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Por José F. Medina
EN LA RECTA FINAL
A partir del próximo lunes 14, el gobernador Durazo inicia inexorablemente el camino rumbo a su séptimo año, para algunos mandatarios, el más complicado, y donde su reputación queda en la boca del populacho o en una carpeta de investigación…o en los dos.
Para sus adversarios políticos, inclusive para los de “adentro” lastimados en el ejercicio del poder, es el año de cobrar afrentas.
Hasta donde alcanza mi memoria, ningún gobernador (a) se ha escapado de esa fatídica etapa política y personal.
En unos más que en otros, salen a relucir los yerros y los fantasmas escondidos en los clósets de palacio. Con medias verdades o verdades a medias, la ciudadanía juzga y sentencia. No hay modo de evadirlo.
Hagamos un rápido recuento de los yerros, irregularidades y señalamientos contra algunos gobernadores, una vez que terminaron su mandato, para darnos una idea de cómo masca la iguana.
Manlio Fabio Beltrones (1991-1997): desde un repunte en la criminalidad, pasando por señalamientos de presuntos vínculos con el crimen organizado, hasta actuaciones polémicas en el caso Colosio y acusaciones de corrupción financiera de su grupo político.
Armando López Nogales (1997-2003): su falta de liderazgo y un gobierno “gris”; el fracaso del proyecto de la desaladora para Hermosillo; deuda y debilidad financiera del Estado; presuntas irregularidades y opacidad en fondos públicos.
Eduardo Bours Castelo (2003-2009): sin duda, la tragedia de la Guardería ABC y las acusaciones de proteger a los dueños y funcionarios locales, marcó este gobierno; sin embargo, los desvíos financieros y cheques sin justificación, la opacidad en el ejercicio del dinero público, el endeudamiento y el descuido social, fueron algunos otros señalamientos que marcaron su sexenio. Ni hablar de los conflictos de interés y acaparamiento económico para sus afines.
Guillermo Padrés Elías (2009-2015): enfrentó un severo escrutinio público y legal; serias irregularidades y escándalos se le atribuyeron como delitos financieros y fiscales; corrupción, red de parentescos y licitaciones “a modo”; escándalo por el uso de recursos naturales; enriquecimiento ilícito, hasta abuso de autoridad y violación de derechos humanos en el caso de Gisela Peraza, trabajadora en la Casa de Gobierno.
Claudia Pavlovich Arellano (2015-2021): un mal manejo financiero e irregularidades millonarias; incumplimiento en el combate a la corrupción; grave crisis de seguridad y rezago social; y en términos políticos, su “traición” al PRI y el pacto de impunidad con el gobierno morenista, aceptando a cambio, como pago, el cargo de cónsul en Barcelona y de embajadora en Panamá.
Como ven, con este rápido y apretado recuento de los señalamientos contra los exgobernadores solo quise ejemplificar que en su séptimo año, los mandatarios y sus familias sufren de ingratitudes, acoso mediático y golpes bajos; y si los astros no están alineados, hasta persecuciones judiciales.
¿Qué cómo querrá vivir su séptimo año el gobernador Durazo?
No lo sé, porque adivino no soy ni tengo una bola de cristal.
Sin embargo, puedo elucubrar que depende de las decisiones que tome a partir del lunes, un día después de brindar su Quinto Informe de Gobierno.
Si empieza con una reestructuración del gabinete legal y ampliado, deshaciéndose de los compromisos que le pesan como lastre y coloca a mejores perfiles en algunas de las áreas estratégicas, como la secretaría de Gobierno, Infraestructura, Economía y Turismo, Agricultura y Ganadería, solo por citar algunas, y además obliga a los funcionarios que buscan una candidatura a dejar el cargo para que llegue otro a ejercerlo de tiempo completo, entonces estaríamos en presencia de una buena señal.
Y si a esto le sumamos un verdadero compromiso para amarrar las manos de aquellos colaboradores que piensen que este “Año de Hidalgo” será de “pendejo el que deje algo”, pues la pinza su cierra a su favor.
De lo contrario, el mensaje sería que la ruta seguida hasta ahora es la correcta, y que ya tiene el pleno control para atravesar un séptimo año sin sobresaltos.
Y en ese caso, dejo de elucubrar y que siga el ronchinflón.
ENCUADRE PUNZANTE
Más que una lavada pública de cara utilizando los medios de comunicación, lo que necesita Bernardo Campillo, exsecretario de Salud en Sonora, es resolver su situación legal. Aunque dinero tiene para pagar entrevistas, creo que no es el camino ni la forma de expiar sus pecados como funcionario.
CARPE DIEM
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