Por Carlos Bravo Regidor

Bravo Regidor es un analista político mexicano. Escribe desde Ciudad de México.

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En abril, cuando Estados Unidos acusó formalmente a Rubén Rocha Moya, gobernador en funciones del estado mexicano de Sinaloa, cruzó una línea que ambos países habían evitado por décadas. Washington ya no le estaba pidiendo ayuda a México para detener a un fugitivo, extraditar a un narcotraficante o acabar con el líder de un cártel. Exigía que el gobierno mexicano combatiera las redes de protección política que han permitido que prospere el poder de los cárteles en México.

Los fiscales estadounidenses han acusado a Rocha y a otros funcionarios de Sinaloa de facilitar el narcotráfico a Estados Unidos y de proteger a miembros del crimen organizado a cambio de sobornos y apoyo político. En la acusación también se alega que Rocha —un antiguo aliado del expresidente Andrés Manuel López Obrador y destacado integrante del partido gobernante en México, Morena— ganó la gubernatura en 2021 con la ayuda del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones delictivas más conocidas del país. Rocha ha negado los cargos, pero las repercusiones van mucho más allá de él. Su acusación se ha convertido en una prueba de soberanía, lealtad partidista y poder político en México, y en una nueva fuente de tensión entre Washington y Ciudad de México.

El caso de Rocha deja entrever la posibilidad de que el poder de los cárteles haya contaminado las filas del partido gobernante en México, lo que pone a la presidenta Claudia Sheinbaum en un dilema imposible. Actuar contra Rocha y permitir que avance un proceso de extradición o retirarle el apoyo político —creando condiciones para una investigación creíble e independiente en México, con los recursos y la autoridad para rastrear la evidencia a donde quiera que lleve— expondría las fisuras dentro de su coalición e invitaría a que la acusaran de ceder ante Washington. Negarse a actuar, sobre todo si las pruebas resultan contundentes, ahondaría las dudas en Estados Unidos sobre su voluntad de perseguir la corrupción de los cárteles dentro de su propio partido.

Pero hay una manera en la que Sheinbaum puede aprovechar a su favor este momento tan delicado: convertir las exigencias coercitivas de Washington en una oportunidad para, finalmente, hacer una limpieza interna dentro de Morena y más allá.

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La narcopolítica en México no comenzó con el gobierno de Sheinbaum. Cuando México transitó a la democracia en el año 2000, tras siete décadas de gobierno unipartidista, se debilitaron los viejos mecanismos de control político que antes habían contenido al crimen organizado. El poder se fragmentó y los cárteles encontraron nuevas formas de comprar protección, financiar campañas políticas y cooptar a autoridades locales. Cuando el gobierno inició una ofensiva militarizada contra el narcotráfico en 2006, enfrentó a esos grupos. Pero no desmanteló los acuerdos político-criminales que les permitían operar, y cientos de miles de personas murieron o desaparecieron como consecuencia de esos enfrentamientos.

Morena, partido fundado por López Obrador y ahora dirigido por Sheinbaum, llegó al poder a finales de la década de 2010, con la promesa de una ruptura moral y política con ese pasado violento. La alternativa de López Obrador —resumida en su ahora infame lema “abrazos, no balazos”— pretendía evitar la confrontación directa con las organizaciones criminales. En teoría, la estrategia debía reducir la violencia aumentando el gasto social y evitando combates sangrientos con los cárteles. En la práctica, dio a estos grupos más margen para expandir su control territorial, su autoridad social y su influencia política. Ahora que el gobierno de Donald Trump está escalando sus amenazas de aranceles, persecuciones penales e incluso de acciones unilaterales en territorio mexicano para presionar a México a dar resultados contra el crimen organizado, algunos sectores de Morena están acusados del tipo de narcocorrupción que el movimiento prometió erradicar.

Hasta ahora, Sheinbaum había conseguido preservar un equilibrio delicado: cooperar lo suficiente para tener a raya a los partidarios de la línea dura de Estados Unidos, resistir lo suficiente para mantener unida a su coalición y enmarcar las acusaciones más políticamente perjudiciales de Washington como injerencia extranjera. Pero la suya no es una posición sostenible. México no puede desafiar de manera indefinida a su vecino del norte; sus economías están integradas a un nivel demasiado profundo, sobre todo ahora que ambos países entran en la revisión de 2026 del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero ceder indefinidamente a las exigencias estadounidenses desfondaría al Estado mexicano y asestaría un golpe potencialmente mortal a la credibilidad interna de Sheinbaum. Ningún mandatario mexicano puede aceptar un intento estadounidense de disciplinar a la clase política de su país sin pagar un precio muy alto.

En público, Sheinbaum ha calificado el caso estadounidense contra Rocha de injerencia extranjera y ha insistido en que Washington todavía tiene que aportar las pruebas que las autoridades mexicanas necesitarían para proceder en su contra. En privado, le ha advertido a gobernadores y legisladores de Morena que quienes estén vinculados a la corrupción deben dimitir, lo que indica que comprende el peligro que el caso representa para su partido. (Rocha ha dejado temporalmente su cargo).

https://www.nytimes.com/es/2026/06/07/espanol/opinion/sheinbaum-mexico-carteles-corrupcion.html?smid=fb-nytes&fbclid=IwdGRzaASSyc9leHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAwzNTA2ODU1MzE3MjgAAR4xV92qtgw711xJciVWYtCGvfxIYoFAoXmjk_D0xO-KhD3AIfvBxPbX7_2tjg_aem_66ShE9wZD7HnecnxMxguZQ&sfnsn=scwspwa