El silencio del INPI

Por Alberto Vizcarra Ozuna

Este jueves 10 de junio, se cumplen exactamente dos semanas de la desaparición forzada del líder, gestor y defensor del agua y el territorio de la Tribu Yaqui, Tomás Rojo Valencia. En el transcurso de su ausencia se han recibido mensajes de solidaridad a la familia del dirigente yaqui, de diferentes partes del mundo, tanto de las Américas, como de Europa e incluso de Asia. En todos estos mensajes, se condena el hecho, se pondera la personalidad de Rojo Valencia y se pide a las autoridades federales y estatales el despliegue de todos los esfuerzos posibles para recuperarlo sano y salvo.

Al ser notificado de los hechos, en lo inmediato, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien siempre ha mantenido una relación cercana y de especial afecto con la tribu y con los productores rurales del Valle del Yaqui, emitió una declaración junto con reconocidos intelectuales y artistas mexicanos, pidiendo a las autoridades federales y estatales el despliegue de todos los esfuerzos para lograr el regreso del dirigente yaqui.

La semana pasada, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue interrogado sobre el caso y prometió que el asunto no “quedaría en la impunidad, porque las cosas ya no son como antes”. La preocupación internacional por la suerte del dirigente del pueblo yoreme y el compromiso presidencial de que tales hechos no quedarán impunes, no han sido suficientes para sensibilizar a los directivos del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino y Hugo Aguilar, quiénes alejados de la empatía más elemental, no han tenido ni siquiera el gesto de condenar públicamente el hecho y mostrar la solidaridad con la familia indígena del desaparecido. Mucho menos de participar en el reclamo por el respeto a la vida y a la integridad física de Tomás Rojo.

Se sabe que la mayor notoriedad del liderazgo de Rojo Valencia, se logró en la última década, periodo en el que permaneció a pie firme en la defensa de las aguas del Río Yaqui y en contra de la construcción y operación ilegal del

Acueducto Independencia, obra con la que desde la parte media de la cuenca de dicho río, se desvían importantes volúmenes de agua hacia la capital del estado de Sonora (Hermosillo) para satisfacer a corporativos privados y firmas inmobiliarias, que proyectan grandes negocios despojando del agua a la tribu y a las actividades productivas del sur de Sonora.

Actualmente está en curso la implementación de un Plan de Justicia para los pueblos yaquis, ordenado por el presidente y puesto bajo la responsabilidad de los directivos del INPI. Aun no formando parte de las autoridades tradicionales de la tribu, Tomás siempre vio con beneplácito la instrumentación de dicho plan que contempla algunos beneficios y mejoras en el territorio yaqui, pero no ocultó su discrepancia con los directivos del organismo indígena, que al calor de los beneficios prometidos, pretenden convencer a la tribu de que renuncien a la defensa jurídica en contra del acueducto y terminen por aceptarlo bajo el engaño de que no les afecta, ni les afectará.

Hay silencios que son inaceptables, y el que guarda el INPI frente a este episodio es uno de ellos. El organismo se creó para proteger al indígena y a los pueblos indígenas. Se entiende que dicha motivación es incondicional. Es inadmisible que el mundo valore en toda su dimensión la importancia de la personalidad de Tomás Rojo Valencia y que el presidente prometa justicia, mientras la indolencia del INPI encuentra refugio en el silencio.

Ciudad Obregón, Sonora 10 de junio de 2021

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