+ La diputada López Noriega pide mejorar la justicia en Sonora; la ventanilla única impediría revictimizar a víctimas del delito; CTM protege a vendedores del Malecón; es contagiosa la enfermedad electoral de Ramón Flores
Agustín Rodríguez L.
GUAYMAS, Son. – Esto dice el encabezado de una información del Congreso estatal: “Menos trámites, más justicia para las víctimas”.
En ella descubro el acertado contenido y la sensibilidad de la diputada Alejandra López Noriega, quien pide crear una ventanilla única que elimine barreras, para que el ciudadano evite la revictimización y tenga garantizada atención integral desde el primer contacto con cualquier autoridad.
La dama no es ninguna improvisada. Posee un título en ingeniería industrial y un diplomado en Marketing Político. Fue directiva y parte del consejo estatal del PAN en Sonora y logró posiciones como senadora suplente, diputada federal y diputada local, además de funcionaria federal y local.
Con esa experiencia no es raro que perciba cuanto ocurre en su entorno y tocó un tema sensible para ciudadanos de todos los niveles, planteamiento que aplaudo.
Dijo que en Sonora el acceso a la justicia no puede depender de la capacidad de una víctima para resistir trámites largos, confusos y desgastantes y, con esa convicción, presentó la iniciativa para crear en la ley la Ventanilla Única de Atención Integral a Víctimas, “un modelo que pone al centro la dignidad humana y mejora la forma en que se responde ante el dolor”.
Dice esto: “Cuando una persona decide denunciar, ya dio el paso más difícil. Lo que sigue no debería ser otro obstáculo, sino una respuesta clara, humana y efectiva”.
Reconoce avances que Sonora logra en atención a víctimas, pero demanda dar el siguiente paso: “simplificar, coordinar y humanizar los procesos para que ninguna persona tenga que recorrer un laberinto institucional para acceder a sus derechos”.
Si preguntamos a cualquier ciudadano que debió enfrentar un proceso así, sabrá de ese laberinto.
Alejandra quiere que, desde el primer contacto con cualquier autoridad –fiscalía, policía, servicios de salud, DIF, municipios o instancias especializadas–, la víctima reciba atención inmediata, acompañamiento continuo y acceso a apoyo psicológico, médico y legal. Que no exista duplicidad de trámites ni desplazamientos innecesarios, algo común en cada oficina de ese prolongado laberinto institucional que revictimiza como costumbre.
Expone la necesidad de crear un expediente único –de veras, sin laberintos ni duplicidades—para dar seguimiento integral al caso y evitar que las víctimas deban repetir su historia una y otra vez.
Hoy muchas personas desisten de denunciar no por falta de razón, sino por lo complejo del proceso, la pérdida de tiempo y la desconfianza en un sistema que se vuelve más desgastante que el propio delito.
La experimentada legisladora así resume la necesidad de ser mejores en esa atención que existe como obligación legal, pero está llena de omisiones y desatenciones:
“Escuchar a las víctimas también es reconocer lo que aún podemos mejorar. Esta iniciativa es para entender que la justicia no solo debe existir, sino sentirse cercana, accesible y digna; se debe mejorar la atención. Esta propuesta impulsa también una mayor coordinación interinstitucional, optimizando recursos públicos y fortaleciendo la capacidad del estado para dar respuestas oportunas y efectivas”.
Resalta eso de “optimizando recursos públicos”, porque las oficinas donde se debe atender a víctimas del delito, reflejan no tenerlos. No hay personal suficiente y la infraestructura impide ser optimista al buscar resultados.
Así pues, Alejandra López Noriega recalca lo buscado con esta iniciativa: que Sonora marque un antes y un después en la atención a víctimas.
Más claro: “pasar a un modelo articulado, sensible y centrado en las personas”.
Porque si me preguntan, o lo preguntan a cualquier persona que haya buscado el apoyo de la ley en las instituciones creadas para perseguir su correcta aplicación, el actual modelo estaría desarticulado, es insensible y no se centra en las personas. Lamentable, pero sí.
Cierro el mensaje: “En Sonora hemos avanzado, pero no podemos conformarnos. Hoy damos un paso más para que ninguna víctima vuelva a sentirse sola en su camino hacia la justicia”.
Deben respaldarla sus compañeros legisladores para alcanzar esa meta. Un pueblo cercano a la frustración por las respuestas de las instancias responsables de buscar justicia, lo agradecerá, se sentiría protegido y viviría sin esa amenaza de sentirse desprotegidos por la inacción de quienes deben hacer cumplir la ley, lo cual deriva en impunidad, el peor enemigo de la sociedad actual.
VENDEDORES SE RESPALDAN EN LA CTM
Es bueno el sindicalismo. Ayuda a unir esfuerzos y hace fuerte los más débiles.
Es malo si se malutiliza esa fuerza para fines ajenos al bien común y a la defensa de los derechos ganados con esfuerzo.
Viene al caso porque 25 vendedores y prestadores de servicios del Malecón Turístico pidieron su ingreso a la CTM Guaymas, ante el dirigente estatal Javier Villareal.
Por supuesto, los aceptaron. Villarreal dio la bienvenida al lado del líder local Ricardo González Palacios, asegurándoles que en la CTM encontraran siempre el respaldo que garantice el derecho al libre ejercicio de sus actividades.
Ya los cobija el Sindicato de Empleados de Oficina, Industria, Comercio, Oficios Varios, Conexos y Similares del Municipio de Guaymas y verá que se cumpla el estatuto vigente del sindicato y de las federaciones municipal y estatal, así como el de la CTM Nacional.
Mario Alberto Loza Beltrán es ya el Delegado Efectivo de los comerciantes y fungirá como enlace ante organizaciones y autoridades.
Con esta protección reducen la presión de inspectores y funcionarios de la oficina de Vendedores Ambulantes del Municipio, la Profepa, la Semarnat y cuanta sigla se acerca al nopal cuando tiene tunas, pero nunca para hacer lo que indica la regla que permite cobrar por operar en ese espacio.
Y resalta esta observación de muchos: los vendedores tampoco deben sentirse dueños del espacio ni provocar daños, ni contribuir al deterioro de ese lugar diseñado para la convivencia familiar o generar mal aspecto con instalaciones lesivas a la imagen.
Jalen parejo, pues, con la autoridad para que todo se vea bonito, limpio y el resultado material, al final del día, sea mejor para todos.
EL CHISME DE LA SEMANA
César Lizárraga, alcalde de Guaymas entre 2009-2012, está listo para ser alcalde de Pitiquito, donde compró un rancho y hace exploración minera, “si el pueblo se lo pide”.
“El Kiriki” Carlos Gómez, alcalde de Empalme en 2012-15, sería candidato a alcalde de Suaqui Grande, donde compró su rancho cuando curó sus rodillas en Guadalajara con el médico del “Chicharito” Hernández –pagando con dinero de los empalmenses–, si el pueblo se lo pide.
Hay otros que también piensan así en otros municipios, quizá contagiados por el mismo mal que afecta al diputado federal y gerente del negocio llamado PT Sonora, el nativo del lejano poblado serrano de Arivechi, Ramón Flores, quien se tomó en serio eso de querer ser alcalde de Guaymas, porque compró una casa en San Carlos y aseguró que “si el pueblo lo decide, estoy listo”.
Debiéramos saber cómo compró y para quién esa casa que puso a su nombre.