Entretelones
Samuel Valenzuela
Durante más de 30 años el gobierno mexicano desplegó un esfuerzo conjunto con el de los Estados Unidos y el sector pecuario de este país, para que a mediados de 1991 el territorio nacional fuera declarado libre de la plaga del Gusano Barrenador de Ganado.
Ese estatus sanitario quedó en el pasado a fines de 2024, luego de al menos seis años de displicencia gubernamental, recorte de presupuestos al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y la corrupta operatividad de Aduanas en la porosa frontera sur de México y la absurda autorización para importar ganado procedente de Centroamérica con el propósito de regular los precios de la carne para facilitar el acceso a dicho alimento a las clases populares.
Luego de una reapertura de la frontera con EEUU de apenas tres días, las autoridades de agricultura gabacho volvieron a cerrarla el 9 de julio por nuevos hallazgos de ganado infestado en Veracruz, desde donde reportan al menos 40 casos, con una suma de poco mas de mil 400 en los últimos seis meses, además de una treintena de personas en Chiapas, Yucatán, Oaxaca y Veracruz.
Dada la fortaleza sanitaria del sector pecuario de Chihuahua y Sonora, se llevan a cabo gestiones para que la USDA les de trato de excepción y al menos en esos Estados se permita las exportaciones de ganado en pie, sin que tengamos idea del avance de tal propuesta, aunque de acuerdo con especialistas, el el gusano barrenador de ganado a México está de regreso con mucha fuerza y prevén que la crisis a penas empieza y la expansión de la mosca que lo provoca es hasta ahora incontenible.
En este contexto de crisis para uno de los sectores económicos más importantes de este país, resulta una soberana estupidez, un absurdo en su máxima expresión, el que SENASICA haya autorizado ya en dos ocasiones la importación desde Nicaragua de dos lotes de más de 10 mil becerros, el primero ya en el país y al que le dio festiva bienvenida el titular de la SADER, Julio Berdegué, con obsequiosas referencias a la empresa SuKarne con sede en Culiacán y propiedad de Jesús Vizcarra Calderón.
El segundo lote de más de cinco mil animales está siendo embarcado en Puerto Corinto de ese país centroamericano, previéndose su arribo al puerto de Mazatlán entre el domingo y lunes próximos
Para luego trasladarlos por tierra a Tlahualilo, Durango, comunidad casi limítrofe con el Estado de Coahuila y a 200 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.
Nicaragua con casi 20 mil animales infectados y contando, es reconocido por propios y extraños como el epicentro de la incontenible expansión de la mosca que deposita sus larvas en mamíferos de sangre caliente y hasta por sentido común esas importaciones de SuKarne deberían ser suspendidas por el gobierno mexicano, porque con los antecedentes de corrupción no son confiables los resultados de las inspecciones zoosanitarias y la expedición de autorizaciones para meter a ese ganado de dudosa calidad a territorio nacional.
Resulta increíble que a pesar de la quisquillosa posición del departamento de agricultura de los EEUU y los graves efectos en la economía de los ganaderos particularmente del norte del país por el cierre de la frontera, el gobierno mexicano permita la importación de ganado de países con brotes activos.
Al respecto, categórico el posicionamiento de los ganaderos organizados de Durango, quienes en desplegado periodístico rechazan la introducción a ese Estado de ese ganado comprado a muy bajo costo en Nicaragua y traído a México para engorda para luego comercializar sus derivados a través de SuKarne, en un contexto que “no solo envía una señal negativa al socio comercial del norte, sino que además evidencia la falta de compromiso para proteger la sanidad del hato ganadero nacional, especialmente el del norte del país”, se establece en el comunicado.
Los ganaderos de ese estado cuentan con el apoyo del gobernador Alejandro Villegas Villarreal y la verdad ante la contundente razón de su rechazo a esas importaciones, los ganaderos de Sonora dirigidos por Juan “Brazos Cruzados” Ochoa y su homólogo de Chihuahua, Álvaro Bustillos Fuentes, deberían sumarse para hacer un frente común con el apoyo de la gobernadora del Estado Grande, Maru Campos y el de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, quienes a lo mejor con ello consiguen ese régimen de excepción que gestionan para al menos desde esas entidades reanudar la exportación al mercado gringo.
Por lo demás, como lo prometido es deuda, la dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Natalia Rivera Grijalva la pagó este martes al denunciar violaciones de derechos humanos de jubilados, pensionados y trabajadores del Ayuntamiento de Naco al mando de Lorenzo Villegas Vázquez.
La semana pasada, la dirigente naranja exhibió el nepotismo y machincuepas en los manejos de recursos financieros del presidente municipal de San Javier José Alberto Alday y este martes aplicó el 1-2 en el caso de Naco al dar a conocer la crítica situación y consecuencias que se han generado ante la falta y el retraso en los pagos de salarios, pensiones y jubilaciones por parte del Ayuntamiento de Naco, por lo que, se presentaron tres recursos legales ante las instancias correspondientes.
Acompañada por el regidor de la comuna de dicho ayuntamiento, José Luis Torres Bracamonte, Grijalva Rivera acusó a Villegas Vázquez de poner en peligro muchas vidas porque no responde a sus obligaciones, teniendo en su presupuesto lo necesario para hacerlo.
“La falta de atención médica y el abasto de medicamentos no es simplemente una falla administrativa: constituye una violación directa al derecho humano a la salud y a la seguridad social, derechos que deben garantizarse con independencia de la condición presupuestal del municipio”, dijo Natalia Rivera.
El regidor naranja explicó que los tres recursos legales presentados buscan restituir los derechos humanos, que se les paguen sus sueldos y salarios en tiempo, reembolsos por atención médica y medicamentos que han tenido que solventar ellos mismos y la revisión de la administración pública municipal por el ente fiscalizador ya que los recursos que no se han entregado están presupuestados.
Ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos se interpuso una queja por la violación de derechos humanos a la salud, a la igualdad de condiciones dignas de trabajo, en tanto que ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora un Juicio Administrativo para la nulidad de la negativa ficta, derivado de una solicitud de pago del 06 de febrero y la nula respuesta del alcalde.
“Observamos una autoridad municipal que no cumple la ley, que tiene 10 resoluciones del ISTAI, resoluciones de Tribunales, observaciones en materia de fiscalización y es hora que no cumple, por lo que, con estas acciones se busca resarcir el daño, conseguir que estas conductas y omisiones no se repitan”, subrayó Rivera Grijalva.
Como dato adicional, Naco es un municipio que en los últimos años aparece en el último lugar en la calificación de las cuentas públicas, con observaciones no solventadas ante el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización que suman alrededor de 18 millones de pesos cuyo destino se ignora.
Así como en el caso de San Javier, la dirigente de MC insistió en que el alcalde de Naco no caiga en la tentación de reprimir o tomar represalias contra la representación de ese partido en esos cabildos solo por ejercer su derecho y obligación de estar atentos a la administración de los ayuntamientos citados.