionales y de uso público.
En San Carlos, Guaymas, la problemática está reconocida en el propio Programa Municipal de Desarrollo Urbano, que identifica restricciones de acceso en sectores como Bahía Esmeralda, Alta Marea, Marina Real y Puesta del Sol.
El documento advierte que esta situación afecta el derecho de recreación y el libre tránsito de la población hacia las playas.
Otros conflictos han surgido en Miramar, donde en abril de 2026 ciudadanos protestaron por la instalación de una reja que pretendía cerrar un pasillo utilizado para llegar a la playa.
Tras la intervención de autoridades municipales, la estructura fue retirada. También en Piedras Pintas, San Carlos, se han denunciado cierres de accesos relacionados con desarrollos privados, provocando inconformidad entre ciudadanos y ambientalistas.
El problema no es exclusivo de Sonora. En Los Cabos, un diagnóstico municipal contabilizó 135 accesos a playas: 80 eran de libre acceso, 23 estaban cerrados, 14 controlados y 18 carecían de acceso.
Es decir, 55 de los 135 accesos identificados no eran plenamente libres, estaban controlados o no existían, una situación que revela la dimensión del problema en uno de los destinos turísticos más importantes del país.
En Punta de Mita, Nayarit, el conflicto por Playa Las Cocinas ha involucrado denuncias por obras, obstáculos y dificultades para acceder a la costa, obligando a autoridades federales a intervenir y abrir mesas de diálogo para garantizar el acceso público y revisar las afectaciones ambientales.
La Ley General de Bienes Nacionales establece que el acceso a las playas y a la Zona Federal Marítimo Terrestre no puede ser restringido, obstaculizado ni condicionado indebidamente.
Incluso contempla sanciones de 3 mil a 12 mil UMA para quienes impidan el acceso, además de la revocación de concesiones en casos de reincidencia.
Sin embargo, el problema sigue siendo que tener el derecho escrito en la ley no garantiza que una familia pueda llegar a la playa, estacionarse, caminar y disfrutarla sin encontrarse con una reja, una caseta o un letrero que diga “propiedad privada”.
Por eso, más que nuevas promesas, hace falta fortalecer la legislación y su aplicación: crear un inventario nacional de accesos públicos, garantizar caminos y servidumbres legales, señalizar las entradas, impedir que nuevos desarrollos bloqueen las llamadas “ventanas al mar” y sancionar efectivamente a quienes se apropien de facto de los accesos.
El desarrollo turístico y la inversión privada no deben estar peleados con el derecho de la gente. Los hoteles, condominios y residencias pueden crecer, pero no a costa de expulsar a la población de su patrimonio natural.
Las playas no deben ser privilegio de quien puede pagar un hotel, una membresía o un consumo. El mar es patrimonio de México y el acceso debe ser verdaderamente público.
 
Noe Curiel

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