Por Alberto Vizcarra Ozuna
Apremia que los aires de la Cuarta Transformación, entren a oxigenar el ambiente tóxico que permanece en la CONAGUA, dependencia federal que continúa haciendo valer los criterios de la política económica neoliberal en el manejo de las aguas nacionales y sigue consintiendo las ilegalidades cometidas por los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en la construcción y operación del Acueducto Independencia, obra con la que indebidamente se le extrae agua a la Cuenca del Río Yaqui -desde el sitio del Novillo- para alimentar la burbuja especulativa que crece en torno a los proyectos inmobiliarios de la ciudad de Hermosillo.
La CONAGUA, como entidad dependiente de SEMARNAT y dirección responsable del manejo de las aguas nacionales, tiene en sus manos la operación del Acueducto Independencia. Los nuevos funcionarios saben o deberían de saber, que lo hacen en forma ilegal y en desobediencia a observaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien determinó la inexistencia del Manifiesto de Impacto Ambiental, mientras no se resolviera la consulta a la Tribu Yaqui. Lo hacen al mismo tiempo que aceptan que la Cuenca del Río Yaqui está en una condición deficitaria y que atraviesa por una crisis extrema de sequía que la sitúa con una disponibilidad de agua significativamente menor a la que tenía el año pasado.
Actualmente se tienen 750 millones de metros cúbicos menos de los que se disponían el año anterior; a este déficit hay que agregarle los 200 millones de metros cúbicos que oficialmente se llevan acumulados con las extracciones ilegales del acueducto. Estamos hablando de casi mil millones de metros cúbicos menos de disponibilidad de agua que padece en este momento la región del sur de Sonora.
En lugar de trazar una política para revertir las ilegalidades cometidas por los gobiernos anteriores, los actuales funcionarios de la CONAGUA las admiten como herencia obligada. Continúan defendiendo la idea absurda y descabellada, de que entidades como Sonora, que registran un alto estrés hídrico por la falta del recurso, se deben de someter a las limitantes que esta realidad impone y con ello renunciar al crecimiento económico, la creación de empleos y la producción de alimentos.
Esta fue la reciente condena que lanzó sobre los sonorenses, desde la ciudad de México, Eugenio Barrios Ordoñez, Subdirector General de Administración del Agua de la dependencia federal, quien en entrevista reproducida por periódicos de circulación estatal, sentencia que Sonora debe someterse a la condición inexorable de “sobrellevar lo inevitable: sobrevivir con poca agua en una entidad que ya se calentó por arriba de la media mundial.”
Las preocupaciones de Barrios Ordoñez y de buena parte de la alta burocracia de CONAGUA, no están en gestionar más agua con la desalación de agua de mar y proyectos como el Plan Hidráulico del Noroeste, sino en cumplir con la agenda ideológica de los intereses privados que le sacan raja a las teorías fatalistas de los límites al crecimiento. Por eso se exhiben como profesionalmente irresponsables y no vinculan sus dichos con las consecuencias perniciosas de los mismos sobre la vida social y económica de la población.
Es esta conducta irresponsable, la que explica que la delegación de CONAGUA en Sonora, esconda la cara frente a la solicitud de audiencia que desde noviembre del año pasado le presentó el Movimiento Ciudadano por el Agua, junto con productores del sur de Sonora y la Tribu Yaqui, para conocer la actitud del nuevo gobierno federal con respecto a la operación ilegal del acueducto.
Ha llegado el momento de que intervenga en forma directa el presidente de la república para que enderece la conducta torcida que mantiene la CONAGUA, respecto a este grave problema que aqueja a Sonora y afecta directamente a la Tribu Yaqui y a todas las actividades productivas del sur de Sonora.
Ciudad Obregón, Sonora, 3 de octubre de 2019