Comunicado de prensa
A la opinión pública:
La actual situación que atraviesa el país y el Estado de Sonora, nos exige la colaboración de todos los sectores, como los poderes públicos, la iniciativa privada y la sociedad civil para buscar soluciones conjuntas que promuevan el correcto funcionamiento de todos los motores de la economía, y así poder hacer frente a los distintos retos sanitarios y sociales.
En ese sentido, como organismos nos preocupa que en LXII Legislatura Local se procesen temas de impacto directo para distintos sectores económicos, mismos que son contrarios al objetivo de mantener los empleos y generar acciones en favor de la recuperación económica, acciones con las que se alejan de ser un Parlamento Abierto.
Un ejemplo de lo anterior, es el la Iniciativa con Proyecto de Decreto que Adiciona Diversas Disposiciones a la Ley de Salud para el Estado de Sonora, presentada por la Diputada por MORENA, Miroslava Lujan López; en particular, preocupa el hecho que sin una argumentación sólida se pretenda prohibir la venta de una serie de alimentos y bebidas a menores de edad.
El proyecto legislativo surge del objetivo loable de contrarrestar los efectos negativos del sobrepeso y la obesidad en la población mexicana; no obstante, se estará legislando una materia que corresponde exclusivamente a la Federación por lo que de aprobarse el proyecto legislativo que nos ocupa implicaría una controversia jurídica.
En particular, observamos que las acciones que se pretenden prohibir son actos mercantiles cuya prohibición generaría una violación al Artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en materia de libertad de comercio de una actividad lícita, y se violarían diversas disposiciones de la Ley de Infraestructura de la Calidad, misma que establece el libre comercio de productos que cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas.
Consideramos que la medida generaría un alto impacto económico negativo en toda la cadena de valor de la industria agroalimentaria, incluyendo productores artesanales y pequeños comercios, los cuales nos permitimos enlistar a continuación:
● Afectación directa a miles de comercios, en particular a micro y pequeñas empresas como misceláneas, abarrotes, loncherías, fondas, taquerías, entre otros. Lo anterior, derivado a que alrededor del 60% de los ingresos dichos negocios dependen de la venta de alimentos y bebidas, condición que generaría una significativa pérdida de empleos directos e indirectos.
● Adicionalmente, la prohibición tendría un impacto directo en los pequeños y medianos productores de cacao, chocolate, frutas deshidratadas, lácteos, cárnicos, productos a base de cereal, entre otros, condición que no sólo no resolverá el problema de sobrepeso y la obesidad, sino que incentivaría el mercado informal e impactará negativamente a las familias del Estado.
● No omitimos señalar que en estos momentos el país se encuentra en una crisis económica profunda, la cual principalmente afecta a los pequeños comercios. Tan sólo a nivel nacional se estima que derivado de esta situación ya han cerrado más de 150 mil tiendas de abarrotes, por lo que esta política pondría a ese sector en Sonora en máximo riesgo.
Esta visión es coincidente con la planteada por el Gobierno Federal, a través del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en septiembre de 2020 comentó lo siguiente: “Soy partidario de que se oriente, de que se dé información. Yo sostengo, lo he dicho aquí muchas veces, que no se deben de prohibir las cosas, prohibido prohibir, lo más importante es crear conciencia, no prohibiciones. Entonces, orientar para que haya una buena alimentación (…)”
En este sentido, también pedimos que en lugar de restricciones haya apertura al diálogo y exhortamos al Congreso del Estado a no castigar a los comerciantes locales y posponer la discusión de la reforma propuesta, en tanto no se realiza un análisis integral de la misma y se promueve un diálogo con los distintos sectores económicos y sociales del Estado de Sonora que se verían gravemente afectados por la misma,
