Por: Marco Antonio Andrade Aguirre
andrade.aguirre@hotmail.com
Cuando por razones naturales ó padecimientos físicos enfrentamos la pérdida y la ausencia definitiva de nuestros padres, hijos, familiares o amigos, comprendemos en su justa dimensión la fragilidad y la temporalidad de la vida. Nos resignamos a lo inevitable, pero, cuando a alguno de éstos nos lo arrancan y desaparecen por la fuerza y la acción irracional de la violencia criminal, entonces nos martirizan, destruyen y aniquilan juntos.
La diversidad de problemas sociales en nuestro país es prácticamente ancestral. Pobreza, marginación, desigualdad y violencia persisten, en mayor o menor grado, en todos los estados.
Ningún partido en el gobierno los ha enfrentado con suficiente voluntad ni decisión alguna. Es evidente la desidia y la indolencia política para asumir la responsabilidad de resolverlos eficaz y oportunamente. La justicia diferida es el signo distintivo de nuestro tiempo.
En ese vértice de omisión gubernamental se ubica, precisamente, el incontenible problema de la inseguridad, la violencia, la delincuencia organizada y sus múltiples consecuencias, mismas que impactan, principalmente, la armonía de la sociedad, pero también tienen efectos colaterales en la economía y en el desarrollo integral del país y sus regiones.
También las organizaciones delictivas se han convertido en un factor político, de tal forma que en algunos procesos electorales intervienen, desafortunadamente, como un elemento determinante para decidir ó financiar candidaturas, y en otros casos, influyen en el resultado de una elección. La violencia política en las elecciones del 2021 tuvo como resultado a 102 precandidatos o candidatos asesinados y 1,066 agresiones de carácter político personal.
Una realidad perturbadora, sin duda, aunque paradójicamente aceptada por el beneplácito de nuestra clase política y ciudadanos militantes de partidos, como beneficiarios del problema, misma que un exgobernador sonorense llamaba “el cinismo social”.
Los actos y hechos delictivos más comunes en la entidad fueron durante mucho tiempo los delitos patrimoniales como los robos, daños y fraudes, incluyendo otros como el abigeato, estupro ó violación, mismos que, si bien es cierto, eran crímenes excepcionales, éstos son parte de nuestro historial delictivo como sociedad, pero que comparados con el modus operandi y la violencia esquizofrénica de la delincuencia actual, y sobre todo, por el impacto social y la afectación humana, éstos eran peccata minuta.
En efecto, los delitos contra la vida, la libertad y la integridad de las personas como el secuestro, el homicidio y la desaparición forzada, incluyendo el feminicidio, son ahora tan comunes que estamos perdiendo nuestra capacidad de asombro e indignación colectiva.
La estadística de desaparecidos en nuestro país, lo mismo que el número de fosas para incineración y entierro de cuerpos es increíblemente creciente en todo el país.
Los números son escalofriantes. La SEGOB reconoce 95 mil desaparecidos, en su mayoría jóvenes de entre 20 y 26 años de edad, aunque las organizaciones independientes sostienen que el número real es mucho mayor e indeterminado.
Para nadie es un secreto que el fenómeno de la criminalidad por desaparecidos, asesinatos, feminicidios y delitos de violencia extrema se agudizaron a partir del 2006 con la “guerra contra el narcotráfico”. La SEGOB reconoce 62 mil víctimas en el periodo de Felipe Calderón. El 2020 reconoció 77,171 desaparecidos, aunque un año antes se esfumaron 8,345 personas, siendo el 2019 el año más violento desde 1964. El gobierno federal tiene 52 mil personas asesinadas sin identificar. Una verdadera tragedia humana.
El delito atroz del feminicidio y la violencia de género se encuentran en un túnel sin salida. En todos los estados las estadísticas son reveladoras. Ninguna localidad está exenta de éstos. El genial Eduardo Galeano decía que “el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo”. ¿Por eso las desaparecen ó asesinan?
A finales del 2019 la SEGOB tenía un registro nacional de 23,393 mujeres asesinadas. Mientras que para el 2020 reconocieron 28,393 aniquiladas. Siendo destacable que en los estados donde se cometieron más feminicidios fue en Morelos, Sonora y San Luis Potosí, en cuyas entidades fueron asesinadas más mujeres en el último año del 2021 en todo el país.
La otra criminalidad silenciosa consiste en que buscar a una persona desaparecida o indagar la autoría de su muerte, representa un grave riesgo tan igual como el mismo destino fatal de la víctima buscada. ¿En qué país vivimos?
En tal contexto, Sonora se convirtió en un foco de atención nacional por los índices de violencia contra las mujeres y por la cantidad de fosas encontradas, además de la cantidad de desaparecidos y de homicidios dolosos cometidos.
El 2019 en nuestro estado mataron 500 personas, se descubrieron 300 fosas clandestinas y se tienen más de 10,000 fichas de búsqueda en la fiscalía general del estado. Cruenta realidad.
El problema de las fosas tuvo un efecto expansivo a más lugares del territorio sonorense. En principio eran tres municipios donde aparecían los depósitos de la muerte. Ahora son diez.
Arizpe, Bacúm, Empalme, Vícam, Peñasco, Caborca, Huatabampo, Nogales, Cajeme y Hermosillo conforman el conjunto de 174 fosas reconocidas por el gobierno federal, mismas que a juicio del Grupo de Mujeres Buscadoras excede más de 400 aproximadamente.
El fenómeno de estos crueles delitos, que pudiéramos considerar de lesa humanidad por su repetición y generalidad sistemática, también provoco la desaparición el 2021 de diez integrantes de la Tribu Yaqui, de los cuales cinco aparecieron muertos en fosas comunes.
Es decir, la desaparición y ejecución de personas en Sonora sucede lo mismo en las ciudades que en las zonas rurales. Las fosas con cadáveres anónimos aparecen indistintamente en áreas urbanas, en el desierto, en las playas, en la costa, en la frontera, en los valles ó en la sierra.
En ese sentido, la espiral de dicha criminalidad representa un monumento a la impunidad, puesto que la obligación y la responsabilidad esencial del Estado para proteger y garantizar la vida, la seguridad y la libertad de las personas, considerados derechos humanos elementales, es una garantía constitucional incumplida innegablemente por todos los niveles de gobierno.
Las preguntas obvias en el tema son, entre otras: ¿Qué país construimos y que sociedad somos para tolerar esta atrocidad humana en curso? ¿Hasta cuándo se moverá el brazo de la justicia para contener la estadística criminal por la continua violación a derechos humanos básicos? ¿Es imposible suprimir la impunidad por desaparición, feminicidios y muertes violentas? ¿Qué impide exigir responsabilidades por la omisión gubernamental de este holocausto mexicano?
Nuestra trágica realidad nos indica que cambiar la táctica y la estrategia de seguridad es un imperativo categórico. Es mejor corregir ahora que enderezar después.
Por el pronto regreso de Enrique Peña Cruz, Ejidatario de Tesoripa, desaparecido.
Salud.