Entretelones
Samuel Valenzuela
Samuel Valenzuela
Extraño, por calificarlo de alguna forma, el posicionamiento de la presidente Claudia Sheinbaum con el evidente fin de deslindar al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, de toda responsabilidad por el hospedaje de su hijo en las instalaciones de la embajada de México en Reino Unido.
Claudia Sheinbaum Pardo.
Argumentar ausencia de normatividad para regular el uso de oficinas mexicanas en el extranjero como son embajadas y consulados, resulta en monumental desbarre de la mandataria a partir del principio de legalidad, el cual establece que la actuación de la autoridad está limitada exclusivamente a lo expresamente autorizado por la Constitución, leyes y reglamentos.
O sea, dicho principio de legalidad establece la diferencia de los ciudadanos, quienes pueden realizar todo lo que la ley no prohíbe, en tanto los funcionarios públicos carecen de facultades generales y solo pueden actuar bajo facultades expresas.
Cualquier mexicano, independientemente de su clase social, status académico o cultural, consideraría como actos de corrupción si cualquier persona sin ninguna responsabilidad o nombramiento oficial recibe sin ningún costo servicios de hospedaje, alimentación, de limpieza y hasta transportación con cargo al erario de México, a solicitud de un superior jerárquico.
Rocha y Sheinbaum.
Nadie, ni la presidente Sheinbaum, podría refutar una verdad inamovible en la percepción popular y la lo demás son esfuerzos por normalizar conductas corruptas con catilinarias sin sustento, frente a especulaciones respecto a una práctica que ocurría en muchas embajadas y consulados de México en países extranjeros hasta revelarse las consecuencias de las leperadas de Ebrard.
Muy retorcida la argumentación presidencial en su evidente justificación a evidentes actos de corrupción de su secretario de Economía; su alegato de falta de normatividad sobre el uso de instalaciones del servicio exterior mexicano no exime de responsabilidades a nadie de acuerdo con el principio de legalidad elemental, descrito en el segundo párrafo de este despacho.
Y esta tendencia hacia la impunidad, se presenta luego que el pasado jueves el embajador de Estados Unidos en México Ronald Johnson desglosó los graves efectos de la corrupción en las relaciones entre ambos países y días después anunciarse que el gobierno estadounidense ha endurecido su postura contra funcionarios mexicanos presuntamente ligados al crimen organizado, pasando de la simple revocación de visas a la preparación de acusaciones formales en tribunales federales estadounidenses.
Alfonso Durazo Montaño.
Esta escalada diplomática y judicial del gobierno de EEUU, ya no se limitará a cancelar el documento migratorio sino buscar el procesamiento penal de políticos mexicanos vinculados con cárteles de la droga, o sea, pudieran ser más de 50 funcionarios principalmente de MORENA, cuyas visas han sido revocadas, pudieran estar en la cuerda floja, entre ellos el principal vinculado al narco, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien fue desvisado desde noviembre del año pasado.
Ya veremos la reacción de la presidente Sheinbaum y su rabiosa defensa de la soberanía como argumento para cubrir de impunidad a los suyos frente al engolosinado imperio gringo, cuyo orate inquilino de la Casa Blanca ya anda en busca de quien agredir luego del ruidoso fiasco en Irán y luego del montaje del intento de atentado del pasado domingo.
Por otra parte, paradójico el que el mismo gobernador Alfonso Durazo Montaño haya legalizado de facto las precampañas y campañas adelantadas, cuya proliferación se desparrama como correhuela, al interpretar que la frecuente celebración de eventos y presencia en medios de integrantes de su administración perfilados para contender en 2027, se trata simplemente de la visibilización de los buenos resultados de su gobierno.
Fernando Rojo de la Vega.
En ese contexto se entiende y se explica la presencia por todos los rumbos del estado del alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano para reportar a la gente de Sonora de los logros de su gestión al frente de dicho municipio, pero como tal perspectiva aplica para todos, hace lo mismo el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, para visibilizar lo suyo.
También la loquita del rumbo, Célida López Cárdenas trata de visibilizar los resultados de su gestión al frente de la Sagarhpita estatal, aunque al igual que Lamarque tiene muy poco para alardear, dado lo anémico de sus resultados y más bien tienen que colgarse de los éxitos del gobernador Durazo.
Quien desde el sector oficialista acaba de irrumpir como aspirante a la presidencia municipal de Hermosillo, es el titular de la secretaría del Bienestar estatal, Fernando Rojo de la Vega, con un evento con pretensiones multitudinarias en populoso sector de la capital del Estado, también con propósitos de visibilizar los resultados de las políticas públicas en materia social de la actual administración.
Alejandro López Caballero.
Con corto tiempo en la burocracia estatal, pero cercano a influyentes integrantes del círculo rojo, Rojo de la Vega es el más novel de la decena de aspirantes del oficialismo a contender por la joya de la corona y pudiera ser considerado como adversario de cuidado para personajes como Paulina Ocaña, Wendy Briseño, Adolfo Salazar, Jacobo Mendoza, Norberto Barraza, el chapulín David Figueroa, del experimentado, Omar del Valle, Vicky Espinoza, más los que se acumulen en los próximos días.
Dejamos en apartado al titular de la SEC, Froylán Gámez Gamboa, quien también anda en intensa visibilización de un sector que le permite eso y más y por eso se le perfila como eventual contendiente varón a la coordinación estatal de la defensa de la 4T en caso que Lamarque no acabe de levantar, pero si no ocurre lo de la gubernatura, sería un trabuco muy duro de superar como contendiente a la presidencia municipal de Hermosillo.
Por rumbos de la oposición al parecer solo hay de dos sopas: Flor Ayala Robles Linares y Alejandro López Caballero; La Flower con extensa experiencia en el servicio público; con buena base electoral al haber sido diputada federal y dos veces diputada local, además de su actual gestión al frente de la tesorería del ayuntamiento capitalino, y como muchos más, andar también en intensivas tareas de visibilización enfrascada en un debate con el gobierno estatal con el tema de la deuda.
Froylán Gámez Gamboa.
López Caballero se muestra muy seguro de colgarse la medalla como candidato opositor a la alcaldía, a pesar del pesado lastre del padrecismo y a esqueletos que de pronto son sacados del closet y ocultos desde su gestión como secretario de hacienda, además de señalamientos de panistas que lo responsabilizan de la derrota de Damián Zepeda frente al Maloro Acosta en la elección de 2015 por la presidencia municipal de Hermosillo.
Pero el profesional de la contaduría pública es un tipo de cuidado por su extenso trabajo de tierra a lo largo de estos años y por tener una fuerte base de apoyo financiero distante del sector oficial, lo cual le permite un mayor campo de acción en tareas de convencimiento ciudadano.
Como ven, ya acuñada la frase de tratarse de visibilización por buenos resultados de su gestión en funciones públicas y no precampañas ni campañas anticipadas, ahora sí se agigantó la manga ancha para sin consecuencias jurídicas desplegar activismos electorales, lo cual seguramente quitó un gran peso de encima por rumbos del Instituto Estatal Electoral de Sonora, en donde si antes se hacían de la vista gorda, ahora con mayor razón.
O sea, un tanque de oxígeno para el pusilánime, timorato e inocuo presidente de ese organismo otrora autónomo, Nery Ruiz Arvizu y sus siervos de la nación del pleno general de dicho organismo.