CRITICA
GASPAR NAVARRO
Y aunque a nivel mediático el sector minero que se reunió con Claudia Sheinbaum en la versión oficial se señale que no existe un problema de extorsión del crimen organizado, la sola reunión urgente refleja la gravedad del problema de inseguridad nacional que explotó con el secuestro 10 trabajadores en la Concordia, Sinaloa, de los cuales 5 aparecieron asesinados y semi enterrados en una fosa clandestina.
Versiones de familiares de las víctimas han señalado que la minera Vizsla Silver estaba sujeta a exigencias de extorsión por grupos criminales, por ello reforzaron la seguridad de la empresa y de los mineros, como se demuestra que el día del secuestro seis ingenieros en minas estaban custodiados por cuatro elementos de seguridad, pero aun así los mineros y sus guaruras fueron privados de la libertad.
La empresa canadiense que se dijo “devastada” por el asesinato de 5 de los 10 mineros secuestrados el pasado 23 de enero en la sierra de Sinaloa, evita mencionar o aclarar si es o fue objeto de demandas de “cobros de piso” de hasta 250 mil pesos mensuales, y que no participará en rumores o especulaciones sin sustento para advertir que mantiene una política de cero tolerancia ante la extorsión, corrupción y el soborno, así como cualquier forma de conducta ilegal y no ética.
Para tranquilizar a los inversionistas extranjeros que mantienen el proyecto “Panuco” en la sierra de La Concordia, Sinaloa, con inversiones hasta de 500 millones de dólares en trabajos de exploración de minerales de oro y plata, la minera Vizsla Silver, aseguró que los trabajos continúan mientras que las operaciones en el sitio permanecen suspendidas, pero el solo hecho del secuestro y las versiones de extorsiones del crimen organizado provocaron el pasado 9 de febrero la caída de un 11.30 por ciento de las acciones en la Bolsa de Valores de Toronto, Canadá.
En México existen millonarias inversiones en minas y en otros sectores por parte de Canadá, por lo que al generarse el pánico de inversionistas, una delegación comercial canadiense en representación de 400 empresas estuvo en nuestro país el pasado 16 de febrero para reunirse con funcionarios federales mexicanos encabezados por Claudia Sheinbaum, para demandar certezas y un compromiso en materia de seguridad.
“Si queremos que la inversión y los empresarios sigan creciendo, necesitan ver al gobierno (de México) trabajando en prioridades como esa de seguridad”, señaló la misión comercial canadiense encabezada por Dominic LeBlanc, presidente del Consejo Privado del Rey para Canadá y Ministro de Comercio y Asuntos Intergubernamentales canadiense.
Así las cosas, los canadienses advirtieron que los sectores para colaborar están ubicados, pero requieren constatar que para México la seguridad es un tema prioritario.
Y ese mismo clamor y en ese mismo tenor ha de haber sido la reunión con Sheinbaum con representantes de la Cámara de la Industria Minera donde participaron la mayor cantidad de industrias mineras del País con el gabinete de Seguridad federal.
Según la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la extorsión se consolidó como uno de los principales frenos a la inversión empresarial en México y como un costo estructural para la actividad productiva debido a la expansión de este delito a nivel nacional.
Según el organismo empresarial, la extorsión dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en un factor que incide directamente en decisiones de inversión, expansión y permanencia de las empresas, en un contexto donde la respuesta de las autoridades sigue siendo insuficiente.
Citando cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el organismo indicó que entre 2015 y 2025 la extorsión creció 78 por ciento a nivel nacional, al pasar de 6 mil 223 a 11 mil 81 víctimas anuales.
Esta trayectoria, subrayó Coparmex en un comunicado, confirma que se trata de un problema estructural que se ha arraigado en la economía y no de un repunte coyuntural.
Tan sólo en 2025, la incidencia de extorsión aumentó en 20 de las 32 entidades federativas, lo que equivale a casi dos tercios del territorio nacional.
En prácticamente todo el país, este delito (extorsión) continúa expandiéndose, como se ha denunciado en sectores agrícolas como los aguacateros y limoneros para citar los casos más recientes que han terminado de manera sangrienta al asesinar a productores y a líderes por negarse a la extorsión. Lo peor del caso es que es tan generalizada la extorsión, que la exigencia de “derechos de piso” no perdonan ni a las tienditas de barrio ni a comerciantes en general. (g_navarro_ruiz@hotmail.com)