Por Alberto Vizcarra Ozuna
Entre los planes del gobierno que encabezará López Obrador, está el reducir la dependencia alimentaria en trigo, maíz, arroz y fríjol. Esto plantea de entrada retomar el concepto de que el agua y la producción de alimentos es un binomio indisoluble y el compromiso de que las regiones que tienen la capacidad instalada para responder al imperativo de incrementar la producción nacional en estos productos, no deben de ser castigadas con el retiro de volúmenes de agua como se hace con la operación del Acueducto Independencia, obra que ilegalmente le quita el agua a la Tribu Yaqui y al Valle del Yaqui, desviándola a la ciudad de Hermosillo para alimentar grandes negocios inmobiliarios en detrimento de la producción de alimentos.
Por cerca de 18 años, el ahora presidente electo, denunció que por encima de los partidos políticos existe una amalgama de intereses que se confabulan para hacer grandes negocios, sin importarles que esto vaya en menoscabo del crecimiento económico del país, de las regiones y del bienestar de la gente. A estos los ubicó como la “mafia del poder”. Si hay alguna obra que emblematice en forma plena el resultado de acuerdos entre la llamada “mafia del poder”, es precisamente la construcción del Acueducto Independencia, proyecto que desde el inicio y ahora con su operación, se impuso violando disposiciones judiciales y observaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordenan la suspensión y en su caso cancelación de la obra.
En su momento el presidente Felipe Calderón, actúo como cómplice del gobierno de Guillermo Padrés, y le consintió todas sus tropelías, además de asignarle recursos federales a una obra que se encontraba en litigio y con señaladas violaciones a la ley. Durante la campaña electoral para las elecciones de 2012, Enrique Peña Nieto, se comprometió ante un Sonora dividido por el conflicto del agua e inconforme con las ilegalidades cometidas por Padrés, a hacer respetar la ley y el Estado de Derecho. No obstante que el Jurídico de la Presidencia, tuvo en sus manos la documentación que demuestra la operación ilegal de dicho acueducto, transcurrieron los seis años del gobierno de Peña Nieto y las dependencias federales responsables de acatar las disposiciones judiciales que las obligan a suspender la operación, no lo hicieron. Ambos presidentes, aún siendo de partidos distintos, se rindieron ante la “mafia del poder”.
Las banderas por la defensa de las aguas del Río Yaqui, no se arriaron ante las agresiones de Padrés, la represión y encarcelamiento de los yaquis; tampoco ante la complicidad abierta de Felipe Calderón y menos frente a las simulaciones de Enrique Peña Nieto. Estas banderas se mantienen en alto al momento en que está por asumir la presidencia de la república un hombre que a lo largo y ancho del país y en cada una de sus plazas públicas repitió que los grandes males son resultado de que vivimos “en un país que está en el estado de chueco” y que su gobierno lo regresará al Estado de Derecho.
No se espera que la conducta de López Obrador, con respecto a la operación ilegal del Acueducto Independencia, sea la misma que sostuvieron Calderón y Peña Nieto. Lo que se espera es que en los primeros meses de su gobierno le gire instrucciones a las dependencias federales responsables e implicadas en los juicios y litigios en torno al acueducto, para que obedezcan lo que instruye el poder judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y así se suspenda la operación de dicha obra y en su caso se cancele. Al mismo tiempo de que se sume al esfuerzo que la mayoría de los sonorenses hemos iniciado, junto con la gobernadora Claudia Pavlovich, para avanzar en la construcción de los módulos de la desaladora Guaymas-Empalme-Hermosillo, que permitan la disponibilidad de mayores volúmenes de agua destinados al consumo humano y no afectar a las regiones de por sí amenazadas por la grave sequía y que tienen la gran responsabilidad de contribuir a la producción nacional de trigo y maíz.
Si el gobierno que está por instalarse en los próximos meses, demuestra su congruencia en torno a todo lo que está implicado en el caso de la operación ilegal del Acueducto Independencia, ordenando el cumplimiento de la ley, estará dando un mensaje nacional claro de que el compromiso de sacar al país del “estado de chueco”, es en serio y de que el proyecto de reducir la dependencia alimentario en trigo, maíz, fríjol y arroz, es también un cometido estratégico. Por el peso del asunto, esto será la prueba tornasol para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.