Para eliminar el autoritarismo de los gobiernos que pretenden concesionar servicios públicos, el diputado
Rodolfo Lizarraga Arellano
propuso que este tipo de acciones sean previa consulta vecinal. En la sesión de este jueves en el Congreso del Estado, el legislador por el Partido del Trabajo presento la iniciativa para reformar el artículo 61 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, con lo que se obligaría a los gobiernos a tomar en cuenta la opinión ciudadana.
“Ante el abuso que han hecho ayuntamientos que resuelven las necesidades de la sociedad con tintes personales, políticos, para beneficio individual y no colectivo, es necesario abrir a la participación ciudadana la toma de decisión de las concesiones o alianzas pública-privadas de servicios”, señaló el legislador desde tribuna.
Lizárraga Arellano, solicitó que ninguna decisión de transcendencia dentro de los gobiernos, se realice a espaldas de la ciudadanía, ya que la participación de la sociedad en los trabajos de la administración pública es clave para la democracia y transparencia.
“No son tiempos de autoritarismo, sino de democracia participativa”, expreso.
Rodolfo Lizárraga, comentó que la consulta vecinal es un instrumento de participación ciudadana mediante el cual los ciudadanos sonorenses de un municipio podrán emitir su opinión respecto a propuestas de solución a problemas colectivos del lugar donde residen, lo que permitirá constituir un elemento de juicio para el ejercicio de las funciones de gobierno correspondientes.
Actualmente dijo, previo al acto de privatizar un servicio público no hay una consulta a la ciudadanía, en donde den su parecer en el tema, pues al final son los que resienten los beneficios o perjuicios del acto tomado por la autoridad municipal.
Como antecedente, el legislador por el Distrito XIII, recordó el caso de Hermosillo donde la administración anterior concesionó el servicio de alumbrado público, acción que terminó por cancelarse por el actual gobierno debido a que a largo plazo sería muy costosa para Hermosillo, además que el Ayuntamiento tiene la capacidad para prestar el servicio con ahorro, eficiencia y eficacia.
Esta propuesta fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación.
