Por Alberto Vizcarra Ozuna
En el Foro de análisis sobre el impacto de las políticas de recortes presupuestarios en el sector agrícola, realizado el pasado lunes 14 de octubre en el auditorio de la Unión de Crédito Agrícola del Yaqui, en Ciudad Obregón, Sonora, uno de los ponentes explicaba que la arremetida restrictiva que en materia presupuestal ejerce el gobierno federal, es porque este se comprometió a lograr a toda costa un superávit presupuestal. Lograr un equilibrio en el presupuesto o un superávit, sin importar las afectaciones en sectores estratégicos de la economía, ha sido por los últimos treinta años el signo distintivo de las políticas económicas neoliberales.
La retórica del presidente en contra del neoliberalismo es sistemáticamente radical, pero extremadamente conciliatoria con sus dogmas a la hora de la presentación del proyecto de presupuesto y su eventual ejercicio. No hay sector de la administración pública que escape a la desenfrenada política de ajuste presupuestal, tampoco se salvan los estados y municipios del país de la agresiva y filosa tijera de la Secretaria de Hacienda, pero el sector agrícola resultó ser el perro más flaco al que se le cargaron las pulgas. Ni los productores más pobres, que se presumían los beneficiados con el subsidio a los fertilizantes quedaron fuera de los recortes, pues se les pretende castigar con una diezma del 36 por ciento con relación al presupuesto anterior.
Así lo señalaron los productores rurales, esto es pequeños propietarios, ejidatarios y colonos de lo estados de Sinaloa, Chihuahua, Durango, Tamaulipas y Sonora, reunidos en el Foro junto con legisladores federales y el diputado presidente de la Comisión de Agricultura, Eraclio Rodríguez Gómez. Presentaron las cifras que indican una caída en cascada del presupuesto al sector agrícola, que el año 2015 dispuso de 92 mil millones de pesos y ya en el 2017 se le redujo a 70 mil quinientos millones de pesos, continuando con su caída en el 2018 reducido a 64 mil millones de pesos. El gobierno de López Obrador, no se propuso revertir esta lacerante política de recortes y en el ejercicio del 2019 lo mantuvo nominalmente estancado.
Lo propuesto como recorte para el 2020 al sector agrícola, es todavía más agresivo, contempla una reducción del 29 por ciento con respecto al año anterior, dejándolo con la disposición raquítica de 46 mil millones de pesos. En suma, de imponerse el brutal tajo que el gobierno le quiere dar al sector, estaríamos hablando que en tan solo cinco años la actividad relacionada con la producción de alimentos en el país sería castigada con el 50 por ciento en su presupuesto.
Los riesgos económicos y sociales, de continuar esta política de austeridad, no son menores y fueron señalados en el Foro. Jorge Luís López Martínez, presidente de la Unión Nacional de Productores de Sorgo, del estado de Tamaulipas, fue uno de los ponentes que con mayor claridad sostuvo que desde la firma de los acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos y Canadá, el gobierno de México ha venido reduciendo los apoyos a los productores de granos. Sostuvo el dato con una gráfica que demuestra que de haberse sostenido el PROCAMPO en los términos establecidos a partir de 1994, en este año se le debió de haber asignado -para este rubro- una cifra aproximada de 86 mil millones de pesos, pero prácticamente el apoyo está desaparecido, porque apenas se conserva un presupuesto de 9 mil millones de pesos.
El mismo dirigente de los productores de Tamaulipas, pone el dedo en la llaga y señala que las políticas comerciales derivadas de los tratados de libre comercio han acentuado la dependencia alimentaria. Tan solo en el 2013 México importó 19 millones de toneladas de granos y para el 2018 las importaciones anuales de granos básicos llegaron a los 32 millones de toneladas. No desaprovechó la oportunidad para cuestionar al gobierno de López Obrador, quien habla de reducir la dependencia alimentaria, cuando la política de apoyos que se limita a las zonas de autoconsumo no logrará incrementar la producción de granos básicos ni en 2 millones de toneladas, mientras que el abandono presupuestal a las zonas de riego, representará una reducción en la producción de granos de cerca de 4 millones de toneladas.
Es muy seguro que el gobierno logre quedar bien con las entidades financieras que le exigen el equilibrio en el presupuesto o incluso que logre presumir un superávit en el ejercicio fiscal, pero repetirá con ello la historia de los últimos treinta años: finanzas públicas sanas con economía estancada y con una profundización en la dependencia alimentaria.
Ciudad Obregón, Sonora, 17 de octubre de 2019
