¿Qué se va a elegir en el 2021?
Hasta ahora se anuncia que habrá cambios de gobernador en 17 Estados: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
(Baja California estará en función de la decisión del TEPJF. Jaime Bonilla, el candidato a gobernador de Morena, ha solicitado la anulación del transitorio de la reforma constitucional del 2014, que establece la duración de 2.7 años para quien resulte triunfador en la elección de junio. Bonilla solicita se deje en 6 años el período).
¿Por qué tantos estados?
Antes eran seis estados con elecciones coincidentes, pero las negociaciones políticas que se dieron en Guanajuato en 1991, cuando el gobierno promovió anular la elección de Ramón Aguirre y promover la llegada de Carlos Medina Plascencia —obligó a otra elección en 1995—, interrumpieron el proceso y quedaron cinco. Posteriormente, sucesivas reformas a las constituciones locales adecuaron los tiempos electorales y de gobierno para que las elecciones se llevaran a cabo coincidiendo con la federal (ejemplos Puebla, Veracruz y otros) y evitar así duplicidad y altas erogaciones económicas al realizar elecciones a cada rato, con un enorme desgaste. Ejemplo; Hidalgo donde se celebraban tres elecciones en un año para diputados locales, gobernador y ayuntamientos.
¿Qué más se elegirá?
500 diputados federales, 940 diputados locales y 1560 ayuntamientos.
¿Cambiará la geografía política de México?
De esos 17 gobiernos estatales, nueve están gobernados por el PRI. En seis gobierna el PAN, un independiente en Nuevo León y uno del PRD en Michoacán. Ahí se verá el verdadero estado que guardan los principales partidos políticos después de la elección del 2018, y en cuántos estados pudiera ganar el partido del gobierno. Falta tiempo y faltan sondeos para tratar de hacer un diagnóstico más aproximado a la realidad.
De lo que nadie duda es que el gobierno federal se aplicará a fondo para tratar de ganar los distritos federales y la mayoría de los gobiernos estatales.
¿Y cuál es la importancia de ese proceso?
Será la elección intermedia para el gobierno federal, donde se someterán a escrutinio público sus políticas y sus programas de gobierno.
Es decir, ahí se verá el nivel de desgaste —o fortalecimiento— con el que llegue a esa elección el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la primera mitad de su sexenio, y se verá si la gente sigue votando por Morena en la magnitud que lo hizo en la elección del 2018 ya sin la figura del candidato presidencial, que tanto ayudó al resto de las candidaturas en la elección pasada.
¿Y de aprobarse la iniciativa de revocación de mandato, qué implicaría para el proceso electoral?
De aprobarse la reforma constitucional tal y como lo pretende el gobierno, implicaría la presencia de AMLO en una urna especial, para que el votante decidiera si continúa —o no—como presidente hasta el final de su sexenio, un período de gobierno que concluirá el último día de septiembre de 2024, por la reforma constitucional del caso. La intención más allá del propósito Constitucional, es agregar a López Obrador como ingrediente de la elección para jalar votantes hacia Morena. Nada más.
¿Ya no terminará el sexenio el último día de noviembre?
Ya no, tal y como lo establece la reforma al artículo 83 de la Constitución: "El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1 de octubre y durará en él seis años"… La idea política —y la intención de fondo— del proyecto de revocación de mandato, es presentar de nuevo a AMLO en las urnas para apoyar al resto de los candidatos, porque lo que estará en juego será la elección de los 500 diputados federales, donde por ahora Morena tiene mayoría calificada y es lo que le ha permitido avanzar en las reformas constitucionales. Morena irá con todo, por la mayoría de los 300 distritos electorales federales y los 200 diputados de representación proporcional.
¿Un mandato sexenal más corto?
Sí, fue un acuerdo para fijar la toma de posesión del nuevo presidente para el 1 de octubre del 2024, a fin de acortar la brecha entre la fecha de la elección y la de la toma de posesión, que hasta la elección de AMLO en 2018 fue de cinco meses. Ahora la elección será en junio (artículo 225 de la Legipe y 159 de la ley local) y la asunción en Octubre.
Se disminuye así de cinco a cuatro meses. Es decir, el actual período de López Obrador será entones de cinco años y 10 meses.
¿Y se aprobará la reforma sobre la revocación de mandato?
Hay consenso opositor de que no se apruebe, cuando menos para aplicarse en este sexenio. De aprobarse, pudiera establecerse su vigencia para el próximo gobierno, como lo indica la lógica política y jurídica de no legislar para las autoridades actuales,, sino para las que siguen.
Así se hizo con la reforma del artículo 82 constitucional, para permitir que fuera presidente de México un hijo de "padre o madre mexicanos".
La reforma se aprobó en 1992 y los transitorios ordenaron que se aplicara hasta 1999, lo que abrió la puerta para el registro como candidato presidencial de Vicente Fox, hijo de español.
Con esa reforma constitucional se resolvía una vieja polémica de más de 100 años, cuando se le cerró la puerta a aspirantes presidenciales como José Yves Limantour (hijo de francés) y Bernardo Reyes (hijo de nicaragüense), pero que después se la cerraría a prospectos del siglo XX como Jesús Reyes Heroles (Díaz Ordaz lo consideró como posible), Carlos Hank González (que sonó fuerte en el sexenio de López Portillo), Arsenio Farrell Cubillas, José Francisco Ruiz Massieu y Jaime Serra Puche entre otros.
¿Y si no se aprueba la revocación para la próxima elección?
El gobierno y los legisladores de Morena van a insistir en la reforma del artículo 35 de la Constitución, relativo a los "derechos del ciudadano". Saben que el presidente y su presencia electoral son indispensables para un partido que no termina de aterrizar sus estructuras regionales y está confiado en los programas sociales del nuevo gobierno y el número de beneficiarios (22 millones) como una especie de base electoral que recibe directamente el dinero del gobierno.
Dependerá en mucho de que la oposición en el Senado (PRI, PAN y MC), donde Morena no cuenta con mayoría calificada, resista las presiones y opte por una reforma de largo plazo. De no hacerlo así, tanto el PAN como el PRI y Movimiento Ciudadano corren serios riesgos en sus proyectos electorales de cara a la sucesión presidencial del 2024.
¿Habrá alianzas?
Desde luego que sí. Desde ahora se advierte que en la elección federal intermedia y en las estatales, irán juntos tanto Morena como el Verde Ecologista y el Partido del Trabajo. No se sabe de acuerdos posteriores entre PAN, MC y PRD o del PRI con algún otro. Falta tiempo todavía. Del PRD no se sabe, salvo su preocupación por conservar el registro nacional y obtener el 3% de la votación nacional de diputados federales. En caso contrario estará perdido y corre el riesgo de desaparecer.
¿Surgirán de ahí nuevos perfiles para la elección del 2024?
En definitiva sí. Por lo que ahora se menciona, estarán en juego por ejemplo: Las posibilidades presidenciales de Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano en Jalisco; ver quién pudiera ganar en Nuevo León; las nuevas figuras que pudieran surgir en el PAN; el papel de la nueva dirigencia del PRI y de paso, observar el comportamiento de los mencionados de Morena para la futura contienda presidencial. Todo un reto.
bulmarop@gmail.com